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AVA-ASAJA advierte que el hundimiento de los precios en origen de todas las hortalizas de tem­po­­rada podría provocar en poco tiempo un abandono masivo de los campos, algo inédito hasta el día hoy. La caída del con­sumo pero, sobre todo, la presión a la baja en los precios de la gran distribución está provocando que las cotizaciones ya no sólo no cubran los costes de producción genéricos, sino que ni si­quiera den para que el agricultor pueda pagar los gastos de recolección de estas verduras.

“Comenzamos la campaña a finales de mayo con precios por debajo del umbral de ren­ta­bi­li­dad pero es que ahora ya no permiten siquiera el poder sacar la producción al mercado”, de­nuncia el pre­sidente de esta organización, Cris­tóbal Aguado, quien señala además que “somos los agri­cultores quienes estamos pagando buen­a parte de la guerra de precios en la que están su­midos supermercados e hiper­mercados”. En una primera fase, los horticultores trataron de buscar mejores cotizaciones que las que le venían ofreciendo los asentadores habituales que abastecen a las grandes ca­de­nas llevando sus producciones en masa –ellos mismos y en pequeñas furgonetas- a los ‘mer­cas’ (Mercavalencia o Mercavasa).

 

A estas alturas, sin embargo, tales instalaciones es­tán tam­­bién saturadas de género, lo que ha agravado aún más la situación. Según un in­for­me del Departamento Técnico de AVA-ASAJA, los precios que vienen ofreciéndose por sen­das vías no cubren ya –en casos como el pimiento, el melón o la berenjena- ni siquiera los gastos de recolección/pre-confección que tiene que asumir también el agricultor. Es decir, el productor perdería dinero si se decidiera a recoger, comprar las cajas, preconfeccionar y transportar las verduras hasta el comprador. Efectivamente, sólo los gastos por este con­cep­to suman unos 35 céntimos, cuando en los casos citados, los precios ofrecidos son in­fe­rio­res a tal cantidad. En el resto de cultivos analizados la situación no es mucho mejor porque ni siquiera se cubrirían los costes de producción estrictamente agrícolas, pero al menos el productor podría plantearse reducir sus pérdidas.  

 

“Las hortalizas son cultivos que se van recolectando en sucesivas pasadas semana a semana. Si no se recoge cuando toca cuesta más volver a poner en producción los campos, por lo que lo más normal es que el agricultor opte por echar el resto de su cosecha a per­der”, explica Aguado. AVA-ASAJA viene insistiendo desde hace años en la necesidad de que el horticultor programe sus cosechas junto a un comercio/asentador, con el que aclarar las fechas, cantidades, variedades de hortalizas y precios ofertados. La campaña de verano está siendo tan nefasta y la presión de las grandes cadenas de distribución es tal que incluso los agricultores que actúan de esta ma­nera acumulan también cuantiosas pérdidas. 

 

“Pese a que son los productos frescos los que más están contribuyendo a  bajar el IPC, sigue existiendo un abismo entre los precios que se dan en el campo y en los lineales de los supermercados, por lo que el consumidor ni siquiera se está beneficiando de esta crisis”, señala el presidente de AVA-ASAJA quien insiste en reclamar al Gobierno que “de una vez por todas tome cartas en el asunto y regule de forma racional los márgenes aportando mayor transparencia a la cadena alimentaria”.

 

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AVA-ASAJA respalda con carácter general las medidas recientemente anunciadas por la Conse­lle­ria de Medio Ambiente para frenar la plaga de conejos que ya afecta a más de 70 mu­ni­ci­pios. Sin embargo, ante el fracaso de los sucesivos planes presentados con anterioridad, la organización agraria reclama ahora mayor “contundencia y agilidad” en las actuaciones. “So­bre el papel las decisiones tomadas parecen ser las correctas pero en el campo los daños provocados a los cultivos por estos animales son escandalosos y se están tensando cada vez más las relaciones entre agricultores y cazadores”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 

 

En este sentido, la organización agraria reclama a la Administración autonómica que agilice las tramitaciones de los permisos de caza –reduciendo la burocracia, habilitando un número de teléfono especial o incluso una web, como ya se ha hecho en otras autonomías, para acelerar las gestiones- pero que también actúe contra los res­pon­sa­bles de los cotos que hayan demostrado estos últimos años inactividad o dejación en el deber de gestión de su espacio cinegético. “No es de recibo que la Administración continúe dando permisos para otros apro­vechamientos seguramente más lucrativos a sociedades que no han cumplido antes con su obligación de actuar contra las poblaciones de conejos”, denuncia Aguado. 

 

De igual manera, AVA-ASAJA reclama a los agricultores que, pese a la reiteración en el daño a sus campos, continúen remitiendo a sus ayuntamientos los correspondientes par­tes, básicos para que la conselleria pueda fijar un mapa de prioridades en la actuación. “Ante la impo­sibilidad de cultivar los campos, como consecuencia de la crisis de precios, pedimos un plan especial para ayudar económicamente a los agricultores con el fin de mantener los campos limpios y así combatir la expansión de esta plaga”, advierte el pre­sidente de la or­ga­ni­zación agraria quien señala que los pro­duc­tores “son víctimas y no responsables de esta situación”.  

 

En última instancia, AVA-ASAJA insiste especialmente en la necesidad de que el de­par­tamento autonómico actúe de ‘motu propio’ o, en su defecto, exija responsabilidades a los titulares de obras públicas. Y es que los movimientos de tierras que generan las grandes infraestructuras que rea­lizan las distintas administraciones se convierten en muchos casos en ‘criaderos’ masivos de conejos que campan a sus anchas en madrigueras des­controla­das. “No hay más que seguir por dónde van, por ejemplo, las obras del AVE para darse cuenta de cómo la plaga de conejos ha ido avanzando a medida que lo hacía el tren”, señala Agua­do.

 

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Los servicios jurídicos de la Asociación Valen­cia­na de Agricultores (AVA-ASAJA) acumulan decenas de casos en los que un determinado co­mer­cio citrí­cola se ha visto obligado judicialmente a justificar la liquidación realizada al pro­­ductor. La organización agraria –ahora que están lle­gando en masa las liquidaciones a los productores, la mayoría de ellas ‘a comercializar’- anuncia en este sentido que apoyará cualquier iniciativa que vaya en esta dirección y reclama de igual manera a comercios privados y cooperativas transparencia a la hora de dar sus resultados y de rendir cuentas por ellos.

 

“Siempre hemos aconsejado la de­fen­sa de un precio pero si el citricultor se ve obligado a vender su cosecha ‘a comercializar’ y pos­te­rior­mente se siente engañado debe reclamar al operador” señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. La práctica ‘a resultas’, ‘a comercializa’ o el ‘ya-te-veré’ –como también se le conoce po­pularmente- se basa en un acuerdo entre las partes que conlleva la obligación del ope­ra­dor de asumir los costes de la recolección del fruto y la comercialización posterior sin que en el contrato figure un precio por arroba o por kilo.

 

El productor, por lo tanto, acepta el riesgo que supone el depender de cómo se paguen sus cítricos en el mercado. Se trata, como se­ña­lan las reiteradas sentencias y autos acumulados a este respecto, de un ‘contrato de com­pra-venta atípico’ pero sometido como el resto al ‘principio de buena fe’. Si la liquidación resultante del proceso no estuviera bien detallada y no satisficiera al pro­ductor, éste estaría legitimado por tanto a reclamar judicialmente que se rinda cuentas de for­ma detallada y justificada.

 

El departamento jurídico de AVA-ASAJA ha reclamado con éxito,  de he­cho y por un coste asumible, la práctica de multitud de diligencias preliminares en virtud de las cuales el comercio se ha visto obligado a entregar este tipo de documentación. Se tra­­ta de procesos que, por otra parte, podrían tener su continuidad y derivar en una segunda ac­­tuación contra el ope­ra­dor  en caso de que tal información siguiera sin satisfacer al de­man­dante. 

 

En este sentido, una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Nules ratificaba que tales documentos no pueden considerarse como “internos” o confidenciales porque para la debida rendición de cuentas no es “suficiente con la entrega de la factura emitida por la mercantil” sino que debe “comprender la globalidad de los actos de administración y de disposición realizados por la apoderada, expuestos de manera sistemática junto con los cobros percibidos y con los gastos soportados indicándose el destino del dinero percibido y el origen del dinero aplicado a subvenir los gastos”.  Aguado señala que el “citricultor no puede aceptar que la liquidación suponga a un tiempo el asumir su ruina y un acto de fe sobre la actuación del comercio. El operador sí logra un beneficio, pero quien generó el negocio, no, por lo que es justo reclamar al menos explicaciones”.

 

AVA-ASAJA solicita por todo ello a los comercios –privados o cooperativas- que, en caso de disconformidad, el citricultor pueda tener libre acceso a documentos tales co­mo: el precio de venta, las fac­turas emi­­­­­tidas al comprador, la tra­za­bilidad que siguieron las clementinas en cuestión, el cos­­te de confección, del trans­por­te de la finca al almacén y de éste a su punto de des­ti­­no, de la recolección, de los gastos generales aplicados, el lis­ta­do de clasificación de calidades y calibres…

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Mañana entra en vigor el Reglamento 1221/2008 de la Comisión Europea (CE) por el cual se eliminan 26 de las 36 normas de calidad comer­cial hasta ahora vigentes de frutas y hor­ta­lizas. La Asociación Valenciana de Agricul­tores (AVA-ASAJA) advierte que esta supre­sión no sólo abre las puertas de la Unión Europea a la importación barata y de baja calidad sino que también puede implicar un mayor riesgo de introducción de género afectado con plagas y enfermedades de cua­rentena. “Los géneros de peor calidad son los que menos se cuidan, crecen de manera más asilvestrada y por tanto son los más sensibles también a ser atacados por patógenos agresivos, algunos de ellos no existentes en Europa”, aclara el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.  Además, como la supresión de normas de calidad coincide con el inicio del grueso de la campaña de importaciones del hemisferio sur, AVA-ASAJA exige un endurecimiento de las inspecciones fitosanitarias en los puertos de entrada y de los controles de calidad bajo las normas que aún siguen vigentes en España. “La CE ha tomado una decisión equivocada y comienza a aplicarla en el momento más ino­portuno”, critica Aguado.  

 

El único requisito para comercializar es que no presenten “podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios del consumo”, lo que –como en su momento reconoció hasta Bruselas– favorecerá la venta de frutas y hortalizas defectuosas. Para Aguado, “las consecuencias serán malas tanto para los consumidores, porque la medida podría hacer de Europa el basurero del mundo, como para los agricultores, que no po­drán competir por precio precisamente porque la propia Comisión Europea ha insistido durante décadas al sector español y europeo en apostar y diferenciarse por la calidad”. 

 

A pesar de que Bruselas ha decidido bajar los parámetros mínimos de calidad de los productos frescos con el último propósito de presionar los precios del consumidor a la baja, Aguado concluye que “puede salirle el tiro por la culata, porque en el momento en que Europa cierre sus explotaciones, pase a depender de las importaciones y se vea obligada a pasar por el aro de países terceros, la inflación de los alimentos estará garantizada”. 

 

Los 26 cultivos que se quedarán sin normas de calidad -puerros, berenjenas, calabacines, pepinos, endibias, repollos, coles de Bruselas, apios, espinacas, coliflores, alcachofas, zanahorias, espárragos, guisantes, judías, ajos, cebollas, melones, sandías, nueces y avellanas con cáscara, champiñones, aguacates, albaricoques, ciruelas y cerezas- se po­drán comercializar a gra­nel y sólo se les reclamará la identificación del país de ori­g­en y que cumplan con la genérica definición de tener “una ca­li­dad sana, cabal y comercial”.  

 

Para el resto -entre ellos los cí­tri­cos, le­chugas, to­mates, fre­sa o me­lo­co­­tón- seguirán en vigor las nor­mas referidas a calibres, pe­so, número de fru­tos, homogeneidad que definen los distintos tipos de formato y calidades y que hasta ahora eran determinantes en la conformación de un precio para el consumidor. Sin em­bargo, po­drían pasar a venderse sin cumplir los requisitos siempre que en su eti­que­ta­do se acla­re que “no son con­for­mes con las normas de co­mer­cia­li­za­ción co­mu­ni­ta­ria” o se especifique que se trata de un “pro­ducto pa­ra transformación”, un extremo que AVA-ASAJA considera igual­men­te “ina­cep­ta­ble”.

 

Pinche en descargas relacionadas 'calidadf' para escuchar el corte de voz de Juan Salvador Torres, secretario General de AVA-ASAJA.

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 Mañana entra en vigor el Reglamento 1221/2008 de la Comisión Europea (CE) por el cual se eliminan 26 de las 36 normas de calidad comer­cial hasta ahora vigentes de frutas y hor­ta­lizas. La Asociación Valenciana de Agricul­tores (AVA-ASAJA) advierte que esta supre­sión no sólo abre las puertas de la Unión Europea a la importación barata y de baja calidad sino que también puede implicar un mayor riesgo de introducción de género afectado con plagas y enfermedades de cua­rentena.
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Decenas de agricultores de La Ribera, La Safor, L’Horta, el Camp de Morvedre y el Camp de Turia han plantado alrededor de 500 hanegadas de agua­cate en los últimos cinco años con el fin de diversificar y aumentar sus ingresos. Detrás de la innovadora apuesta por este cultivo está el asesoramiento llevado a cabo por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que valora esta fruta dada la destacable rentabilidad que está generando para el productor. Así, los precios en origen medios se sitúan en 1,25-1,30 €/kg, más de cinco veces los obtenidos por las clementinas. Sin embargo, sus costes de producción por kilo son lige­ramente más altos. El interés despertado entre los agricultores valencianos se hizo patente ayer, una vez más, durante la presentación del libro ‘Aguacates en la Comunidad Valenciana’, editado por la Fundación Agricultura y Medio Ambiente (FUVAMA), y escrito por el agri­cultor y patrono de esta Fundación, Tomás Faulí. “La crisis de rentabilidad en los cítricos ha dirigido muchas miradas hacia el aguacate, una alternativa de cultivo que se ha demostrado rentable en aquellas zonas con un microclima apropiado”, subrayó el autor, quien ha elaborado el cuaderno técnico basado en sus experiencias de cultivo en Málaga, prin­cipal zona productora de aguacate en España, y en los últimos años en explotaciones de Valencia. 

 

Más de 12.000 plantones de aguacate se cultivan desde 2004 en campos de Benifaió, Alginet, Silla, Alcàsser, Gandia, Tavernes y Benifairó de la Valldigna, Fau­ra, Benifairó de les Valls, Vilamarxant y Godella. Hasta esa fecha sólo se podían ver peque­ñas explo­taciones o árboles aislados en Tous, Alzira, Alberic, Picassent o Benisanó. La introducción del aguacate en la provincia de Alicante fue más temprana, en los años ochenta, concre­tamente en Callosa d’en Sarrià, donde el níspero le ganó la partida y la falta de agentes comercializadores favoreció su estancamiento. Otros términos alican­tinos donde hay explo­taciones de aguacate son Altea, La Núcia y Polop.

 

En la provincia de Castellón, de momento no hay noticias del cultivo. AVA-ASAJA estima que en los próximos cinco años la Comunitat Valenciana producirá más de un millón de kilos de aguacate. Actualmente en las tres provincias se consume esa misma cantidad, de modo que la cosecha local podría cubrir a corto plazo el consumo interno, que por otra parte va en aumento. “Para mantener unos buenos precios es ne­ce­sario tomar medidas ya, porque si no es así terceros países como Perú, Chile, Sudáfrica, Kenia o Israel nos comerán el terreno”, aseguró Faulí durante el acto, quien añadió “la importancia de crear una Interprofesional del sector para desarrollar campañas de promoción que incentiven el consumo”. 

 

Ventajas e inconvenientes

Las principales ventajas que el aguacate tiene sobre otros cultivos son la menor necesidad de mano de obra y un tiempo de recolección muy extenso, de hasta cuatro meses, inigualable para cualquier otro frutal. Por otra parte, se beneficia de una menor incidencia de plagas que en nuestra región es prácticamente nula.

 

En cuanto a los in­con­venientes, el clima no permite plantar aguacates en todos los sitios donde hoy hay cítricos, sino sólo en zonas cálidas donde no hiela. Aun así, en la Comunitat Valenciana hay cerca de 2.000 hectáreas idóneas para el aguacate.

 

La Conselleria de Agricultura posee un mapa climático donde los interesados pueden informarse de las zonas donde se puede plantar el tropical. Desde AVA-ASAJA se está en contacto, junto a la Conselleria de Agricultura, con investigadores y productores de todo el mundo para aprovechar las posibilidades de este cultivo.

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte a los citricultores sobre las gra­ves consecuencias penales y civiles que ten­drían los injertos ilegales con variedades o las plantaciones con pies citrícolas protegidos. Has­­ta 48 naranjas, mandarinas o limones así como patrones se en­cuen­tran ya hoy re­gis­trados y sometidos a la le­gis­lación europea y española sobre propie­dad industrial del ma­te­rial vegetal. Como señala el pre­si­den­te de la or­ga­ni­za­ción agraria, Cristóbal Aguado, “hemos en­tra­do en una nueva era mar­cada por los royal­ties y los derechos del ob­tentor y como ya ocurre con algunas verduras, flores y frutas hay que adap­tarse a la nueva situación”. Pero, matiza Aguado, “tal realidad contrasta con la que se vie­ne su­frien­do en el caso de la po­lé­mica Nadorcott, en la que se tra­tó de im­poner el pa­go de unos derechos con carácter retroactivo y con dudosos argumentos jurídicos”. 

 

Frente a la dinámica consolidada en el pasado, en la que los productores abordaban la re­conver­sión sin mayor preocupación que la variedad a elegir, la nueva regulación supone que no sólo es obligatorio injertar o plantar material con certificado fitosa­­ni­­ta­rio sino que ade­más ahora se debe aceptar en muchos casos las condiciones de explotación que im­pone su pro­pietario in­­dus­trial. En los 48 casos citados y en los que en próximas fechas se in­corpo­ra­rán al registro, es el obtentor o licenciatario el que se encarga de es­pe­cificar las condiciones en las que se podrá producir su variedad o patrón. AVA-ASAJA ad­vier­te que los detentores de los derechos de un cítrico protegido están legitimados para ac­tuar legalmente contra to­dos aquellos que injerten o planten sin su con­sen­timiento.  

 

En las compras de material vegetal protegido, además del al­barán en el que se con­creta el precio de cada planta o pie con sus co­rrespondientes derechos, el vi­ve­­­rista licen­cia­tario suele hacer firmar al comprador un con­tra­to de ‘no propagación y no co­mer­cialización’ de las plantas o yemas adquiridas. En tal documento al citricultor adquiriente se le advierte de las consecuencias penales, de prisión incluso, en las que se podía incurrir en el caso de vio­lar tal contrato, por ejemplo cambiando la ubicación física del material vege­tal. Los hay que llegan a establecer una indemnización de hasta 300.000 euros ‘por los daños y perjuicios causados’ al obtentor. En casi todos ellos, además, se advierte al comprador de que ‘queda  informado y acep­ta’ que el cítrico o pie en cuestión no tiene garantizado un determinado compor­ta­miento agro­nó­­mico.

 

La organización agraria alerta en este sentido de la proliferación de algunos cítricos que han sido evaluados en el extranjero, no por el Instituto Valenciano de Investi­ga­cio­nes Agrarias (IVIA) y cuyo desarrollo podría ser cuestionable. “Últimamente algu­nos se están tra­yendo mandarinas o naranjas que se venden como revolucionarias y que se ofrecen a pre­cio de oro pero cuyo futuro podría no estar del todo claro”, advierte Aguado. De igual manera. AVA-ASAJA sugiere a los productores que lean muy atentamente la letra pe­que­ña de estos contratos, en concreto, las cláusulas referidas a las condiciones y limi­ta­cio­nes en la producción o comercialización de estos cítricos protegidos.

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Tras acumular importantes retrasos, los comer­cios citrícolas están remitiendo en masa las liquidaciones de esta campaña. Los re­sul­ta­dos confirman la debacle que AVA-ASAJA ya advirtió públicamente tres veces que se iba a producir. Sólo los productores de algunas mandarinas precoces y de otras tar­días así como los que colocaron su cosecha a marquistas consolidados –cuyas cotiza­cio­nes son las que se ven reflejadas en la Lonja de los Cítricos de Valencia- han podido salvar los muebles y vender su cosecha por encima de los cos­­tes de producción. Pero en líneas generales la ren­tabi­li­dad de la campaña se ha vis­to menguada porque el volumen facturado, las manda­rinas y naranjas que real­mente se han re­colectado y comercializado, han sido muchas menos de las habituales, ya que el bajo ca­li­­bre de los cítricos obligó a descontar entre un 20 y un 30% de las co­se­chas, que se que­daron en el árbol o se perdieron en el destrío. “A finales de noviembre ya dimos la voz de alarma e incluso intentamos convocar un pa­ro citrícola; antes de acabar el año avanzamos unas pérdidas de más de 134 mi­llo­nes de euros y en marzo elevamos tal cantidad hasta los 239 mi­llo­nes.

 

Las liquidaciones con­fir­man nues­­tros peo­res augurios: el sector ha traspasado ya el margen de lo asu­mi­ble y en dos años podría desaparecer hasta el 40% de la su­per­ficie citrícola valenciana”, ad­vierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristó­bal Aguado. Prue­ba de tal cosa y de la alar­man­te crisis de liquidez que sufre el citricultor es el bajo nivel de suscripción de seguros que se está dando, con un volumen de primas que, según Agro­se­gu­ro, es a estas alturas más de un 30% inferior al contratado en las mismas fe­chas del año pasado.  

 

Efectivamente, como muestra las liquidaciones medias obtenidas y ratifican sen­dos gráficos basados en las cotizaciones del Observatorio de Precios del ministerio, sólo al co­mienzo -con variedades me­no­res como la Okitsu, Clemenpons y la Oronules- y al final de la temporada de clementinas (con la manda­rina tardía Ortanique o la Hernandina) se lo­gró superar el umbral de ren­ta­bi­­lidad marcado pa­­ra los pe­que­ños cítricos por el Ins­ti­tu­to Valenciano de In­ves­tigaciones Agrarias (IVIA).

 

En el caso de las naranjas, las liqui­da­cio­nes obtenidas están siendo aún si cabe peor, con reem­bolsos por kilo que sólo se acercan sin llegar a los costes del IVIA en el caso de la La­ne-Late. Y tales resultados con­trastan con las estadísticas oficiales da­­das por la Di­rec­ción General de Comercio hasta marzo de esta temporada, que en el ca­so de las man­da­rinas hablan de un precio en destino de la exportación de 0,80 eu­ros­/kg –casi siete ve­ces más por ejemplo que lo ob­tenido por la ‘clementina reina’, la Nules- y de 0,63 eu­ros/kg para las naranjas –seis veces más que lo pagado para la Nave­lina-. “Los precios lo­grados por los operadores no son tampoco altos, es más, en beneficio de to­dos tenemos que luchar porque sean ma­yo­res; pero lo que es evidente es que existe un gran des­fa­se entre ori­gen y destino que debemos corregir”, valora Agua­do. 

 

AVA-ASAJA reclama por todo ello acelerar el grado de cumplimiento de la tabla rei­­­vindicativa remitida a las Administraciones antes de Navidad e insiste en la necesidad de re­to­mar el diálogo para comenzar a planificar la próxima campaña. En este sentido, la or­ga­nización agraria matiza que, en el caso de la Conselleria de Agricultura, se man­tiene una línea de diálogo abierta que ya ha dado algunos frutos destacables “pero es ne­­ce­sa­­rio implicar al Gobierno central, que hasta el momento no ha movido pieza en esta cri­sis”, matiza Aguado.

 

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AVA-ASAJA rechaza los postulados ex­­­­presados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Re­­­­­gantes de la Mancha Oriental, que pretenden desligar de la futura Demarcación Hi­dro­­­­­lógica del Júcar a un buen número de pequeñas cuencas hoy vincula das a la Con­fe­de­ración Hidrográfica del Júcar (CHJ) así como a la propia Al­bu­fe­­­ra de Valencia. La or­ga­­nización agraria cree que se pondría en pe­­­­­­­ligro los abaste­ci­mien­tos de los regantes valencianos. También cuestionarían el futuro del propio humedal, que no se puede entender sin las aportaciones del Júcar. Es más, a jui­­­­­cio del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, tales planteamientos “no se sos­tie­­­­­nen académicamente porque son una barbaridad histórica e hídrica y esconden os­cu­ros intereses vinculados al control del agua y de lo que quedará de la actual con­fe­de­ra­ción”. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, tras conocer en abril el bo­­­rrador del Consejo Nacional del Agua, debe pronunciarse sobre cómo quedará la futu­ra Demarcación Hidrográfica del Júcar para así cumplir con la polémica sentencia del Su­­­premo de octubre de 2004. Y en este proceso, los regantes citados –con el amparo del gobierno de Castilla-La Mancha- plantean la segregación de una serie de espacios in­­­­­terfluviales de la futura demarcación, entre los cuales se situaría el de La Albufera, que de­­berían ser entonces gestionados por la Generalitat.

 

AVA-ASAJA rechaza en este sen­ti­do cualquier planteamiento que, como en el caso citado, pueda suponer una so­­­bre­explotación del Júcar o de sus afluentes. “De forma solapada lo que pre­ten­den es au­mentar el porcentaje de superficie y población vinculada a la comunidad manche­ga para así  tener más representación y disponer de más recursos hídricos a cos­­ta de los de los valencianos”, señala Aguado quien además no duda en advertir que a lo que también as­piran es “a trasladar la sede administrativa de lo que hoy es la CHJ a Albace­te”. AVA-ASAJA matiza que La Albufera se sostiene gracias a las aportaciones hí­dri­cas tan­to del Túria como del Júcar.

 

Tal cosa viene siendo así, al menos, desde el siglo XVIII cuando el área de la Acequia Real del Júcar se amplió para regar otros diez mu­ni­cipios, en­gar­zan­do el suministro de la Ribera Alta con el de la Ribera Baja (Silla, Sollana, Al­ba­lat…). Los sobrantes de los regadíos de la comarca de La Ribera del Júcar son fun­damentales para que las aguas de La Albufera no sean salobres pero, más allá de eso, son claves para oxigenar y regenerar las aguas del lago, para dar vida a la flora y fauna allí consolidada, en definitiva, para mantener un entorno como el que hoy conocemos que merece su protección como parque natural.

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