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Valencia, 9 de marzo de 2009.- La Asociación Valenciana de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AVAMFAR) lamenta que el Real Decreto de la Titularidad Compartida deja de lado el derecho de las mujeres rurales a su baja maternal, de su período de lactancia y de medidas adecuadas que permitan la continuidad del negocio familiar. El decreto es “imperfecto y de alcance limitado ya que, como se reconoce en el texto, debe ir acompañado de ayudas y bonificaciones, que no se concretan, para garantizar la incorporación de la mujer a la Seguridad Social”, asegura Marian Corbí, presidenta de AVAMFAR.

 

 

Así, mientras no se cuestiona el alta en el Régimen de la Seguridad Social del hombre al frente de una explotación agraria, por el contrario “sí se pone en duda el alta de su cónyuge cuando ésta trabaja tanto o más”. La norma no ha contado con el consenso de las organizaciones de mujeres ni de las organizaciones agrarias españolas, que llevan dos décadas denunciando la situación de desamparo que sufren las mujeres en el campo. Para Corbí, el decreto es “meramente un registro administrativo de las explotaciones agrarias y sólo trata de que los cónyuges que sean titulares de una misma explotación se inscriban en un registro que se habilitará en cada comunidad autónoma”. 

 

Por tanto, Corbí concluye que este decreto “no sirve para dar respuesta a las verdaderas necesidades laborales de las mujeres en el campo valenciano y tampoco es la medida esperada para que la mujer que realiza una actividad agrícola vea reconocido su trabajo y por tanto sus prestaciones sociales propias”.

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AVA-ASAJA reclama al Gobierno que dedique una partida del ‘so­bre nacional’ de la OCM del Vino pa­ra financiar una destilación de crisis. La medida ser­viría para aligerar los ex­cedentes acu­­mulados por la caída en el consumo de vino que se está sufriendo esta cam­paña y por la propia incertidumbre provocada en los mercados por el retraso de más de cinco me­­ses en la apro­bación del decreto regulador de la OCM, que el Gobierno se decidió por fin a apro­bar el pasado día 30.

 

“Las compras en el campo son escasas y cuando exis­­ten se hacen a un precio que no cubre ni los costes de producción por lo que si no me­dia una intervención contundente la desaparición de viñedos se acelerará aún más”, se­ñala el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien además advierte que la situación es tan “crítica que estamos estudiando la posibilidad de movilizaciones”. 

 

AVA-ASAJA estima que menos de un 30% de la cosecha vinícola de la provincia de Valencia se ha comercializado ya, cuando a estas mismas fechas del año pa­sa­do el porcentaje se elevaba a más del 70%. Los precios, además, siguen en caída li­bre y se calcula que éstos se sitúan ya un 25% por debajo de los costes de producción. En este sentido, la organización agraria recuerda lo sintomático que resultó –de cara a clarificar la situación del sector- el ‘éxito’ en la tramitación de solicitudes para el arran­­­que de viñedos, en el que casi uno de cada diez viticultores valencianos (2.817, concretamente) solicitaron primas para abandonar la actividad.

 

Finalmente se han que­dado fuera más de la mitad y sólo se ha permitido una salida digna de la actividad a 1.190 viticultores que podrán eliminar de forma incentivada 2.600 hectáreas de vides, la segunda ma­yor cifra del país. Pero a estas alturas aún no se conoce la identidad de la mayor parte de los be­neficia­rios con lo que multitud de productores dudan ahora si de­ben o no asumir el gasto para la poda o el ‘abonado de fondo’ que por estas fechas ya se debía de haber realizado. 

 

Los viticultores valencianos serán también de los más perjudicados por el desvío de fondos que el Gobierno ha decidido aplicar en beneficio de las ayudas para des­ti­la­ción de uso de boca. “Para lograr elevar la ayuda de los 450 euros/ha que primero se anunciaron a los 700 que finalmente se prometieron, se ha optado por restringir al má­xi­mo los programas de reconversión y reestructuración de viñedos hasta el punto de que este año será imposible poder beneficiarse de esta línea”, señala Aguado. 

 

El Gobierno dispone hasta finales de este mes para distribuir los casi 214 mi­llones de euros del paquete de medidas de apoyo al sector vinícola y, dado el retraso en la publicación del decreto regulador es evidente que habrá un sobrante que podría des­tinarse para una destilación de crisis. “La medida es urgente por­que el problema es muy grave ahora pero aún lo será mayor en unos meses porque las lluvias hacen presagiar una gran cosecha y los excedentes de esta campaña se jun­ta­rán con los de la próxima”, ad­vierte el presidente de AVA-ASAJA. 

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AVA-ASAJA advierte que, coincidiendo con la campaña de vacunación masiva contra la ‘lengua azul’, varias explotaciones de ovino de la Comunitat Valenciana están sufriendo una elevada mortandad en los animales. Según la organización agraria, a falta de informes que acrediten lo contrario, los problemas sanitarios seguramente están relacionados con la campaña nacional emprendida para erradicar los serotipos 1 y 8 de esta enfermedad. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) reconoce que se han detectado casos de explotaciones, principalmente de ovino, aunque también de bo­vino y vacuno, en los que se han registrado mortalidades elevadas de animales y que podrían estar vinculadas a la vacunación.

 

En las últimas semanas se han dado 25 gran­jas en Gerona con este tipo de problemas, Barcelona (6) y Aragón (17). En otras pro­vin­cias como Salamanca se han constatado reacciones adversas, e incluso la di­pu­tación sal­mantina estudia reclamar que se suspenda la vacunación. Pues bien, ganaderos asociados de AVA-ASAJA han confirmado que las mismas reacciones se están repitiendo en varias granjas de ovino de la Comunitat Valenciana.

 

Los sín­tomas que presentan los animales afectados al poco de ser vacunados con la segunda dosis en estas granjas son siempre los mismos: pérdida de apetito, encefalitis, pro­blemas renales, pérdida de lana y de masa muscular, delgadez (caquexia), dis­minución de la producción láctea, abortos, fallos reproductivos y mortandad. AVA-ASAJA ya ha informado de todos estos ca­sos a las administraciones, aportando material fo­tográfico y remitiendo muestras para su análisis. 

 

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclama a la Administración competente emprenda “una investigación rigurosa para determinar las causas de los gra­vísimos problemas sanitarios que se están detectando en nuestras granjas”.  Asimismo, AVA-ASAJA solicita que se revise la obligatoriedad de implantar el bolo ruminal en ovejas, al igual que se ha hecho con las cabras, debido a la mortalidad y al sufrimiento que ocasiona a los animales la aplicación de este sistema de identificación electrónica. 

 

En todo caso, si los síntomas tuvieran una relación directa con la vacunación contra la ‘lengua azul’, Aguado exige el oportuno apoyo de las administraciones para los ganaderos afectados, que se traduzcan en justas indemnizaciones, y que se depuren responsabilidades. “Son graves las pérdidas económicas que supone esta mortandad para los ganaderos, y más en la época de solicitud de ayudas en la que estamos, puesto que no van a poder solicitar subvención por todos aquellos animales que han muerto, lo que se añade a la dramática crisis de rentabilidad actual”, concluye Aguado.

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AVA-ASAJA propone crear una interprofesional del caqui en la que estén representados los agricultores y el comercio para así planificar el crecimiento que este cultivo experimentará a corto y medio plazo. De hecho, entre 2002 y 2008 la superficie de caqui valenciana, gracias al éxito de la va­riedad Rojo Bri­llan­te bajo la marca Persi­mon, se ha disparado un 87% hasta casi las 4.000 hec­tá­reas. “El sector, pese a todo, camina a ciegas, con problemas crecientes en materia de pla­gas.

 

 

Además, ignora qué experiencias existen en las otras zonas pro­ductoras por lo que antes de que nos des­bor­den los problemas es el momento de organizarnos y planificar el seguro despegue que el caqui va a tener en los próximos años”, advierte el presidente de esta organización, Cris­tóbal Aguado. 

 

Si bien hoy la producción de caquis se sitúa en alrededor de 50.000 toneladas, AVA-ASAJA augura que ésta aumentará exponencialmente porque la crisis citrícola in­cen­ti­vará la reconversión hacia este cultivo. Ha sido este factor, junto al buen hacer de la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer, el que ha propicia­do hasta el mo­men­to su rápido crecimiento en esta comarca. “Antes de que se dispare la producción es ne­cesario conocer el mercado, abordar misiones para explorar cuál es la situación y al­ter­na­tivas de otros productores como EEUU, Japón, Brasil, China, India o Israel y el agricultor no puede seguir estando alejado de todo ello”, matiza Aguado. 

 

En este sentido, AVA-ASAJA lamenta la desinformación generada al respecto del hongo que irrumpió el pasado verano en multitud de plantaciones y que provocó una caí­da masiva de frutos. Medio año después, los servicios técnicos de la Conselleria de Agricultura se han decidido a informar a los productores sobre la identificación del pató­ge­­no, llamado ‘Mycosphaerella Nawai’ y sobre las alternativas existentes para com­ba­tirlo.

 

Pese a todo, este verano como el anterior, se re­pe­tirán las importantes mermas en la producción porque los primeros tratamientos para evitar su expansión no se podrán dar hasta el próximo otoño. “Si es cierto que el hongo ya se detectó en Korea, ¿por qué, al igual que ocurre con los cítricos para los que Va­len­cia siempre está abierta a las vi­si­tas de otros, no se ha organizado ya una misión pa­ra conocer la plaga?”, se cuestiona el presidente de la organización de productores.  

 

AVA-ASAJA advierte, además, que los problemas fitosanitarios que ya sufre el ca­­­­qui se intensificarán de forma paralela al aumento de la superficie. Una amenaza que, da­­do el desinterés de los grandes laboratorios por este cultivo aún ‘menor’, se agravará más si cabe por la falta de fitosanitarios o de alternativas de lucha bio­ló­gica viables. “La in­­terprofesional podría ser el medio para incentivar la investigación, por ejemplo en nue­vas variedades y pies, para facilitar la interlocución con em­pre­sas de fitosanitarios y pa­ra sentar las bases de la futura comercializa­ción”, con­clu­ye Aguado.

 

Amplíe información consultando los cuadros en el documento en pdf.

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La Audiencia Provincial de Valencia y la de Alicante han desestimado dos recursos de apelación interpuestos por Gestión de Licencias Vegetales (Geslive) y han archivado las denuncias interpuestas contra dos agricultores valencianos que habían plantado la variedad Afourer-Nadorcott antes de noviembre 2005, fecha en la que la patente de esta sociedad todavía no era efectiva.

En rueda de prensa, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el abogado Fermín Rabal han manifestado su satisfacción por estas resoluciones judiciales que confirman que "todos aquellos agricultores valencianos" que plantaron la variedad citada antes de esa fecha "no incurren en ningún delito penal".

Aguado ha afirmado que "hoy es un día positivo y de alegría" para la asociación que preside porque los autos "dejan en un lugar diferente las amenazas de Geslive, que utiliza para atemorizar a un grupo importante de agricultores".

Por su parte, Rabal ha añadido que "estas resoluciones desmontan la campaña indiscriminada de denuncias de Geslive, que desde hace años ha creado un ambiente y alarma global para que comercios y agricultores pasen por donde quieren ellos que pasen".

Geslive denunció a agricultores valencianos por no pagar un "royaltie" de plantaciones de la variedad Afourer-Nadorcott anteriores a la concesión de sus derechos de propiedad industrial en octubre de 2004, cuya vigencia fue suspendida hasta noviembre de 2005 por un recurso de nulidad interpuesto por la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV).

La variedad Afourer-Nadorcott es "una de las más cotizadas y más caras" en el mercado citrícola y, según Aguado, Geslive "está formando un club de variedad" al obligar a comercios a comprar a agricultores que tienen contratos también con la misma sociedad.

Además, según el presidente de AVA-ASAJA, la gestora de estas patentes ha impuesto precios "abusivos" de siete euros frente a la media de euro y medio que es habitual en el mercado valenciano.

En este sentido, Rabal ha denunciado el uso "abusivo, alegal e ilegítimo" de estas concesiones de derechos industriales "que nadie discute", pero que se registraron en una fecha posterior al momento en el que los agricultores denunciados plantaron esa variedad. (EFEAGRO)

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Los agricultores de l’Horta Sud denuncian una nueva oleada de robos en instalaciones de riego en el término de Picassent a su paso por el canal Júcar-Turia. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) contabiliza pérdidas cercanas a los 20.000 euros por los robos de cobre en la Comunidad de Regantes Canal Júcar-Turia Sector XI y en un pozo de sequía de la Comunidad General de Usuarios, situados en las partidas de L’Horta de Torrent y Pedra Negra, respectivamente.  

 

Los dos robos de esta pasada madrugada afectan a 1.500 agricultores de la zona, propietarios de unas 6.000 hanegadas de riego a goteo. Los regantes han presentado esta mañana las denuncias a la Guardia Civil, pero es tal la gravedad y reincidencia de los robos en la comarca que han aprovechado para denunciar otros robos de menor consideración que se habían producido en los últimos días, como de puertas y tapas de hierro en las casetas.  

 

“Las bandas han desvalijado los transformadores hasta extraer el último material de cobre, destrozando toda la instalación y echando al suelo el aceite de los equipos”, lamenta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

 

En uno de los robos, los ladrones han logrado entrar por la ventana al encontrar mucha resistencia en la puerta. Aguado ha enviado una carta al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, para reclamar “una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y una mayor vigilancia en los campos”. “Es evidente que todo este material robado es reintroducido en el mercado, ya sea como bienes usados ya sea como chatarra”, añade Aguado, por lo que AVA-ASAJA también solicita que se intensifique la vigilancia sobre los posibles receptores tanto en lo concerniente a la búsqueda del material robado como de los justificantes de compra del material o metal que estos receptores vendan.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ultimando una orden según la cual adoptará nuevas medidas de emergencia para evitar la introducción del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en España y la Unión Europea, cuando tal plaga fue declarada oficialmente en la Comunitat Valenciana en febrero de 2004, tras introducirse probablemente a través de importaciones desde Egipto.

 

La propagación del picudo rojo, que entró por primera vez en España a mediados de los noventa, está causando la muerte a centenares de miles de palmeras en el medio rural y urbano valenciano, viveros, jardines y Palmerales Históricos.  “Tarde, demasiado tarde, va a empezar el Gobierno a asumir su responsabilidad y a endurecer los controles de entrada del picudo rojo”, afirma el presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado.

 

“La Administración central vuelve a ir por detrás de la realidad, y por su incompetencia y falta de previsión ha permitido la entrada de una plaga muy agresiva que apenas tiene tratamientos eficaces para extinguir el insecto”. La adopción en España de las medidas contra el picudo rojo es consecuencia de la reciente publicación de dos disposiciones europeas, la 2007/365 y la 2008/776. “Nada más detectarse oficialmente la plaga en la Comunitat Valenciana, hace ahora cuatro años, el Gobierno debería haber presionado inmediata y enérgicamente a Bruselas para evitar a tiempo su propagación, reforzando entonces la vigilancia en todos los puntos de entrada europeos por donde se introducen las palmeras procedentes de terceros países”, indica Aguado. 

 

Además de dicha armonización, lo que pretende la orden ministerial es proteger palmeras singulares y garantizar la identidad y trazabilidad durante todo el proceso de traslado de estos materiales así como su posible inmovilización o incluso cuarentena de un año antes de su puesta en circulación en caso de detectarse el patógeno.  “Valoramos las medidas que puedan frenar la propagación del picudo rojo en las zonas donde la concentración de palmeras es elevada”, señala Aguado, “pero no es más de lo que esperamos de la Administración, donde por cierto no ha habido ninguna dimisión todavía por la tragedia botánica y paisajística que la plaga está ocasionando”.

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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Gobierno dificulta la contratación de jubilados en el campo al aumentar en un 43% las cotizaciones por día trabajado, mientras no aplica incrementos tan elevados en las cotizaciones mensuales del resto de trabajadores. “Esta discriminación perjudica tanto a este colectivo de trabajadores como a los empresarios agrícolas”, según Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

Además, asegura que “ante la falta de relevo generacional, muchos agricultores encuentran en los jubilados a trabajadores que pueden aportar una gran experiencia en las labores agrarias y que necesitan seguir trabajando en el campo para complementar una pensión que les resulta insuficiente”.  

 

No en vano, la pensión media que recibe un agricultor y ganadero valenciano a través del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) es de tan sólo 484 euros al mes, un 44% menos de la que les corresponde a los que provie-nen del Régimen General (867 euros). Entre los cambios adoptados en las modalidades de cotización a partir del 1 de enero de 2009 destaca este incremento en las cotizaciones por contingencias comunes por jornada laboral en la contratación de trabajadores no inscritos en el censo agrario, es decir, autónomos y jubilados contratados por cuenta ajena. 

 

Para este colectivo, hasta 31 de diciembre de 2008 se destinaba a la Seguridad Social el 15,50% de la base de la cotización diaria por jornada realizada. Ahora, los empresarios ven incrementadas las cotizaciones mensuales por los jubilados al 28,30%, porcentaje que de este modo se iguala a la cotización en el Régimen General. Los jubilados pueden trabajar hasta 90 días al año. Numerosos agricultores se ven obligados a estar dando de alta y baja a diario a los trabajadores jubilados y autónomos para evitar los mayores costes que supone la cotización mensual.  

 

Esta modificación se enmarca dentro de la Ley de los Presupuestos Genera-les del Estado por la cual se varía la cotización del Régimen Agrario por cuenta ajena en dos modalidades: cotización mensual, obligatoria para trabajadores con contrato indefinido, y cotización por Jornadas Reales, opcional para el resto de trabajadores.

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La Comisión Europea (CE) tendrá que evaluar la “efi­ca­cia y coherencia” de los controles sanitarios y fitosanitarios de la importación de pro­­duc­­tos alimenticios, vegetales y animales y presentar un informe al Con­se­jo y al Par­lamento a finales de 2010. Así lo acordó el Consejo de Ministros de Agri­­­cultura de la UE, que además "invitó" también al ejecutivo comunitario a agilizar las iniciativas legis­la­ti­vas dirigidas a mejorar los controles a los productos foráneos.

 

 

La con­clu­sión del citado in­for­me coincidirá, pues, con el inicio de la presidencia española de tur­no de los Vein­ti­sie­te. AVA-ASAJA reclama al Gobierno español que aproveche la opor­tunidad “para cum­plir el man­dato e impulsar medidas para acabar con el doble rasero aplicado por la UE, que es tan exi­gente con las frutas y hortalizas europeas como permisivo con las lle­ga­das de paí­­ses terceros”, denuncia el presidente de esta or­ga­ni­zación, Cristóbal Aguado.  

 

AVA-ASAJA valora el giro que parece que esté dando la política comunitaria gra­cias a la impronta dejada por la presidencia de turno de los 27 ocupada durante el se­gun­do semestre de 2008 por el ejecutivo de Sarkozy. Fue el Go­bierno del país vecino el que en junio presentó un demoledor me­morán­dum titulado ‘Importación de alimentos: se­­guridad sanitaria y conformidad con las nor­mas comunitarias’ en el que se ponía en sol­fa el diferente trato aplicado en materia sanitaria y fitosa­ni­taria según la procedencia de los alimentos, europea o fo­rá­nea.

 

Poco más tarde, el Comité Eco­nómico y Social Euro­peo (CESE, el más importante or­ga­nismo consultivo de la UE) reincidía en lo mismo en su dictamen ‘La seguridad sanitaria de las importaciones agrícolas y ali­men­tarias’. Más re­cientemente, la Agencia Eu­ropea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), a petición de la CE, elaboró otro informe en el que –en la línea también con lo denun­cia­do reitera­da­mente por AVA-ASAJA- se cuestionaban los controles para evitar la llegada en cítricos sudafricanos de la Gignardia citricarpa o ‘mancha negra’. 

“El presidente Zapatero tiene tantos o más motivos que Sarkozy para hacer pasar a la UE de las palabras a los hechos” señala Aguado quien además advierte que “ya que es complicado luchar contra el dumping social que practican los países no co­mu­ni­tarios que tienen costes de producción insignificantes, por lo menos Bruselas debía asegurar a los consumidores que todas las frutas y verduras que llegan al mer­cado eu­ro­peo reúnen las mismas garantías”. 

 

Efectivamente, en las conclusiones del último Consejo de Ministros de Agricultura de 2008 sobre el punto relativo a la seguridad de los productos agrícolas importados y su conformidad con las reglas comunitarias, el Consejo recuerda que la UE es el mayor importador mundial de productos agroalimentarios y que el crecimiento de los in­ter­cam­bios mundiales en este ámbito "convierte en muy probable la emergencia y la di­fusión de los factores de riesgo o enfermedades que en ocasiones se descubren a posteriori”. A es­te respecto, AVA-ASAJA ya denunció cómo sólo en la última década y siempre procedentes de países terceros se han introducido hasta siete plagas en la citricultura va­len­­ciana, una cada 15 meses.

 

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