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 Los precios de la campaña citrícola si­guen la tendencia inversa a la de los costes agrícolas. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el incremento de los precios de estos imputs desde diciembre de 2007 llega hasta un 234%, lo que agrava la crisis de los citricultores que están obteniendo en su mayoría precios a pérdidas. Un informe de los servicios técnicos de AVA-ASAJA revela que todos los abo­nos químicos de uso común se han disparado por encima de los dos o incluso tres dí­gitos.

 

Así, el ácido fosfó­rico ha pasado en el último año de 0,32 a 1,07 €/kg (234%), el fosfato monoamónico de 18,3 a 48,7 €/25 kg (166%), el nitrato potásico de 12,5 a 29,2 €/25 kg (133%) y el sulfato potásico cristalino de 11,5 a 24,3 €/25 kg (119%), entre otros. Junto a ello, no hay fitosanitario básico que no haya subido sus precios en el último año.

 

Como refleja el gráfico, el acaricida contra la ‘araña roja’ se ha disparado un 15,91%, contra el ‘piojo rojo de California, un 21,6%, contra la mosca de la fruta, un 11,95%; los tres herbicidas más comprados lo han hecho un 102.1%, un 61,6% y un 17,6%... El único coste que ha disminuido desde el comienzo de la campaña citrícola ha sido el gasóleo.

 

Sin embargo, los productores iniciaron la campaña con un precio disparado de 1,07 euros/litro y con este coste realizaron el grueso de labores agrícolas. Desde entonces, el litro de carburante ha bajado un 40% pero lo ha hecho a un ritmo muy inferior al precio del petróleo de referencia (barril de Brendt), que ha caído en ese mismo periodo un 70%. “El brutal desequilibrio que se genera entre costes y precios en origen está llevando los citricultores a la ruina”, denuncia Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. “Desde hace años que reivindicamos que el Observatorio de Precios no debe ser un mero ente para acumular estadísticas sino que debería servir para detectar abusos en la cadena y actuar en defensa del eslabón más débil, el agricultor”, sub­raya Aguado, quien también reivindica una Ley de Comercio para “dar solución na­cional a un problema que es igualmente nacional pero sólo de los citricultores, no del resto de la cadena agroalimentaria”. 

 

Según este órgano, de hecho, los precios en el campo de la naranja Navelina se han hun­di­do en sólo tres semanas (del 17 de noviembre al 7 de diciembre) un 39,27% hasta si­tuarse 0,089 euros/kg, cuando los costes producción se sitúan en 0,18 euros/kg. Por su parte, desde que comenzó la campaña, las cotizaciones en origen de las clementinas han caído casi un 60% (de 0,30 euros/kg a 0,13 en la primera se­ma­na de este mes), cuando el coste de producción se sitúa en 0,22 euros/kg.

 

En los comentarios que elabora el propio Mi­nisterio de Medio Ambiente y Me­dio Rural se atribuye esta situación a la “abundante ofer­ta de bajos calibres” lo que refrenda que, como viene denunciando AVA-ASAJA, no se está cumpliendo el acuerdo de ta­maños mínimos que pactó In­tercitrus a prin­cipios de octubre. “Hasta los datos del propio Gobierno, con ser mucho menos dra­máticos de la propia rea­li­dad, confirman la gravedad de la crisis. La Administración, pese a conocer los he­chos, sigue negándose a actuar por lo que tenemos más motivos que nunca para mo­vilizarnos y acudir al paro general que se realizará antes de finalizar el año”, advierte Aguado.

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La UNIÓ de Llauradors i Ramaders (LA UNIÓN), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano (UPA-PV) han confirmado la convocatoria de una huelga general del sector citrícola para fechas próximas a la festividad de Navidad. Las organizaciones agrarias quieren expresar el hondo malestar por el hundimiento de la campaña de clementinas y navelinas forzado por la gran distribución europea y sensibilizar a la Administración para que en breves fechas consensúe un plan de choque a corto plazo. 

 

 

Por eso, los convocantes han reclamado mantener un encuentro con carácter de urgencia con los máximos responsables de sendas administraciones, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa. 

 

Los representantes de la inmensa mayoría de citricultores valencianos aspiran a que el paro citrícola sirva también para evidenciar la importancia estratégica de un sector que, juzgan, no ha sido atendido ni en las últimas fechas ni en los últimos años como se merece. Una actividad que, sólo en la Comunidad Valenciana, da empleo directo e indirecto a más de 150.000 personas pero que, hasta el momento, no ha merecido mayor desvelo por parte de las autoridades. LA UNIÓ, AVA-ASAJA y UPAPV consideran a este respecto que la citricultura, valenciana y española, merece ser tratada como el sector estratégico que siempre ha sido, clave entre otras cosas para equilibrar la balanza comercial por lo que se merece la misma atención que se ha tenido con otras industrias que, pese a las ayudas, ya han comenzado a destruir empleo.

 

La movilización convocada está abierta a la adhesión de los comercios citrícolas, cooperativos o privados, que a nivel representativo o particular quieran sumarse, tanto a nivel autonómico como nacional. Los citricultores valencianos quieren, de otro lado, mandar un mensaje claro y de unidad a la gran distribución española y europea que con su actitud ha logrado romper nuevamente la cadena alimentaria a sabiendas de que está obligando a su eslabón más débil, el productor, a vender su producto a pérdidas. 

 

Durante las últimas jornadas, las organizaciones agrarias firmantes han consensuado un paquete de medidas a corto y medio plazo que esta misma tarde serán presentadas a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y que en breve serán trasladadas también a la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Como en el caso del paro, las organizaciones agrarias valencianas matizan que la propuesta planteada podría enriquecerse con las aportaciones del resto de representantes del sector. La situación del sector es insostenible y es tan crítica como lo manifiestan los datos del Observatorio de Precios impulsado por el propio Gobierno.  

 

Así, según reflejan sus propias estadísticas, desde el comienzo de la campaña los precios en origen de las clementinas se han hundido un 50% (de 0,30 euros/kg a 0,15 en la última semana de noviembre), cotizaciones que son las peores de la historia sólo superadas por las registradas en la campaña 2006/07 (0,12 euros/Kg). Y lo mismo se podría decir de la Navelina, que acumula también una caída del 45% en lo que llevamos de temporada (de 0,18 euros a 0,10). En ambos casos, se constata que el sector viene trabajando a pérdidas, sin cubrir siquiera los costes de producción.

 

Los datos, sin embargo, no reflejan la realidad objetiva de un sector que se encuentra en una situación mucho más dramática, que está siendo aprovechada por el comercio privado para extender nuevamente la perniciosa práctica del ‘a comercializar’.

 

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AVA-ASAJA rechaza que el Ministerio de Medio Am­­­biente y Medio Rural, para cumplir con su última promesa y dedicar a destilación una ayu­­da de 700 euros/Ha, recurra a detraer fondos de los nuevos planes de reconversión y rees­tructuración de viñedos a los que aspiran cientos de viticultores valencianos. La or­ga­ni­za­ción agraria denuncia que la improvisación con la que el Gobierno cen­tral está abordando el decreto para definir las medidas del programa de apoyo al sector vi­ní­cola, está añadiendo incertidumbre al mercado.

 

“Están reaccionado tarde y mal, con sucesivos borradores que han si­do modificados según las presiones recibidas y ahora se quiere salvar la situación pri­man­do los intereses de una región vinícola a costa de los de las más necesitadas, como es el ca­­so de la Comunitat”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Agua­­do. 

 

Efectivamente frente al clamor del sector -que sigue reclamando medidas de crisis para descongestionar el mercado- el departamento de Elena Espinosa ha ido presentando al sector hasta tres borradores de decretos. El primero se dio a conocer el 10 de octubre y en él se aprobaba una ayuda para la destilación de uso de boca de 450 euros/Ha que podrían beneficiar a 176.060 hectáreas.

 

A finales de noviembre, el propio secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, anunció en una visita a Castilla-La Mancha, que esta ayuda se po­dría elevarse hasta los 700 euros. Al poco se presentó un segundo borrador en el que se aclaraba que con tales cantidades la superficie beneficiada tendría que limitarse a 113.181 Ha. Finalmente, el departamento de Elena Espinosa ha cambiado por tercera vez de criterio y el decreto que podría haber enviado al Consejo de Estado para su consulta ha vuelto a ser trastocado en su anexo clave, el XIII, que se refiere a los fondos para destilación y que ahora volverán a aplicarse sobre un área de 176.060 Ha. 

 

Atendiendo a la nueva prioridad marcada -que beneficia básicamente a una sóla re­gión, donde se concentran las alcoholeras, en detrimento del resto de zonas vinícolas- pa­ra aten­der la destilación de la producción para tal superficie, la Administración central ne­ce­si­ta­ría desviar de los fondos ya asignados por la OCM del Vino al programa nacional unos 44 millones más. Es decir, en to­tal, España tendría que destinar 123,4 millones a la destilación cuando sólo tiene pre­su­pues­tados 79,22.  

 

AVA-ASAJA denuncia a este respecto que, al retraso que ya acumula el Gobierno en la aprobación de este decreto, habrá que sumar el que ahora supone que el Consejo de Es­ta­do se tenga que pronunciar al respecto, lo que podría aplazar otra vez su publicación has­ta fi­na­les de enero o principios de febrero. “El ministerio está usando triquiñuelas para dejar sin margen de reacción a los viticultores, que tendrán muy poco tiempo para solicitar las ayudas a la reconversión y reestructuración, con lo que podrá desviar parte de estos rec­ur­sos a la destilación que tanto le piden otros”, denuncia Aguado.

 

Efectivamente, si en marzo no se han gastado la totalidad de los fondos, la OCM permite al Estado miembro re­distribuir los ‘sobrantes’ a otros conceptos del plan, como la destilación. La viticultura de la Comunidad Valenciana sería de las más perjudicadas por este re­corte en tanto los planes quinquenales para la reconversión y reestructuración deben ini­ciarse ahora en la mayoría de los casos. De los 86,8 millones de euros aprobados para este concepto, 35,9 están ya comprometidos, son ‘intocables’, puesto que deben asegurar la con­tinuidad de planes ya aprobados con anterioridad, que se concentran en una sóla región, que no es la valenciana. 

 

En este sentido y frente a los problemas generados en esta campaña y los que seguro se darán también para la próxima, AVA-ASAJA recuerda que siempre ha reclamado la eliminación del periodo transitorio del pago único, lo que eliminaría tremendamente las cargas burocráticas y garantizaría un reparto más justo de los fondos.

 

Corte de voz de Luis Herrerías, técnico de AVA-ASAJA en 'descargas relacionadas'

 

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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders (La Unión), Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón rechazan la valoración que ayer realizaron sobre la marcha de la campaña citrícola tanto la con­se­llera de Agricultura, Maritina Hernández, como la secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, Alicia Villauriz, para descartar la necesidad de poner en marcha un plan de choque.

 

 

Es más, las or­ga­nizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana lamentan muy especialmente que su res­ponsable au­to­nómica  considere “razonables” los precios que vienen recibiendo los cit­ri­cultores du­­ran­te estos meses cuando en la práctica es un clamor la ruina que éstos su­ponen puesto que en la mayoría de casos el productor ni siquiera podrá cubrir los cos­tes. Por no hablar de los miles de productores que, afectados por la falta de demanda y la extensión de la venta ‘a resultas’, han visto cómo sus clementinas –decenas de miles de to­ne­ladas de ellas– se han quedado sin recoger en el árbol. 

 

En primera instancia, los representantes de los citricultores quieren desmentir que las dificultades por las que atraviesa el sector sean de carácter coyuntural. La gran cantidad de parcelas citrícolas que se han abandonado a su suerte durante estos últimos años así como la falta de relevo generacional son el mejor reflejo de que los problemas del sector son evidentemente estructurales. Al menos así lo son para aquellos que los quieran apreciar  porque –como reza el dicho- ‘no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar’.

 

Pero siendo tal cosa así, es evidente que la situación que se ha consolidado durante estas últimas semanas es mucho más grave que una “tensa” coyuntura en los mercados, como lo describieron ayer desde sendas administarciones. Una valoración que sorprende en tanto se con­tra­dice con la propia estadística emanada del Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Am­biente que a finales de septiembre hablaba de un precio en origen para la cle­men­ti­na de 0,25 euros/kg y que 20 días después lo dejaba en 0,15 euros/kg, lo que supone confirmar un desplome en tiempo récord del 40%. 

 

El sector productor estima que al acabar el mes de noviembre la cotización me­dia alcanzada por la clementina se sitúa en 0,11/0,12 euros/kg, esto es, a menos de la mi­­tad del umbral que permitiría al productor cubrir sus costes. En naranjas, la situación es pare­ci­da o incluso más grave porque las cotizaciones del mercado en fres­co se sitúan por debajo de tal cantidad y los precios de la industria de zumos ni si­quie­ra cubrirían los costes para la recolección. Es más, dado que la venta ‘a resultas’ se ha extendido a la mayor parte de la producción ya comercializada, las asociaciones de citricultores esperan que cuando lleguen las liquidaciones se confirmen cifras para el pro­­ductor aún si cabe menores o incluso negativas.  

 

Los representantes de los citricultores lamentan la actitud que viene man­te­nien­do el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en todo este asunto pero aún en­tienden menos la de la consellera Maritina Hernández, a la que se le presuponía un mayor grado de compromiso y, sobre todo, de conocimiento de las circunstancias del sector citrícola valenciano por evidentes razones de proximidad.

 

En este sentido, cues­ta entender que, justo un día después de que decidiera ampliar la campaña de com­pras de clementinas para hacer promociones de zumo, la consellera manifieste que tanto el comercio como las cooperativas “están trabajando a un ritmo adecuado, están haciendo sus expediciones a mercados a un buen ritmo y se mantiene la tensión adecuada a unos precios que son razonables para toda la cadena”.

 

Si tan idílica fuera la situación, ¿por qué la Generalitat está adquiriendo clementinas de destrío en lugar de aquellas con calibres y condición comercial óptima para hacer zumo? A las organizaciones agrarias les preocupa igualmente que quien tendría que mediar para reordenar la situación, para coordinar las actuaciones con otras Admi­nis­tra­ciones sólo se preocupe de tratar de desmovilizar a los agricultores descontentos para así justificar su propia pasividad. En este sentido, las asociaciones ratifican que, frente a la complacencia mostrada por la consellera, sí existen desde hace tiempo multitud de medidas puestas encima de la mesa de las administraciones que aún están pendientes de ser debatidas. 

 

En primera instancia, el sector lamenta que no se haya atendido la posibilidad de retrasar la fecha de presentación de contratos de la industria de zumos. Para el futuro, y con objeto de evitar el caos burocrático provocado entre los citricultores, las aso­cia­cio­nes reclaman al Gobierno central que se elimine el periodo transitorio del pago único de cítricos.

 

De igual manera se insiste en que el Gobierno avance en la aprobación de un seguro de costes y de una Ley de Comercio que acabe o minimice al menos los abusos generalizados en los márgenes comerciales y el abismo existente entre los precios en origen y destino y que prohíba la práctica del ‘a resultas’. A corto plazo, habría que reforzar los controles de calidad y fitosanitarios para los cítricos pro­ce­dentes de terceros países y mediar ante Bruselas para que la medida pudiera extenderse en el resto de países europeos.  

 

A la Administración autonómica se le ha reclamado hasta la saciedad que arbitre un sistema de concertación social agroalimentario, tal como está previsto en la Ley de Desarrollo Rural valenciana. También se le ha reclamado reiteradamente que condicione la concesión de ayudas a la industria agroalimentaria a aquellas em­presas que en el campo compren a precios justos y dignos. Se le ha inquirido igualmente para que potencie aquella investigación más útil para el sector, como la referida a las nuevas variedades y patrones, la lucha biológica y la mecanización de las labores citrícolas, sobre todo, de la recolección.

 

De igual manera, convendría recordar que ha­ce casi un año y medio que no se tiene ninguna noticia del Observatorio de Precios Agrarios de la Comunidad Valenciana. A corto plazo, se ha insistido en que la pro­moción de clementinas para zumos impulsada tenga un tonelaje significativo y que sea respaldada por actuaciones similares en otras autonomías citrícolas e incluso cuente con financiación estatal.

 

En idéntico sentido, en su momento se denunció que el ma­ni­do plan de reconversión varietal de cítricos en absoluto serviría para regular la pro­ducción si se mantiene la superficie -18.000 Ha en toda España- y el mínimo presu­puesto aprobado, por lo que conviene ampliarlo. De cualquier manera habría que matizar que en sus actuales términos, como en el caso de las promociones en el extranjero que la consellera también viene destacando, en absoluto servirían para aliviar un problema que afecta exclusivamente a los productores.  

 

Si a la crisis de precios y rentabilidad sumamos la irresponsabilidad política que supone negar la realidad es evidente que están más justificados que nunca la realización de actos reivindicativos contundentes.

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA), La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, Unión de Pequeños Agricultores (UPAPV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón desautorizan la valoración ‘idílica’ de la marcha de la campaña citrícola que el presidente de Intercitrus, Antonio Muñoz, vino a manifestar ayer a los medios de comunicación tras la Asamblea de la Interprofesional Española de Cítricos.

 

 

Las organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana rechazan que el presidente de Intercitrus, sea del colegio que sea, haya hecho valer su opinión personal para desvirtuar el planteamiento que comparten totalmente las organizaciones agrarias, las cooperativas y buena parte del comercio privado y que confirman un hundimiento de precios y la necesidad de tomar medidas.

 

A este respecto, y preguntado por la posibilidad de la convocatoria de una huelga general citrícola en el ámbito nacional, Muñoz declaró a la agencia Efe que “hay que estudiarla pero, lo mejor es que cada uno se dedique a su trabajo, que ahora sí que hay”. De igual manera, el presidente de Intercitrus calificó de “al menos, sorprendente”, la posibilidad de consumar tal movilización.  

 

Las organizaciones de productores lamentan también la actitud confrontadora que mantiene Muñoz en el transcurso de las reuniones de la interprofesional, que sistemáticamente se aleja del posicionamiento conciliador que por su responsabilidad institucional debiera de tener y es exigible y más en situaciones tan delicadas como la presente. Según los representantes de los citricultores de la Comunidad Valenciana, si Antonio Muñoz desea realizar declaraciones a título personal, ya sea como operador comercial, industrializador o productor, primero debería dimitir como presidente de Intercitrus. No se cuestiona de ningún modo que sus palabras a nivel personal puedan ser ciertas, es decir, que su negocio citrícola obtenga una rentabilidad para él y los productores que confíen en él, pero no es el caso de la inmensa mayoría de citricultores que a día de hoy están perdiendo dinero. 

 

En referencia al paro general citrícola u otras movilizaciones, las organizaciones agrarias se van a reunir en los próximos días para consensuar las fechas más adecuadas para llevarlas a cabo. No obstante, resaltan que en principio, y sin haber todavía un acuerdo nacional de todas las organizaciones agrarias, no existen motivos para posponer hasta enero estas actuaciones. Si a los citricultores no se les garantiza en todos los tratos de venta hasta la campaña de navidad un precio que cubra los costes de producción y aporte un margen razonable de beneficios, no tendría sentido tal aplazamiento. 

 

Para los productores, seguir enviando fruta al extranjero perdiendo dinero no es de recibo porque, como reza un acertado refrán que solemos usar los valencianos, “más vale perder, que más perder”.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) prevé una merma en la producción de alcachofa del 50% en el Camp de Turia, especialmente en Benaguasil y Llíria, debido a que las intensas precipitaciones que se han producido durante octubre han causado una excesiva humedad en las plantaciones. Se dan casos, incluso, de propietarios que no han recogido las hortalizas y han “rotovatado” el campo como última salida a esta situación.

 

“El agricultor ya no aguanta más, el abandono de los campos es un hecho, la meteorología no ayuda y la inestabilidad de los precios tampoco”, señala el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado. “De hecho, hace seis años, se plantaban alcachofas en La Pobla de Vallbona, pero este año nada y en Benaguasil se ha abandonado la mitad de los campos”. 

 

En circunstancias normales, una hanegada de tierra dedicada al cultivo de la alcachofa produce durante los siete meses de cosecha entre 1.500 y 1.700 kilos, incluso hace años, esa cifra se superaba hasta sobrepasar con creces los 2.000 kilos.  

 

Mientras que en la temporada pasada, la producción de alcachofa rozó los 120 kilos por hanegada en una semana, este año, la producción se sitúa en torno a los 50 ó 60 kilos, es decir, la mitad. Las extraordinarias precipitaciones de otoño han afectado al primer brote del alcachofar así como a la siembra de coles, coliflores, lechugas, acelgas y espinacas, entre otras hortalizas.  

 

Además de las inclemencias del tiempo, el sector se encuentra con otro problema. Así,  desde inicios de la década, la industria conservera, que tiende a presionar a la baja los precios, exige ocho piezas por kilo para ser comercializadas lo que conlleva recogerlas de la planta con un tamaño demasiado pequeño, por lo que el agricultor, al vender con menos calibre, gana menos. 

 

“El estado de las matas no se recupera ya que no han podido absorber tanta agua y encima tenemos la presión de las conserveras. Hay campos que da lástima verlos, es para llorar”, destaca Aguado quien recuerda que “el año pasado heló a mitad de noviembre, pero como la campaña es larga, las plantas pudieron recuperarse, pero lo de este año es otra cosa más grave”. 

 

Pese a la merma de producción, el kilo de alcachofas ronda el euro aunque si el agricultor se implica en la comercialización y tiene posibilidad de elegir comprador puede venderlas entre 2,40 y tres euros el kilo. Sobre la conserva, los precios medios oscilan entre los treinta y los cuarenta céntimos de euro por kilo.

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Como en el caso de los cítricos, las compras en ori­­gen de vino se han paralizado en las últimas semanas casi totalmente a causa de la baja de­­­manda y de la crisis económica. Según estimaron ayer los miembros de la sectorial del Vi­no de AVA-ASAJA, si por estas fechas el año pasado se había pactado ya la venta de entre el 20 y el 30% de la producción vinícola de la provincia de Valencia, este año sólo se ha co­lo­cado el 10-12%.

 

Para la organización agraria, el retraso por par­­te del Mi­nis­te­rio de Medio Am­biente y Medio Rural en la aprobación de las ayudas que in­centivarán la des­ti­la­ción de uso de boca contenidas en la nueva OCM del Vino está con­tri­bu­yendo a sa­tu­­rar aún más el mer­cado e incrementar la incertidumbre entre viticultores, coo­perativas, bo­de­gas y el propio co­mercio. 

 

En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que esta si­tuación “era previsible porque ya advertimos que la nueva OCM del Vino, al reducir o eli­­minar los mecanismos de regulación, iba a dejar sin defensas al viticultor y al comercio con las que hacer frente a las oscilaciones del mercado”. En la misma línea se manifestaron los miembros de la sectorial del Vino de la organización agraria, cuyo presidente, José Luis Robredo, tildó de “inexplicable” el retraso que acumula el Gobierno en la publicación de la nor­mativa española de aplicación del programa de apoyo al sector.

 

El vacío regulativo afec­ta es­pe­cial­mente a lo concerniente a las entregas obligatorias de vino que tienen que rea­li­zar las bodegas para asegurar el cobro de las ayudas de superficie por parte de los vi­ti­cul­to­res. “El parón en las compras no tiene precedentes y se está prolongando tanto porque, a la fal­ta de demanda, se le une ahora la falta de concreción de las ayudas para la destilación de uso de boca”, explica Robredo.  

 

Los miembros de la sectorial atribuyeron también la congestión que ahora sufre el mer­cado a la entrada en los circuitos, coincidiendo con el inicio de la vendimia, de los caldos de la campaña anterior que obtuvieron prima de almacenamiento. “El ministerio no apro­ve­chó el inicio de la vendimia para sacar el real decreto y anunció hace casi un mes que iba a ele­var la prima para la destilación pero, desde entonces, no ha movido ficha, lo que ha con­tri­buido a que los operadores retrasen también sus operaciones. Se ha perdido un tiem­po pre­cioso, una oportunidad que otros países como Italia han aprovechado ya pa­ra copar has­ta un 60% de la cuota que pertenecía al mercado español”, denuncia Aguado.

 

Corte de voz: José Luis Robredo, presidente de la sectorial del vino de AVA-ASAJA

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El presidente de AVA-ASAJA y presidente de la sec­­­­­­­torial de Frutas y Hortalizas de Asaja, Cristóbal Aguado, convocará próximamente a los re­­­presentantes na­cionales de esta asociación para analizar la convocatoria de una huelga ge­ne­ral del sector citrícola en todo el país. Aguado ha realizado este anuncio tras participar en una jor­­­­­­­nada organizada por Asaja-Córdoba y la Asociación Española de Lonjas y Mer­cados en origen (AELMO) con motivo de la celebración de la primera Lonja Nacional de Cítricos.

En el transcurso del encuentro, los representantes de AVA-ASAJA han podido com­pro­bar cómo la crisis citrícola que ha hun­dido el ini­­­­­­­cio de la campaña de clementinas afec­ta con igual intensidad a la co­mer­cialización de na­ran­­­jas en Andalucía y en líneas generales a todas las zonas pro­ductoras del país.

 

Tras ratificar el acuerdo, Asaja contactará con el resto de organi­zaciones agrarias nacionales, con la Confederación de Cooperativas Agra­rias de Es­paña (CCAE) así como con los comercios privados interesados en adherirse para que la convocatoria sea respaldada por la práctica totalidad del sector. “Apelo a la solidaridad de todos los eslabones del sector porque el problema que aho­ra sufrimos no sólo afecta a los citricultores sino a la dignidad de toda la actividad”, ma­ti­za Aguado, quien advierte que en esta ocasión “no permitiremos que la movilización sea enturbiada por intereses de terceros, como ya ocurrió en 2006”, cuando se pactó un gran paro nacional para los días 14 y 15 de diciem­bre que fue desconvocado ‘in extremis’.

 

“Ahora no sólo queremos que se involucren en la solución a este conflicto Valencia, que ya ha dado un paso adelante, sino también Madrid e incluso pretendemos hacernos oír ante la Co­misión Europea, que también es corresponsable de la situación generada”, advierte el tam­bién vi­cepresidente de Asaja. 

 

AVA-ASAJA ha venido reclamando que las medidas para tratar de descongestionar el mercado en fresco no sólo deben proceder de la Consejería de Agricultura valenciana, sino que han de ser secundadas por el resto de administraciones autonómicas de las zonas citrícolas españolas así como por el propio Gobierno central. De igual manera, ante las limitaciones que en este sentido ha impuesto la nueva OCM de Frutas y Hortalizas en cítricos, esta organización reclamará a Bruselas medidas excepcionales para tratar de salvar la situación. “Nos haremos oír en Valencia, pero también en Murcia, Sevilla, Barcelona, Madrid y por supuesto que también en Bruselas”, advierte Aguado.  

 

De ahí que, junto al paro nacional y a las manifestaciones y protestas que se puedan pactar para pre­sionar a las administraciones y centros de la gran distribución europea,  AVA-ASAJA pro­ponga realizar una en concreto frente de la delegación de la Comisión Europea en Madrid. “Si no actuamos ya, volveremos a sufrir una campaña ruinosa y, tras tres consecutivas acumulando pérdidas, el abandono de decenas de miles de citricultores y la destrucción de cientos de miles de trabajos será un mal ya inevitable”, concluye el pre­sidente de AVA-ASAJA.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide que se potencie la cría del caracol autóctono en granja frente a las importaciones de caracol silvestre de América del Sur o África. “Es fundamental que sepamos aprovechar las oportunidades que nos da el mercado y el caracol es una fuente de ingresos complementaria”, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien ha reivindicado  “crear una imagen de marca que nos distinga en calidad y en competitividad”.

Estas palabras las ha pronunciado ante medio centenar de personas que han participado en la Jornada Técnica de Helicicultura celebrada esta mañana en la sede de AVA-ASAJA con el objetivo de conocer más de cerca la situación actual del sector y sus perspectivas de futuro. 

 

El director técnico de la Organización Interprofesional del Caracol de Crianza (Interhélix), Agustín Calvo, ha destacado que “el consumo del caracol en España, a pesar de ser ancestral y milenario, se asocia a momentos lúdicos y festivos y no a un consumo diario pese a contener gran aporte de proteínas, vitamina C, sales minerales y tener muy pocas calorías”. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar el consumo de ejemplares criados en granjas porque de esta manera “estamos garantizando una trazabilidad, respeto a la fauna autóctona, sabor y carne homogéneos y una higiene y seguridad alimentaria”. 

 

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol, José Antonio Marcelo, ha centrado su exposición en hablar de la especie que más se comercializa en España, la helix aspersa müller. Actualmente, existen en el mundo unas 25.000 especies de caracol, 5.000 de ellas son terrestres y sólo en la Península Ibérica viven unas 600 especies. Marcelo asegura que los caracoles tienen un índice de mortandad del 70% en su primer mes de vida y han conseguido reducirlo al 50% en el segundo mes tras muchas horas de investigación. En este sentido, ha añadido que nos encontramos “en pañales en temas de genética”. 

 

Hoy en día existen en España cerca de 100 granjas de cría de caracol con una producción media de 20.000 kilos por explotación. El consumo nacional ronda las 18.000 toneladas al año aunque sólo el 5% es caracol de granja, el resto es de campo o silvestre y procede de países terceros. Las importaciones alcanzan las 11.228 toneladas mientras que sólo exportamos 552 toneladas. El consumo nacional se centra en las regiones mediterráneas además de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco.  

 

El encargado de clausurar la Jornada ha sido el Jefe de Área de Mejora de la Competitividad Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, Vicente Granel, quien ha reconocido que el sector aún es incipiente y minoritario en nuestra comunidad y adolece de una legislación mucho más específica. Así, aboga por agilizar los trámites burocráticos en temas cruciales como el registro de sanidad animal. 

 

A día de hoy existen dos granjas de cría y engorde de caracoles en la Comunidad Valenciana situadas en Morella y Bétera, esta última en fase de registro. 

 

Corte de voz de Ximo Gómez, técnico de AVA-ASAJA.

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