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La gravedad de la crisis citrícola provocó que en 2007 se redujeran a la mitad el número de plantones comercializados en la Co­mu­­­­­nitat, que suele acaparar entre el 70 y el 80% de las ventas del conjunto del país. Efec­­tivamente, du­ran­te el pasado año sólo se cer­ti­fi­ca­ron 2,17 millones de plan­tones en la Comunitat cuando en 2006 esta cifra as­­­cen­dió a 4,34 millones. Como refleja el Grá­­fico 1, 2007 fue el se­gundo año con­­­secutivo con descensos en las ventas de los vi­­veros.

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El campo valenciano sufre por cuarto año consecutivo una dramática sequía que ya ha empezado a causar graves daños en frutas y hortalizas e, incluso, pone en peligro el arbolado y la plantación de muchos cultivos de primavera. Ante tal déficit hídrico, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a las administraciones una ley extraordinaria que garantice una rentabilidad digna e indemnizaciones por no usar el agua suficiente para cultivar y disponer agua tan sólo para asegurar la subsistencia de los árboles.

 

 

 

 

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El director de la Entidad Nacional de Seguros Agra­­­­­rios (ENESA), Fernando Bur­­gaz, advirtió hoy que “España está obli­ga­da a dar la ta­lla” en el desarrollo del futuro seguro de ingresos y el líder de AVA-ASAJA, Cris­tó­­bal Agua­do, le instó por ello a “copiar” o al menos considerar los modelos de pólizas que ya se han implantado en EEUU y Ca­­nadá para proteger la renta de los agr­i­cul­tores frente a las crisis de pre­cios.

 

 

 

 

 

 

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AVA-ASAJA y LA UNIÓ-COAG alertan que si Bruselas con­tinúa pro­­hibiendo y restringiendo el uso de plaguicidas, la producción hortofrutícola cae­rá drás­ti­camente entre un 30% y un 40%, lo que acabará por inducir una fuerte subida de los pre­cios para el consumidor. “Si eliminan la mayor parte de fitosanitarios, los que queden serán me­nos efi­ca­ces, resultarán más caros y se provocará una fuerte caída de la cosecha que se tratará de compensar con importaciones de países ter­ceros, que son precisamente los que más incumplen las normativas europeas en esta materia”, denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

 

 

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AVA-ASAJA advierte que si Bruselas no se de­­cide en breve a aprobar las medidas proteccionistas que prometió activar contra la sat­­­­­su­­ma en conserva de China, se podría provocar la ruina tanto para los pro­duc­tores de esta variedad como para las pocas fábricas que aún quedan. Des­de que el 8 de no­viembre venció la cláusula de sal­va­guardia con­­­­­tra el productor asiá­tico, la in­dustria de gajos de esta procedencia viene colocando su pro­­duc­to en Europa a un precio inasumible para las conserveras españolas.

 

 

 

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AVA-ASAJA atribuye el expediente san­cio­na­dor abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra la pa­tronal ali­men­taria (FIAB) a la falta de una regulación que dé transparencia al proceso de fi­ja­ción de los pre­cios. Para su presidente, Cristóbal Aguado, “lo importante no debiera ser si se ha dado un acuerdo o no entre las partes para su­bir o bajar los precios, sino si la situación del mercado genera una relación de explotación que afecte a alguno de los eslabones de la ca­de­na y para evitarlo la solución pasa por aprobar una Ley de Comercio sobre márgenes”.

 

 

 

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La Asamblea General Ordinaria de AVA-ASAJA ha aprobado hoy -a pr­o­puesta de su presidente, Cristóbal Aguado- crear ‘ban­cos de tierras’ de ges­tión local con los que fre­­nar el proceso de abandono de cam­pos que se está dan­do a con­­se­cuen­cia de la crisis agraria. Con idéntica finalidad, sus delegados locales pedirán a sus ayun­tamientos que concedan ayudas a los pro­duc­tores por su labor co­­mo mantenedores del paisaje rural.

 

 

 

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AVA-ASAJA denuncia que la desmesurada im­­portación de arroz blanco impidió consolidar la mejoría en las cotizaciones para los productores de la Albufera, que por primera vez en lustros se situó en el umbral de rentabilidad para este cultivo. Efectivamente, pese a mantener grandes tonelajes de cereal del año pa­sado, la industria arrocera valenciana incrementó sus compras al extranjero un 126% en 2007 hasta llegar a un valor récord 7,36 millones de euros.

 

 

 

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AVA-ASAJA exige al Gobierno de España que mantenga el actual régimen de tarifas eléctricas especiales para riego con el objetivo de que las serias dificultades económicas que atraviesan los agricultores, como son el elevadísimo incremento de los costes de los fertilizantes y del gasóleo agrícola, no se vean agravadas en los próximos meses con otra subida, que multiplicaría por más de dos, el precio de riego.

 

 

 

 

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