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El Ministerio de Economía y Hacienda publicó en el BOE del pasado 30 de abril las reducciones de módulos para las actividades agrí­colas y ganaderas que se vie­ron gravemente afectadas por circunstancias excepcionales. En aquel en­ton­­ces, AVA-ASAJA ya denunció que los beneficios apro­­bados eran una “burla” al sector por­que re­­sultaban “insuficientes e incompletos” y además contenían numerosos errores en las denominaciones de los pueblos be­ne­fi­ciarios.

 

 

 

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AVA-ASAJA advierte que la huelga de trans­por­te ha puesto en jaque a la cabaña ganadera de la Comunitat de porcino, va­cu­no, cu­ní­­cola, avícola y equino. Alrededor de 2.700 granjas valencianas sufren des­de el lu­­­nes o incluso antes pro­blemas en el suministro de alimentos y la ame­na­za de muer­­­­te por inanición de muchos animales será inminente si no se les atien­­de en bre­ve. Y el problema que se avecina no es sólo comercial sino también sanitario por­que, al igual que con el transporte de pien­sos, el sistema de re­­ti­ra­da de cadáve­res de las explotaciones está muy lejos de funcionar con normalidad.

 

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que las aves de La Albufera han in­ten­si­ficado los ataques que venían realizando los últimos meses no sólo sobre los arrozales del lago sino con­­­tra los huertos de los municipios lindantes. Así, AVA-ASAJA ha re­gistrado mul­ti­tud de daños causados por los animales que, en su búsqueda de alimento, están des­tro­­zando campos de lechugas, coles, maíz o incluso melones ubicados en los tér­mi­­nos de Silla, Sollana y Catarroja.

 

 

 

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AVA-ASAJA reclama al nuevo Dele­gado del Go­bierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, que ante la ola imparable de robos en los po­zos de riego y en las casetas de los agricultores convoque la Junta de Seguridad en el Ám­bito Rural a la que se comprometió su predecesor, Antonio Bernabé. Ésta es la segunda petición que la organización realiza al res­pon­sable gubernamental en me­nos de un mes pero “la situación de inseguridad en el campo no permite siquiera dar los tra­di­cio­nales días de cortesía”, advierte el presidente de la asociación, Cris­tó­bal Aguado.

De hecho, sólo en L’Horta Nord, se asaltaron durante la semana pasada las instalaciones de hasta tres co­munidades de regantes, al­gu­nas de las cuales ya habían sufrido robos re­cientemente.  Efectivamente, durante los últimos siete días los delincuentes entraron a robar en las casetas de comunidades de regantes de Museros, Albalat dels Sorells y Foios  causando graves destrozos en su búsqueda de cobre.

 

En la mayor parte de los ca­sos, los asaltos se produjeron pese a disponer de alarmas, que saltaron con­ve­nien­te­mente pero que no impidieron la comisión del delito. En Albalat y en dos acciones distintas, se forzó la cerradura de la caseta para robar el cable que recorría el trans­for­mador y la boca del pozo y días más tarde se asaltaron los contadores del agua de una segunda caseta. AVA-ASAJA ya denunció el pasado 16 de mayo –jornada en la que casual­men­te asumió su nuevo cargo Ricardo Peralta- que una de cada seis instalaciones de rie­go ha sufrido al menos un robo, lo que situaría la cifra acumulada desde 2007 en más de 1.500 pozos.

 

Las pocas compañías de seguros que, de hecho, mantienen la cobertura du­pli­caron ya este año las primas a pagar y en muchos casos con­dicionaron la póliza a la instalación de una alarma en la caseta, gasto ‘extra’ que también ha corrido lógicamente a cargo de las comunidades de regantes. Tras años de inactividad, el anterior delegado del Gobierno en la Comunitat, Antonio Bernabé, convocó el 29 de enero la ansiada Junta de Seguridad en el Ám­bi­to Rural, compuesta por representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las asociaciones agrarias, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la Conselleria de Agricultura.

 

En aquella reunión se pactó crear comisiones pro­vinciales para abordar cada 3 meses la cuestión y coordinar las acciones contra la de­­lincuencia rural. “Han transcurrido más de cuatro meses y no sabemos nada de aquella promesa y ni los delincuentes que buscan cobre ni los agricultores que su­fren sus asaltos entienden de cambios políticos”, advierte Aguado.

 

 

 

 

 

 

 

 

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AVA-ASAJA advierte que el decreto del Plan de Re­­­­­­­conversión Varietal de Cítricos que el Mi­nis­te­rio de Medio Ambiente y Medio R­u­ral ha presentado esta mañana a las or­ga­ni­za­ciones agrarias y a las cooperativas es­tá abo­­­­­cado al fra­caso. Para su presidente, Cristóbal Aguado, el borrador que el Go­bier­no ha de­fen­di­do y que próximamente será consensuado con la autonomías pro­duc­to­ras “margina y maltrata a casi el 60% de citricultores por lo que sus resultados ni si­­quiera se acercarán al objetivo per­se­gui­do”, esto es, ampliar la oferta citrícola para adaptarla mejor al mercado.

 

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamenta que la subida de los precios del arroz provocada por la si­tua­ción internacional no haya servido para compensar el fuerte in­cre­men­­to paralelo su­fri­­­do en los costes de producción. “El arrocero va­len­cia­no no puede vivir del mercado por­­que la coyuntural mejora en las cotizaciones se la es­tá ‘co­miendo’ el disparatado au­­mento de los precios de los fertilizantes y del gasoil y además sus ingresos se ven menguados cada año por las limitaciones que conlleva el producir dentro del parque natural”, explica el pre­sidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­­do.

 

 

 

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La sede del Colegio Oficial de Médicos de Valencia acogió este jueves una amplia exposición de productos agroalimentarios valencianos en la I Jornada de puertas abiertas conjunta entre la Corporación Médica y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en la cual se ha firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Conselleria de Sanitat y la Conselleria de Agricultura.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamenta la “insensibilidad” que volvió a demostrar el Gobierno central ayer du­ran­te la reunión mantenida con los re­presentantes nacionales de las aso­cia­cio­nes agrarias y de los regantes para abordar la li­beralización, el próximo 1 de julio, de las tarifas eléctricas.

 

Tras negarse a tratar el pro­ble­ma du­rante más de un año, los al­tos funcionarios del Ministerio de Medio Am­­biente y del departamento de Indus­tria se limitaron a prometer que, a lo sumo, las ta­rifas es­peciales de riego que ven­cen en tal fecha se podrían prorrogar entre un mes y tres. “Quiero pensar que la Ad­mi­nis­tración central no ha valorado las graves consecuencias que esta subida tendrá y que rectificará, porque al incremento de esta factura hay que sumar la subida del gasoil, la de los fertilizantes y la propia crisis estructural que arrastramos desde hace años”, advierte el presidente de esta asociación, Cristóbal Aguado.

 

Los altos funcionarios de sendos ministerios, no sólo descartaron la prórroga de un año que reclama unánimemente el sector, sino que tampoco aceptaron las al­ter­nativas propuestas para compensar a los regantes por una subida de la factura de la luz que, en el mejor de los casos, llegará al 30% y que –como ya de­nunció AVA-ASAJA- en el caso de la Comunitat podría suponer duplicar los costes del riego. A es­te respecto, se mostraron escépticos también a la hora de aprobar un IVA re­du­cido (del 16 al 7%) similar al establecido para al gasoil agrícola y que, por cierto, ya aprobó Italia, así como a introducir fórmulas para dotar de una mayor flexibilidad a la po­tencia contratada.

 

 

De cualquier manera, y pese a la proximidad de la fecha de con­tra­­­tación, las partes acordaron mantener las conversaciones.  La liberalización supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa especial a ad­­­­quirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras, lo que re­pre­sen­­­ta “un cambio de enorme calado para muchas comunidades de regan­tes que en una negociación con las poderosas empresas eléctricas nos encontramos en clara po­­­sición de desventaja y además, con un tiempo mínimo para la negocia­ción”, e­x­pli­ca Aguado quien advierte, además, que el cambio resulta especialmente “ino­­por­tu­no” no sólo por el contexto de crisis económica en la que se da, sino tam­bién por­que “la subida se cebará especialmente con la agricultura que más esfuerzo ha he­cho por ahorrar agua y que ahora más sufre las consecuencias de la sequía y podría lle­gar incluso a pensarse que primará a aquellos que no consumen luz pero sí mucha agua y que en su momento no modernizaron sus sistemas de riego”.  

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Los importadores de cítricos rusos mostraron la semana pasada en Bruselas su indignación con el memorándum hortofrutícola sus­­­­crito por las autoridades de su país y por la UE. Es más, los operadores que acu­die­­ron al congreso organizado por Freshfel (la patronal hortofrutícola europea) pro­tes­ta­ron públicamente ante su Representante Per­ma­nen­te en la capital belga porque tal acuer­do fue firmado a sus espaldas.

 

 

 

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