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La Audiencia Provincial de Valencia y la de Alicante han desestimado dos recursos de apelación interpuestos por Gestión de Licencias Vegetales (Geslive) y han archivado las denuncias interpuestas contra dos agricultores valencianos que habían plantado la variedad Afourer-Nadorcott antes de noviembre 2005, fecha en la que la patente de esta sociedad todavía no era efectiva.

En rueda de prensa, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el abogado Fermín Rabal han manifestado su satisfacción por estas resoluciones judiciales que confirman que "todos aquellos agricultores valencianos" que plantaron la variedad citada antes de esa fecha "no incurren en ningún delito penal".

Aguado ha afirmado que "hoy es un día positivo y de alegría" para la asociación que preside porque los autos "dejan en un lugar diferente las amenazas de Geslive, que utiliza para atemorizar a un grupo importante de agricultores".

Por su parte, Rabal ha añadido que "estas resoluciones desmontan la campaña indiscriminada de denuncias de Geslive, que desde hace años ha creado un ambiente y alarma global para que comercios y agricultores pasen por donde quieren ellos que pasen".

Geslive denunció a agricultores valencianos por no pagar un "royaltie" de plantaciones de la variedad Afourer-Nadorcott anteriores a la concesión de sus derechos de propiedad industrial en octubre de 2004, cuya vigencia fue suspendida hasta noviembre de 2005 por un recurso de nulidad interpuesto por la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV).

La variedad Afourer-Nadorcott es "una de las más cotizadas y más caras" en el mercado citrícola y, según Aguado, Geslive "está formando un club de variedad" al obligar a comercios a comprar a agricultores que tienen contratos también con la misma sociedad.

Además, según el presidente de AVA-ASAJA, la gestora de estas patentes ha impuesto precios "abusivos" de siete euros frente a la media de euro y medio que es habitual en el mercado valenciano.

En este sentido, Rabal ha denunciado el uso "abusivo, alegal e ilegítimo" de estas concesiones de derechos industriales "que nadie discute", pero que se registraron en una fecha posterior al momento en el que los agricultores denunciados plantaron esa variedad. (EFEAGRO)

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Los agricultores de l’Horta Sud denuncian una nueva oleada de robos en instalaciones de riego en el término de Picassent a su paso por el canal Júcar-Turia. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) contabiliza pérdidas cercanas a los 20.000 euros por los robos de cobre en la Comunidad de Regantes Canal Júcar-Turia Sector XI y en un pozo de sequía de la Comunidad General de Usuarios, situados en las partidas de L’Horta de Torrent y Pedra Negra, respectivamente.  

 

Los dos robos de esta pasada madrugada afectan a 1.500 agricultores de la zona, propietarios de unas 6.000 hanegadas de riego a goteo. Los regantes han presentado esta mañana las denuncias a la Guardia Civil, pero es tal la gravedad y reincidencia de los robos en la comarca que han aprovechado para denunciar otros robos de menor consideración que se habían producido en los últimos días, como de puertas y tapas de hierro en las casetas.  

 

“Las bandas han desvalijado los transformadores hasta extraer el último material de cobre, destrozando toda la instalación y echando al suelo el aceite de los equipos”, lamenta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

 

En uno de los robos, los ladrones han logrado entrar por la ventana al encontrar mucha resistencia en la puerta. Aguado ha enviado una carta al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, para reclamar “una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y una mayor vigilancia en los campos”. “Es evidente que todo este material robado es reintroducido en el mercado, ya sea como bienes usados ya sea como chatarra”, añade Aguado, por lo que AVA-ASAJA también solicita que se intensifique la vigilancia sobre los posibles receptores tanto en lo concerniente a la búsqueda del material robado como de los justificantes de compra del material o metal que estos receptores vendan.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ultimando una orden según la cual adoptará nuevas medidas de emergencia para evitar la introducción del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en España y la Unión Europea, cuando tal plaga fue declarada oficialmente en la Comunitat Valenciana en febrero de 2004, tras introducirse probablemente a través de importaciones desde Egipto.

 

La propagación del picudo rojo, que entró por primera vez en España a mediados de los noventa, está causando la muerte a centenares de miles de palmeras en el medio rural y urbano valenciano, viveros, jardines y Palmerales Históricos.  “Tarde, demasiado tarde, va a empezar el Gobierno a asumir su responsabilidad y a endurecer los controles de entrada del picudo rojo”, afirma el presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado.

 

“La Administración central vuelve a ir por detrás de la realidad, y por su incompetencia y falta de previsión ha permitido la entrada de una plaga muy agresiva que apenas tiene tratamientos eficaces para extinguir el insecto”. La adopción en España de las medidas contra el picudo rojo es consecuencia de la reciente publicación de dos disposiciones europeas, la 2007/365 y la 2008/776. “Nada más detectarse oficialmente la plaga en la Comunitat Valenciana, hace ahora cuatro años, el Gobierno debería haber presionado inmediata y enérgicamente a Bruselas para evitar a tiempo su propagación, reforzando entonces la vigilancia en todos los puntos de entrada europeos por donde se introducen las palmeras procedentes de terceros países”, indica Aguado. 

 

Además de dicha armonización, lo que pretende la orden ministerial es proteger palmeras singulares y garantizar la identidad y trazabilidad durante todo el proceso de traslado de estos materiales así como su posible inmovilización o incluso cuarentena de un año antes de su puesta en circulación en caso de detectarse el patógeno.  “Valoramos las medidas que puedan frenar la propagación del picudo rojo en las zonas donde la concentración de palmeras es elevada”, señala Aguado, “pero no es más de lo que esperamos de la Administración, donde por cierto no ha habido ninguna dimisión todavía por la tragedia botánica y paisajística que la plaga está ocasionando”.

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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Gobierno dificulta la contratación de jubilados en el campo al aumentar en un 43% las cotizaciones por día trabajado, mientras no aplica incrementos tan elevados en las cotizaciones mensuales del resto de trabajadores. “Esta discriminación perjudica tanto a este colectivo de trabajadores como a los empresarios agrícolas”, según Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

Además, asegura que “ante la falta de relevo generacional, muchos agricultores encuentran en los jubilados a trabajadores que pueden aportar una gran experiencia en las labores agrarias y que necesitan seguir trabajando en el campo para complementar una pensión que les resulta insuficiente”.  

 

No en vano, la pensión media que recibe un agricultor y ganadero valenciano a través del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) es de tan sólo 484 euros al mes, un 44% menos de la que les corresponde a los que provie-nen del Régimen General (867 euros). Entre los cambios adoptados en las modalidades de cotización a partir del 1 de enero de 2009 destaca este incremento en las cotizaciones por contingencias comunes por jornada laboral en la contratación de trabajadores no inscritos en el censo agrario, es decir, autónomos y jubilados contratados por cuenta ajena. 

 

Para este colectivo, hasta 31 de diciembre de 2008 se destinaba a la Seguridad Social el 15,50% de la base de la cotización diaria por jornada realizada. Ahora, los empresarios ven incrementadas las cotizaciones mensuales por los jubilados al 28,30%, porcentaje que de este modo se iguala a la cotización en el Régimen General. Los jubilados pueden trabajar hasta 90 días al año. Numerosos agricultores se ven obligados a estar dando de alta y baja a diario a los trabajadores jubilados y autónomos para evitar los mayores costes que supone la cotización mensual.  

 

Esta modificación se enmarca dentro de la Ley de los Presupuestos Genera-les del Estado por la cual se varía la cotización del Régimen Agrario por cuenta ajena en dos modalidades: cotización mensual, obligatoria para trabajadores con contrato indefinido, y cotización por Jornadas Reales, opcional para el resto de trabajadores.

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La Comisión Europea (CE) tendrá que evaluar la “efi­ca­cia y coherencia” de los controles sanitarios y fitosanitarios de la importación de pro­­duc­­tos alimenticios, vegetales y animales y presentar un informe al Con­se­jo y al Par­lamento a finales de 2010. Así lo acordó el Consejo de Ministros de Agri­­­cultura de la UE, que además "invitó" también al ejecutivo comunitario a agilizar las iniciativas legis­la­ti­vas dirigidas a mejorar los controles a los productos foráneos.

 

 

La con­clu­sión del citado in­for­me coincidirá, pues, con el inicio de la presidencia española de tur­no de los Vein­ti­sie­te. AVA-ASAJA reclama al Gobierno español que aproveche la opor­tunidad “para cum­plir el man­dato e impulsar medidas para acabar con el doble rasero aplicado por la UE, que es tan exi­gente con las frutas y hortalizas europeas como permisivo con las lle­ga­das de paí­­ses terceros”, denuncia el presidente de esta or­ga­ni­zación, Cristóbal Aguado.  

 

AVA-ASAJA valora el giro que parece que esté dando la política comunitaria gra­cias a la impronta dejada por la presidencia de turno de los 27 ocupada durante el se­gun­do semestre de 2008 por el ejecutivo de Sarkozy. Fue el Go­bierno del país vecino el que en junio presentó un demoledor me­morán­dum titulado ‘Importación de alimentos: se­­guridad sanitaria y conformidad con las nor­mas comunitarias’ en el que se ponía en sol­fa el diferente trato aplicado en materia sanitaria y fitosa­ni­taria según la procedencia de los alimentos, europea o fo­rá­nea.

 

Poco más tarde, el Comité Eco­nómico y Social Euro­peo (CESE, el más importante or­ga­nismo consultivo de la UE) reincidía en lo mismo en su dictamen ‘La seguridad sanitaria de las importaciones agrícolas y ali­men­tarias’. Más re­cientemente, la Agencia Eu­ropea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), a petición de la CE, elaboró otro informe en el que –en la línea también con lo denun­cia­do reitera­da­mente por AVA-ASAJA- se cuestionaban los controles para evitar la llegada en cítricos sudafricanos de la Gignardia citricarpa o ‘mancha negra’. 

“El presidente Zapatero tiene tantos o más motivos que Sarkozy para hacer pasar a la UE de las palabras a los hechos” señala Aguado quien además advierte que “ya que es complicado luchar contra el dumping social que practican los países no co­mu­ni­tarios que tienen costes de producción insignificantes, por lo menos Bruselas debía asegurar a los consumidores que todas las frutas y verduras que llegan al mer­cado eu­ro­peo reúnen las mismas garantías”. 

 

Efectivamente, en las conclusiones del último Consejo de Ministros de Agricultura de 2008 sobre el punto relativo a la seguridad de los productos agrícolas importados y su conformidad con las reglas comunitarias, el Consejo recuerda que la UE es el mayor importador mundial de productos agroalimentarios y que el crecimiento de los in­ter­cam­bios mundiales en este ámbito "convierte en muy probable la emergencia y la di­fusión de los factores de riesgo o enfermedades que en ocasiones se descubren a posteriori”. A es­te respecto, AVA-ASAJA ya denunció cómo sólo en la última década y siempre procedentes de países terceros se han introducido hasta siete plagas en la citricultura va­len­­ciana, una cada 15 meses.

 

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Casi un centenar de productores de chufa par­­­ti­ci­paron ayer en la jornada organizada por AVA-ASAJA en Alboraia en relación a la si­­t­ua­ción de este cultivo. En el transcurso de la misma la directora ge­­ne­ral de Pai­saje, Aran­cha Muñoz, explicó el contenido del Plan de Acción Territorial de Pro­tec­ción de la Huerta de Valencia (PATHV) y aclaró la fi­lo­sofía del programa agrícola. “Si en un primer momento fui­­mos críticos con este plan, aho­ra valoramos que, por primera vez en un proyecto de esta índole, se esté con­si­de­rando al agri­cultor co­mo protagonista.

 

 

Sólo cuidando a quien trabaja la tierra y ase­gurando la rentabilidad de su actividad se podrá pre­ser­var un paisaje que sa­be­mos es único en Europa”, desta­có el líder de esta organización, Cristóbal Aguado. La Generalitat viene manteniendo desde hace meses contactos con las organi­za­ciones agrarias para coordinar los planteamientos del programa agrí­­cola in­tegrado den­tro del PATHV. Muñoz explicó que con este plan, cu­­­yo ob­jetivo pri­mero es asegurar la ren­tabilidad a los horticultores, se cons­tituiría un consorcio, un ente gestor con­formado por la Administración –en su caso, la Gene­ra­li­tat y los mu­ni­ci­pios afectados- así como los representantes de los agricultores.

 

Este nuevo órgano se encargaría de cap­tar fi­nan­ciación -con partidas autonómicas, es­ta­tales y/o europeas- para crear un ‘fondo de  com­pensación’ para los agricultores por los servicios am­bien­ta­les prestados. “Los usos no agrícolas como la restauración o el agro­tu­rismo que se pue­dan permitir y que fo­men­ta­rá el PATHV serán voluntarios y deberán estar subor­di­nados a asegurar la rentabilidad al hor­ticultor” ad­virtió Aguado en la jornada. La representante de la Conselleria de Medio Am­bien­te, Agua y Urbanismo puso como ejemplos análogos la experiencia que se está abordando en el ‘Parc Agrari del Baix Llobregat’ donde la Diputación de Barcelona, los ayuntamientos e incluso un con­ve­nio con las cajas financian líneas de mejora en la comercialización de sus pro­duc­tos agrí­­colas.

 

Más ambicioso si cabe resultaría ‘el Parco Agrícola Sud Mi­la­no’, uno de los más más grandes de Europa con 61 muni­cipios y don­de un ente gestor con fondos de Lombardia, del Estado y de la UE mantiene una zona agrí­co­la de gran di­ver­sidad. Sin perder la perspectiva de los problemas que afectan a la huerta, el catedrático de la UPV, José García Jiménez, abordó los avances en la lucha contra un hongo que en su momento puso en ‘jaque’ la producción de chufas. García Jiménez alu­dió a los es­tu­dios realizados sobre este patógeno, que aún está por clasificar pero que se sabe que provoca una fuerte defoliación en el cultivo y una importante mer­­ma en la producción.

 

El ca­tedrático explicó que son las simientes de la chu­fa las que portan este hongo y cómo las últimas investigaciones han demostrado que aplicando sis­temas de termoterapia se reduce su afección. La acción com­bi­na­da con algunos fungicidas ha permitido en las úl­timas fechas controlar de­fi­nitiva­men­te la enfermedad pero, según destacó el catedrático, la aplicación de la nueva regulación europea de fitosanitarios pod­ría dejar sin al­ter­nativas de lucha contra las plagas a este cultivo considerado ‘menor’.  

 

Por su parte, la directora general de Comercialización Agraria, Marta Valsangia­co­mo, ilustró sobre la enorme potencialidad de la horchata pa­ra la promoción en los mercados. “Si el consorcio que emane del PATH sabe atender a las particularidades de la huerta será un instrumento útil y hay cultivos, como la chufa, que están demostrando que pueden ser rentables y servir para mantener la huerta”, concluyó Aguado.

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El malestar social en el sector arrocero sigue creciendo un año más por las discriminaciones existentes en las compensaciones que la Conselleria de Medio Ambiente ha aprobado a los arroceros afectados por los daños provocados por la avifauna en el Parque Natural de La Albufera. Al igual que en 2008, los agricultores volverán a perder más de 200.000 euros, lo que supone el 65-70% de los daños reconocidos por la Dirección General del Medio Natural, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

 

La organización agraria reclama la revisión de algunos “despropósitos” de la normativa para, de una vez por todas, compensar “todos los daños registrados en los arrozales, por todas las especies de la avifauna, y en todas las zonas de cultivo, sin discriminaciones arbitrarias e injustificadas”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.  

 

“No es de recibo que el esfuerzo realizado por los agricultores para mantener el Parque Natural de La Albufera, que es la insignia de la Comunitat Valenciana por calidad e importancia ambiental, no reciba año tras año una compensación digna y acorde a su gestión agroambiental”, indica Aguado: “Únicamente los arroceros serán los que correrán con las pérdidas de la proliferación de las anátidas en el paraje. 

 

Tras seis años consecutivos con importantes daños de avifauna y tras la creación de un grupo de trabajo que realiza un seguimiento de los perjuicios y las correspondientes ayudas, se dio a conocer el 5 de febrero un Plan de Actuación que contempla varias actuaciones dirigidas a compensar los daños en los cultivos. El programa aprobado aumenta en cuatro los días asignados a la caza de anátidas. Además, se inundarán una serie de parcelas en los términos de Silla y Massanassa durante el secado de la marjal con el propósito de evitar el estrés de la avifauna por falta de comida.

 

Asimismo, el plan contempla hacer acopio de comida en varios puntos de reserva para aumentar el ‘efecto llamada’ de las aves fuera de las zonas de cultivo. También permitirá efectuar disparos controlados en zonas donde se produzcan daños en los cultivos durante el período de siembra.  “Valoramos estas iniciativas pero continuamos pensando que al final de la campaña, contando con las compensaciones, habrá centenares de arroceros que no recibirán ayudas pese a tener daños en el cultivo”, concluye Aguado.

 

Corte de voz de Sergio Navarro, técnico de AVA-ASAJA

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AVA-ASAJA denuncia que la Administración central y autonómica “enmascaran” en la estadística la evidencia del abandono masivo de campos de cítricos que en los últimos años está provocando la crisis de este cultivo. Así, en la En­cuesta sobre Superficies y Rendimientos (ESYRCE) 2008, publicada recientemente, se con­cluye que la superficie citrícola se mantuvo estable tanto en la Comunidad (188.650 hec­tá­reas por las 187.810 de 2007) como en el conjunto del país (332.626 ha. en 2008 y   332.796 en 2007).

Para el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, tales números “no se corresponden, ni de lejos, con la triste realidad que vivimos pero sí sirven para jus­ti­fi­car la pasividad de la Administración, que es capaz de negar hasta lo más obvio”. El informe ESYRCE utiliza el eufemismo ‘superficie de secano’ para referirse a las plantaciones abandonadas en las que efectivamente no se re­gó pero que sí computan a los efectos de calcular la superficie citrícola total. Así, la estadística referida a la Comunidad ha­blaba en 2006 de una superficie ci­trícola de ‘secano’ de 7.035 ha., de 10.083 ha en 2007 pero de sólo 1.330 ha en 2008.

 

“Pensar que en 2008 se invirtió la tendencia y se aban­do­na­ron sólo un millar de hectáreas es impensable porque sólo con los asociados de AVA-ASAJA que llamaron para informar que la crisis de precios les obligaba a abandonar la ac­ti­vi­dad ya se acumularía mucha más superficie”, advierte Aguado. A este respecto conviene destacar, por otra parte, que el informe referido a la Comunidad es el único en el que se apos­­tilla que en el año 2008 se ‘han variado ligeramente las uni­dades de in­vestigación (segmentos) de la muestra por lo que no es exacta la co­mparación de las cifras’.

 

Un comentario que, sin duda, cuestiona la validez de sus propias conclusiones.  “Si el Gobierno central y autonómico se quiere consolar pensando que la crisis no es­tá provocando un abandono masivo de campos, perfecto, pero todos sabemos que esto no es así y si no se toman medidas ya el proceso se acelerará y las consecuencias medioam­bien­tales y económicas serán muchísimo mayores”, advierte Aguado. AVA-ASAJA ya estimó que hasta diciembre los citricultores valencianos acumulaban pérdidas por valor de 134 mi­llo­­nes de euros.

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AVA-ASAJA denuncia que los errores denunciados por las organizaciones de consumidores en las facturas de la luz también se están repitiendo desde el pasado verano en el caso de los agricultores. Si para los usuarios domésticos ha sido el cambio del sistema de cobro de bimestral a mensual el detonante del serial de errores y desproporciones en las facturas, en los productores de regadío y ganaderos tal cosa se está produciendo por la “imprevisión y la falta de planificación con la que el Ministerio de Industria ha abordado la supresión de las tarifas especiales de riego".

 

Así lo denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien además reclama al Ejecutivo Central una comisión de investigación para aclarar las deficiencias detectadas y tomar medidas.

 

AVA-ASAJA mantendrá una estrecha colaboración con las organizaciones de consumidores de la Comunitat Valenciana para tratar de llevar a cabo acciones de manera conjunta, con el fin de acabar con las irregularidades detectadas en las facturas de alta, media y baja tensión. 

 

“Justo en el momento más crítico, cuando los regantes se han visto abo­ca­do a adaptarse al nuevo sistema de contratación en un mercado libre, la improvisación en las regulaciones aprobadas por el Gobierno sólo han servido para aumentar el grado de desinformación y confusión entre los regantes, que están asu­miendo desorbitados incrementos en los costes de la electricidad”, asegura Agua­do.  

 

El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, obliga a las eléctricas a remitir la fac­­­tu­ración del suministro mensual o, como máximo, bimestralmente. Con la liberaliza­ción del mercado eléctrico, “la dejadez y permisividad” del ministerio –en palabras de Aguado- está posibilitando que en algunos casos se remitan facturas desorbitadas al contabilizar un consumo acu­mulado de hasta ocho meses. Se están dando innumera-bles errores de cálculo en la fac­turación de la energía. Por ejemplo, un regante llegó a recibir en noviembre una factura con un importe que triplicaba el coste real de la energía en ese pozo.  

 

En segunda instancia, el retraso en las lecturas y emisión de facturas ha agra­va­do también los efectos de la confusión generada desde la supresión de las tarifas es­pe­ciales de riego. Así, multitud de regantes se han llevado durante estos meses la desa­gradable sorpresa de recibir una factura por varios meses que, además de multiplicar considerablemente su gasto mensual, venía acompañada por penalizaciones del 5% en cada mes. Ante las cantidades recibidas en tales facturas, muchos afec­tados se han visto obligados a presentar las correspondientes reclama­ciones para so­li­citar que se les fraccione el pago. 

 

AVA-ASAJA recuerda, además, que los usuarios de las tarifas de alta y baja ten­sión están sufriendo también los cambios de los precios y horarios que se publicaron en el BOE, sin previo aviso ni negociación alguna, el 30 de diciembre, en la víspera por tan­to de Nochevieja y que ya entraron en vigor el pasado 1 de enero. La orden comenzó a aplicarse sin que antes se hubieran adaptado los contadores de las eléctricas a la nueva dis­posición.

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