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Los agricultores de l’Horta Nord denuncian una nueva oleada de robos desde principios de octubre, aprovechando las lluvias persistentes. Así, tan sólo en los últimos 45 días, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) contabiliza en el término municipal de El Puig robos de cobre en 20 casetas de riego, así como la extracción de 65 contadores, en dos ocasiones consecutivas, en la Agrupación de Regantes Pozo del Tolliner.

 

“Muchos agricultores de la comarca ya no saben si van a reparar todas las instalaciones con cobre u otros materiales metálicos porque creen que los delincuentes pueden volver a robarles con total impunidad”, lamenta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. 

 

Aguado ha enviado una carta al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, para reclamar “una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y una mayor vigilancia en los campos”.  

 

“Es evidente que todo este material robado es reintroducido en el mercado, ya sea como bienes usados ya sea como chatarra”, añade Aguado, por lo que AVA-ASAJA también solicita que se intensifique la vigilancia sobre los posibles receptores tanto en lo concerniente a la búsqueda del material robado como de los justificantes de compra del material o metal que estos receptores vendan. 

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AVA-ASAJA atribuye buena parte de la res­pon­sa­­­bi­­lidad por el “nefasto” inicio de la campaña citrícola a la “pasividad” demostrada por el Go­bierno central en diversos aspectos que hu­bie­ran tenido una incidencia clave. "En la pa­sada tempo­rada, la caída de la producción supuso un leve alivio para el agricultor pero el Mi­nisterio de Medio Ambiente y Rural no ha sabido apro­vechar tal circunstancia para preparar la temporada actual, que se sabía podía ser pro­blemática” advierte el presidente de esta aso­ciación, Cristóbal Aguado. 

 

El líder agrario matiza que “con su pasividad y sus errores sólo ha con­tri­­bui­do agravar una situación que ya a estas al­tu­­ras es dramática”. AVA-ASAJA lamenta que el Gobierno central haya hecho oídos sordos al clamor del sector por aprobar una Ley del Comercio que sirviera para regular los márgenes comerciales y así acabar con los abusos. La organización agraria también atri­buye buena parte de la complicada coyuntura citrícola a la “pésima negociación” llevada a cabo por el ministerio en la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas primero y más tarde para regular su aplicación.

 

En este sentido, Aguado lamen­ta que pese a las advertencias reiteradas de todas las or­ga­niza­cio­­nes agrarias “se prefirió compensar antes a un determinado subsector y a una de­ter­mi­nada región que aprobar un reglamento útil para toda la citricultura”. El líder de AVA-ASAJA se refiere así a la “obcecación” que mostró el Ejecutivo español por mantener aco­pla­­dos los pa­gos a los productores durante las dos cam­pañas de periodo transitorio que se de­cidió a im­po­ner. Una op­ción que sólo ha ser­vido para “complicar tanto la salida de género del mercado en fresco a la industria de zumos como el cobro por parte de los citricultores del pa­go único que les co­rresponde”, señala.

 

La primera consecuencia es que no sólo se niega el precio al agri­cul­tor por sus clementinas sino que tampoco se les concede a los operado­res por las cantida­des que remiten para ser transformadas. En último extremo, AVA-ASAJA lamenta que en tan complicadas circunstancias el Ministerio de Hacienda se “burle” nuevamente del sector citrícola al negarle las reducciones en los módulos para la declaración de la renta de 2008. “No me cansaré de repetir que se deben revisar los índices de rendimientos agrarios y que el agricultor no puede seguir pa­gando más impuestos si tiene pérdidas”, advierte el líder de la asociación. 

 

Por todo ello AVA-ASAJA entablará en breve conversaciones con el resto de orga­ni­za­ciones agrarias valencianas para estudiar movilizaciones contra “todas aquellas ad­mi­nis­tra­ciones que no se involucren en dar solución al problema” así como protestas contra “aque­llos eslabones de la cadena agroalimentaria que se sabe que trabajan sin respetar la dignidad del citricultor” asegura Aguado.

 

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La Comisión Europea (CE)  ha sacado adelante su pro­­­puesta para eliminar la mayor parte de normas de calidad de frutas y horta­lizas. Así, sólo se mantendría la regulación establecida para diez cul­­­­­­­­­tivos –entre ellos los cí­tri­cos, le­chugas, to­mates, fre­sa o me­lo­co­­tón- pero se suprimiría la de otros 26 productos frescos me­dite­rrá­neos. El pre­si­den­­te de AVA-ASAJA, Cris­tó­­­­­­bal Aguado, ad­vier­te de que "la decisión es propia de la agricultura tribal del pasado y da­ña­­rá por igual al con­su­midor".

 

Aguado añade que "esto ayudará a hacer de Europa el ba­su­rero del res­to del mundo y que perjudicará al agricultor, que tendrá que com­petir con el género importado, más barato pero que ahora entrará sin las li­mi­ta­cio­nes de ca­lidad de antes”. 

 

La iniciativa ha sido aprobada gracias al giro dado por Alemania que, pre­sio­nado por el ejecutivo comunitario, arrastró a suficientes países como para superar la mayoría de blo­queo. En la votación del Comité de Gestión de esta mañana, de hecho, hasta 16 Estados miem­bros han votado en contra de la propuesta pero la abstención de dos –Portugal y Austria- y el voto favorable de otros nueve, liderados por Gran Bretaña, ha sido determinante para de­jar en manos de la CE la decisión, que comenzará a aplicarse en la temporada 2009/2010.

 

“Mientras en EEUU refuerzan su política de calidad con la aprobación de ‘mar­ke­ting orders’ para cada vez más cultivos, en la UE –que ya es el primer mercado horto­fru­tíco­la del mundo- se da un nuevo paso atrás”, se lamenta Aguado quien postula la conveniencia que estas cuestiones vengan reguladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).   

 

Los 26 cultivos que se quedarán sin normas de calidad se po­drán comercializar a gra­nel y solo se les reclamará la identificación del país de ori­g­en. El único re­que­ri­mien­to exigido a este respecto es que cumplan con la genérica definición de tener “una ca­li­dad sana, cabal y comercial”. Para el resto –que la CE aduce que re­pre­senta el 74% del comercio continental- seguirán en vigor las nor­mas referidas a calibres, pe­so, número de fru­tos, homogeneidad que definen los distintos tipos de formato y calidades y que hasta ahora eran determinantes en la conformación de un precio para el consumidor.

 

Sin em­bargo, el tex­to aprobado por Bruselas extiende esta desregulación de la calidad in­clu­so a los diez cul­tivos mentados para los que se mantienen las normas, que po­drían pasar a venderse sin cumplir los requisitos siempre que en su eti­que­ta­do se acla­re que “no son con­for­mes con las normas de co­mer­cia­li­za­ción co­mu­ni­ta­ria” o se especifique que se trata de un “pro­ducto pa­ra transformación”, un extremo que AVA-ASAJA considera igual­men­te “ina­cep­ta­ble”. 

 

“La desaparición de las normas europeas provocará que se refuercen los regla­men­tos privados que la gran distribución ya aplica, no para conseguir mejores es­tándares de ca­li­dad, sino para forzar a la baja los precios de las frutas y hortalizas”, advierte el presidente de la organización agraria. “La sinrazón de la política comunitaria impuso primero el des­con­trol en las fronteras, con lo que la entrada de plagas es una constante y ahora se prepara para abrir las puertas a la importación barata y de baja calidad.

 

En el ho­ri­zonte, de no me­diar reacción, se encuentra ahora una nueva regulación para dejar a los agri­cultores sin me­dios con los que defenderse de las plagas”, advierte Aguado quien cuestiona que a medio plazo se puedan conseguir los objetivos perseguidos por la CE –abaratar los precios- puesto que en el “momento en que Europa pase a depender de la importación la inflación de los alimentos estará garantizada”.

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El borrador del Plan de Seguros Agrarios 2009 que el Gobierno ha presentado al sector congela el presupuesto inicial en 280 millones de euros. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que, en realidad, el Gobierno plantea un descenso de en torno al 14% respecto 2008 al no considerar la inyección de 40 millones de euros que ha realizado este año y, para cuadrar el presupuesto, ha rebajado los porcentajes de las ‘subvenciones base’ para toda la producción agraria, ganadera y forestal.

 

AVA-ASAJA critica duramente las reducciones de las subvenciones base que afecta a los principales cultivos de la Comunitat Valenciana. En la póliza multicultivo en cítricos, la subvención cae un 4%, más un 2% adicional por la modalidad de contrato que desaparece. Y en la póliza de explotación de cítricos, se pasa del 22 al 17% de subvención base.  

 

Descuentos similares se producen en otros cultivos mediterráneos. El seguro combinado de uva de vinificación reduce la subvención base del 18 al 14%, lo que supone un 4% de rebaja, al igual que ocurre con el seguro de caqui.  “Es indignante que el Gobierno central se vanaglorie de un falso aumento del presupuesto total para los seguros agrarios del año que viene y, al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos tengamos más dificultades económicas para contratar el seguro”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 

 

El Ministerio de Economía asegura que ajustará la dotación presupuestaria al gasto previsto, cifrado en 280 millones de euros, para evitar inyecciones extras como viene ocurriendo en los últimos años. “El seguro agrario es la única arma eficaz de garantía de renta con la que cuenta actualmente el productor y el Gobierno debería apostar por él, incentivarlo y mejorar sus puntos débiles para cubrir las necesidades reales de los agricultores y ganaderos”.

 

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La Comisión de Medio Ambiente del Par­la­­­men­to Europeo ha aprobado esta mañana el informe que el legislativo comunitario de­­batirá sobre la futura normativa de fi­to­­sa­ni­ta­rios. Los cambios introducidos hoy en el pro­ceso de se­gun­da lec­tura radicalizan aún más si cabe la inasumible postura que ya postuló esta misma ins­ti­tución en su pri­­me­ra lectura. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­­do, llama a la mo­­vilización de los europarlamentarios y de la Admi­nis­tra­ción.

De entrar en vigor el re­­glamento en los tér­mi­nos actuales “no sólo se perderá a me­dio plazo más del 70% de la producción agrí­cola valenciana sino que desapa­re­ce­rá el medio rural tal y como hoy lo en­ten­de­mos, con consecuencias demo­grá­fi­cas y eco­lógicas inima­gi­nables”.

 

 

Como ya denunció esta organización el pasado viernes, de aplicarse tal nor­ma en sus actuales términos, la economía valenciana tendría que afrontar a medio plazo la pérdida del 74% de la producción citrícola, de entre el 60 y el 70% de la hor­tí­cola o del 68% de la de frutales de pepita. Sólo los daños ocasionados en el cultivo de naranjas, mandarinas y limones se cifrarían en 740,5 millones de euros y en 13,2 millones de jornales cada año, lo que es como decir que desaparecerían más de 55.000 empleos. En la votación de hoy, lejos de flexibilizarse los criterios de corte para man­te­ner los fitosanitarios, se han endurecido aún más, con los que estas cifras se que­da­rían cortas.

 

De nada ha servido la oposición de 20 de los 65 eu­ro­diputados pre­sen­tes en la comisión, incluidos los negativos de los tres re­pre­sen­tantes españoles, por­que el informe ha salido adelante con 39 pronunciamientos a favor y seis abs­ten­cio­nes. De cualquier manera, lo reñido de la votación invita a pensar que el decisivo de­ba­te en sesión plenaria será –como señala Aguado- “muy tenso por lo que ahora más que nunca es necesario que los eurodiputados españoles ha­gan una intensa cam­paña para que los grupos mayoritarios eu­ro­­peos, popular y so­­cia­­lista, entren en razón y por responsabilidad impidan que esta norma salga ade­lan­­te”.

 

El presidente de AVA-ASAJA censura, por otra parte, la pasividad mostrada en todo este proceso por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural: “España será el principal per­ju­di­cado por lo que nuestro Gobierno nunca tendría que haber permitido que el debate lle­gara a estos extremos”. 

 

Los cambios ahora introducidos no sólo elevarán a más del 90% los fito­sa­ni­ta­rios que tendrán que ser retirados del mercado, sino que también obligarán a los Es­ta­dos miembros a reducir el uso de los que queden en hasta un 50% en me­nos de cin­­co años. Y la agricultura mediterránea, como la valenciana, será la más afec­­­tada por­­que la norma sólo permitirá recurrir a menos de 20 insecticidas pa­ra los miles de plagas existentes y, como se ha dicho, se restringirán también el número de trat­a­mientos. “La pérdida de las cosechas y de los empleos en el me­dio rural que con­llevará aplicar este despropósito de norma acelerará el proceso de despo­bla­miento que ya padecemos en estas zo­nas pero también provocará graves daños en el eco­sistema valenciano”, advierte el líder de AVA-ASAJA. 

 

Un caso paradigmático sería el de los arrozales de la Albufera, donde los pro­duc­tores ya están de por sí limitados por trabajar en el interior de un Parque Natural. Pues bien, la aplicación de la norma y los especiales controles que ahora se quiere dar para prohibir –no ya controlar su uso- los fitosanitarios que más dañen el medio acuático, abocarían a la desaparición temprana de este cultivo, que es pre­­ci­sa­men­te el agente clave que mantiene el ecosistema en este humedal.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide prudencia a todos los operadores comerciales de cítricos con el objetivo de garantizar que las persistentes precipitaciones acumuladas durante el pasado mes de octubre no mermen la calidad de los envíos de fruta al exterior. En este sentido, ya se han detectado algunas partidas de naranjas y mandarinas en mal estado en los puntos de destino. Así mismo, exige a las Administraciones rigurosidad en las inspecciones para controlar el estado óptimo de la mercancía que sale de nuestras fronteras.

“Desde que se inició la campaña, arrastramos varias semanas consecutivas con intensas lluvias, la tierra ya no da más de sí puesto que llueve sobre mojado, los árboles no han tenido tiempo de secarse y permanecen muchos días con una excesiva humedad con lo que se produce un deterioro que, en principio, al ser recolectadas no se aprecia pero al llegar a los lineales de venta hay envíos que presentan un aspecto no deseable con el consecuente rechazo del consumidor”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.  

 

La organización agraria pide, en este sentido, que hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, los campos se sequen y se reúnan las condiciones necesarias para garantizar su calidad frente al consumidor se reduzca la actividad en el campo. Además, según el líder agrario “sería un error mayúsculo ignorar este problema y seguir enviando fruta en malas condiciones a Europa puesto que estamos al principio de la campaña y un buen arranque es nuestra mejor carta de presentación ante los consumidores”.  

 

“Evidentemente, y con las crisis de rentabilidad que arrastramos desde hace años, lo que debemos evitar es un hundimiento de precios en los mercados que echaría por tierra el enorme esfuerzo del agricultor”, señala Aguado.

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La Comisión de Medio Ambiente del Par­la­mento Eu­ro­peo votará el próximo día 5 las enmiendas al nuevo re­gla­men­to sobre el uso y co­mercialización de fitosanitarios. La nueva regulación entra en la fase de­cisiva para su aprobación y lo hace sin haber calculado antes el im­­pacto que sobre la producción agrícola europea que supondría la eliminación masiva de los insec­ti­ci­das, fungicidas y herbicidas hoy existentes, que es lo que pre­cisamente provocará en primera instancia.

 

 

Según un informe de Asaja presentado es­ta mañana en la se­de de AVA-ASAJA, las pérdidas sólo en cítricos que a medio plazo generaría la apli­cación de esta normativa as­cenderían a 1.184 millones de euros y en términos de empleo, supondría la eliminación de 16,4 millones de jornales. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha exigido por ello a los eurodiputados de los gran­des grupos que “frenen con sus votos este despropósito y exijan que la norma no se apruebe sin  antes conocer las consecuencias que tendría”.  

 

Desde que esta normativa comenzó a gestarse hace dos años, AVA-ASAJA ha promovido multitud de reuniones en Bruselas y Estrasburgo con los responsables co­­mu­ni­tarios que tenían algo que aportar en su desarrollo. El reglamento fue pro­mo­vi­do en pri­me­ra instancia por la Comisión Europea y más tarde recayó en el Par­la­­mento, que ra­di­ca­li­zó la propuesta inicial. La nueva regulación sustituye a la di­rectiva 91/414 y supone un cambio drás­tico sobre la manera en la que se analizan y dan permisos a los fitosanitarios ya exis­ten­tes y futuros.

 

Así, en lugar de considerar el ries­go real que conlleva el uso de es­tos pro­duc­tos, propone analizarlos sólo en fun­ción de la peligrosidad intrínseca de sus com­po­nen­tes.  “Es como si pretendieran pro­hibir la lejía: todos sabemos que es tóxica pero nadie re­pa­ra en ello, sino en el uso que se debe de hacer con ella”, matiza el presidente de AVA-ASAJA. “La situación podría ser dramática porque ya hoy sufrimos serias dificultades para poder combatir las plagas y sólo falta que encima los criterios se endurezcan más y que lo hagan de forma tan caprichosa”, advierte Aguado.

 

Efectivamente, desde que entró en vigor en 1993 la directiva 91/414 se han eliminado del mercado el 57% de las sustancias activas, se han aprobado sólo el 15% y el 28% restante aún están pendientes de revisión. Dicho de otro modo, sólo quedan 400 de las 1.100 sustancias que se disponían para hacer frente a los insectos, enfermedades y malas hierbas.  Y la nueva regulación agravaría la situación en tanto supondría que en un breve lapso de tiempo se eliminasen las sustancias activas que componen el 32 % de herbicidas, el 42% de fungicidas y el 65% de insecticidas.

 

Un dato: los agricultores de frutas y hortalizas valencianos y de toda la UE se quedarían con menos de 20 insecticidas para tratar miles de plagas. “Al no tener una pluralidad de productos y tener que repetir los tratamientos con los mismos productos se generarán resistencias lo que reducirá la efectividad y aumentará la con­taminación que las autoridades europeas dicen querer reducir”, señala Aguado. 

 

En tales circunstancias, al no tener los productos fitosanitarios clave para tratar más de 2,5 millones de hectáreas y como se refleja en el gráfico adjunto, las pérdidas sobre la agricultura mediterránea española serían mastodónticas: entre 11,8 y 14,2 millones de toneladas por valor de entre 5.058 y 6.170 millones de euros y con un impacto sobre el empleo igualmente evidente en tanto implicaría tener que renunciar a entre 67,5 y 94,9 millones de jornales al año.  

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AVA-ASAJA lamenta que la UE sólo vaya a aten­­der a la mi­tad de los viticultores valencianos que, cumpliendo todos los requisitos, solicitaron la prima para el arranque de vides que ofrece la nueva OCM del Vino. Así, según los datos da­dos a conocer por el Fondo Español de Ga­ran­tía Agraria (FEGA), de las 2.817 pe­ticiones rea­liza­das en la Comunitat sólo podrán ser satisfechas 1.434 o, di­cho de otra manera, de las 7.106 hectáreas (Ha) que se pidió eliminar sólo se financiará el arranque para 3.192,75 Ha. 

Con tales cifras, nuestra au­to­nomía se consolida como la se­gun­da región que mayor superficie podrá suprimir de forma incentivada lo que “es el me­jor termómetro de la crisis que vive este sector y de­muestra la necesidad de que la Administración europea y nacional planteen un plan de choque con el que frenar el abandono del medio rural”, advierte el pre­si­den­te de esta or­ganización agraria, Cristóbal Aguado. 

 

Conviene recordar que los estrictos requisitos que el Gobierno español in­tro­du­jo pa­ra poder tener derecho a estas compensaciones ya supusieron un freno de cara a la presentación de solicitudes. Algo que, a juicio de AVA-ASAJA, evi­dencia que la situación real de la viticultura valenciana es mucho más precaria de lo que re­flejan las estadísticas, que ya suponen de por sí un agravio comparativo con res­pecto a la marcha del sector en otras regiones, como Galicia, La Rioja o Castilla-León, donde las rentabilidades conseguidas han desaconsejado participar en este proceso.  

 

La corrección a la baja en cuanto a los requerimientos concedidos para re­gu­lar la producción se debe a que, en toda la UE, pero muy especialmente gracias a España, las solicitudes presentadas su­ponen un montante superior al presupuesto asig­nado para esta primera campaña de arranque, que ascendía a 464 millones de eu­ros. En nuestro país se reclamaron primas para el 8,97% de la superficie vinícola existente –del 9,37% en el caso valenciano- pero las restricciones presupuestarias obligarán a que sólo puedan ser arrancada el 4,32% -un 4,2% en la Comunitat-.

 

Así las cosas, la viticultura valenciana recibirá por este concepto sólo 16,19 millones de los 236,05 millones que han sido asignados al conjunto del país (que a su vez ha acaparado el 45,9% de la partida comunitaria). Sólo Castilla-La Mancha se llevará 170,69 millones, lo que supone más del 70% de los fondos para toda España. La OCM también introdujo un criterio de reparto en el que se prima es­pe­cialmente a las zonas productoras con mayores rendimientos. “Salimos le­sio­nados primero porque miles de viticultores que cumplían con los requisitos se han que­dado fuera pero, además de no aportarse soluciones para mejorar las rentas de los que continuarán, a los valencianos se les maltratará otra vez en el re­parto porque, debido a causas climáticas, tienen una productividad inferior a la de la mayor parte de re­gio­nes”, denuncia Agua­do.

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