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AVA-ASAJA denuncia la “mala fe” demostrada por el Mi­­nisterio de Industria que, presionado seguramente por las eléctricas y sin ad­ver­tirlo ni ne­go­ciarlo con las organizaciones agrarias, ha impuesto cam­bios de última hora en los horarios que marcan los precios de los riegos de alta tensión así como en las tarifas de baja tensión. Así lo re­co­ge hoy, 31 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la orden ITC/3.801/2008 de 26 de diciembre por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2009.

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Según un estudio de AVA-ASAJA, en lo que lle­va­mos de campaña los citricultores acumulan ya 134 millones de eu­­ros en pérdidas a cau­sa de la ‘venta a pérdidas’ a la gran distribución por parte del co­mer­cio. El dato ha sido anun­ciado esta mañana por el presidente de esta or­ganización, Cristóbal Agua­do, en el trans­curso del tradicional balance agrario anual.  Para Aguado, 2008 viene mar­ca­do, además, porque el problema estructural de aban­dono de campos y de falta de re­levo ge­neracional en el campo se ha acelerado por el “brutal” aumento de todos los costes de pro­duc­­ción –fitosanitarios, fertilizantes, energéticos para el riego y el gasóleo- ade­más de por el nue­­vo repunte en la inseguridad en el campo, que ya ha provocado el primer incidente en el que un agricultor se ha defendido a tiros frente a los delincuentes.

 

El líder de AVA-ASAJA, además, ha achacado la desconvocatoria del paro citrícola no sólo a la bu­ena pre­dis­posición ne­go­ciadora de la Generalitat sino fundamentalmente a la falta de “im­pli­cación” del co­mercio en la movilización. La presión de la gran distribución ha provocado, según el citado estudio, que la co­mer­cialización de mandarinas clemenules/orogrande se haya realizado a una media de 0,12 €/kg por de­bajo de los costes, lo que ha supuesto unos 72 millones de euros de pérdidas asumidas por los ci­tri­cul­tores.

 

En idéntico sentido, la venta de na­ran­jas Navelina acu­mula un déficit 0,06 €/kg lo que supondrá que el citricultor sufra una merma en sus rentas de otros 42 millones. Por último, las clementinas (Oroval, Ma­ri­sol, Mioro, Loretina, Oronules, Nules y Orograndes) que no se recolectaron por los da­ños causados por las lluvias de octubre o por el exceso de madurez acumulado suponen otros 20 millones. “En cualquier empresa, la venta a pérdidas supondría su de­sa­parición. El abuso de la gran distribución está matando a los citricultores y está impidiendo que el sector agrario sea el motor para salir de la crisis”, ha de­­nunciado Aguado. En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA ha alertado que la permisividad del co­mercio citrícola con la venta a pérdidas -sabiendo que pese al incremento de la pro­ducción la fruta comercial está siendo la misma que en la temporada pasada- supone el “inicio de una nueva y penosa etapa en la citricultura”.

 

En este mismo sentido ha matizado que, frente a esta situación, las principales organizaciones agrarias va­lencianas convocaron un paro ci­trí­cola que, finalmente, ha tenido que ser suspendido no tan­­to por la buena disposición a la negociación de la tabla reivindicativa propuesta a Gene­ra­­litat, sino por la falta de “im­pli­cación” de los operadores comerciales valencianos. “La ma­yo­ría no estuvo dispuesto a no trabajar y sólo el comercio es el que tiene capacidad para paralizar la cadena”, ha asegurado Aguado quien, pese a todo, ha reseñado que en “algún momento se tendrá que hacer una gran protesta”.  

 

Por otra parte, el dirigente agrario ha lamenta­do la falta de atención al sector citrícola prestada por el Ministerio de Medio Ambiente y Me­dio Rural, que re­cien­temente se limitó a contestar por carta a la petición de una reunión urgente con la ministra Elena Espinosa remitiendo la cuestión al secretario general del departamento, Josep Puxeu. “La falta de interés de­mostrada por el Gobierno con un sector que da trabajo diariamente a más de 150.000 per­so­nas con­tras­ta con la atención prestada a otros sectores como la banca, la construcción o los au­to­mó­viles. Tomamos nota”, ha remarcado Aguado.  

 

El año 2008 será recordado también por el espectacular repunte de todos los fac­tores de producción. Así, durante el ejercicio que ahora acaba la subida del precio de los fitosanitarios se ha situado entre el 8 y el 102% y la de los fertilizantes entre el 36 y el 234%. De igual manera, en el momento en el que se concentraron la mayor parte de las labores agrarias que son mecanizadas (inicio de la campaña arrocera, citrícola y la vendimia) el gasóleo agrícola alcanzó su máximo con una subida de en torno al 60%.

 

Por último, la energía eléctrica necesaria para la extracción de las aguas subterráneas del regadío va­lenciano se ha encarecido un 30% por efecto de la llamada liberalización de las tarifas y, en el caso de las comunidades de regantes que no hayan formalizado nuevos contratos, la su­bi­da acumulada llega ya al 50% debido al recargo sumatorio aplicado todos los meses. “La liberalización de la energía no es real, entre otras cosas, porque deberíamos tener la posibilidad de ir a contratar la electricidad allá donde ésta sea más barata, como en Francia”, ha denunciado Aguado. 

 

Para finalizar, el líder agrario ha lamentado la escalada de inseguridad que, lejos de remitir, azota al campo. Así, ha aludido a los últimos desgraciados incidentes en los que varios agricultores resultaron gravemente agredidos, apaleados incluso, por los delincuentes en sus propias propiedades. Una oleada de robos de cosechas, en pozos de riego y granjas que en las últimas fechas provocó que un agricultor hastiado por la situación repeliera a unos atacantes con tiros. “Lo veníamos advirtiendo y al final ha pasado. Es necesaria una acción conjunta de todas las administraciones para garantizar mayor seguridad en el campo y que el Gobierno se decida, de una vez por todas, a promover cambios en el Código Penal para endurecer este tipo de delitos. Si no es así todo esto irá a peor”, ha advertido Aguado.

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El 18 de diciembre el Consejo de Euro­pa y el Par­­­­lamento Europeo (PE) llegaron a una posición común sobre la futura regu­la­ción de fitosanitarios de cara a la votación de me­diados de enero en el legislativo europeo. AVA-ASAJA valora algunos de los cambios introducidos sobre la ‘apocalíptica’ propuesta de la Co­misión de Medio Ambiente del PE pero advierte de que el alcance del acuer­do dependerá de su redacción y previsiblemente, su de­sa­rrollo dejará un amplio margen de interpretación tanto a los Es­ta­dos miembros como a Bru­selas.

 

“En cuanto se apruebe la pro­puesta habrá que estar muy atentos a la fase de redacción tanto de la directiva como del reglamento porque de la letra pequeña de­pen­derá buena parte del impacto negativo que, pese a todo, seguro se dará sobre la producción me­diterránea”, matiza el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien postula, además, la conveniencia de crear una mesa na­­cional donde se dé cabida a las autonomías y a los productores para coordinar la apli­ca­ción de la norma en nuestro país. 

 

 AVA-ASAJA lamenta que las instituciones europeas hayan ter­mi­­­­nado de perfilar el nuevo marco legal sin antes haber realizado un estudio sobre el impacto que éste su­pondrá tanto en la dis­­ponibilidad de materias activas como en la producción agrícola y sanidad ve­getal. De igual manera, la organización discrepa sobre la visión triun­falista que avanzó el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural la semana pasada, que señaló que el pacto al­canzado había logrado reducir la futura eliminación del 80% de las materias activas hoy usadas en la agricultura me­diterránea a sólo el 10%.

 

A este respecto, la or­ganización advierte de que sólo la de­fi­nición del criterio de exclusión referido a las materias que tengan efectos co­mo disruptor endocrino –que se ha quedado sin concretar- podría elevar mu­cho este por­centa­je. Por este motivo, AVA-ASAJA recomienda al Ejecutivo español que medie ante los europarlamentarios para que se vote de forma separa­da el texto referido a éste y al resto de criterios de corte planteados. En este sentido, cabe destacar que los fitosanitarios que en el futuro quedarán pro­hi­bidos dependerá del riesgo real que se estime para cada uno de esos criterios para lo cual se impone que tales análisis los realicen expertos científicos independientes. AVA-ASAJA valora como muy positivo el paso dado para la armonización de nor­mativas con la creación de tres zonas dentro de la UE en la que el reconocimiento de una sustancia activa por parte de un Estado miembro suponga la asunción de la misma por parte del resto.

 

Sin embargo se ha establecido una discrecionalidad, basada en circuns­tancias medioam­bientales o agrícolas, que amenaza con convertirse en un nuevo factor de distor­sión. En idéntico sentido la organización reconoce avances en cuanto a la excep­cionalidad permitida para mantener durante cinco años un producto amenazado de eliminación cuando éste no tenga alternativa y suponga una amenaza contra la salud vegetal. Junto a ello, se ha permitido justificar, por motivos excepcionales, posibles fumigaciones aéreas. La organización agraria valenciana se ha significado por su protagonis­mo en la discusión de esta normativa, que ha sido y es duramente criticada.  

 

Durante estos meses, miembros de AVA-ASAJA han aportado informes y mantenido encuentros con destacados miembros de todas las instituciones europeas involucradas y ha participado en seminarios, congresos y grupos de trabajo convocados a este respecto.

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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su “comprensión” al agricultor de Almenara que disparó a los ladrones que estaban hurtando alcachofas de su huerto, “dada la reiteración de los robos de cosechas y equipamientos de riego en el campo y dada la crispación y la desconfianza de los agricultores hacia una Administración que no cumple su respon-sabilidad para atajar la inseguridad en el medio rural”.

Durante la reunión de delegados de AVA-ASAJA celebrada ayer en Valencia, todos los delegados de la organización agraria criticaron la situación de los robos de “insostenible” y reclamaron por unanimidad “un endurecimiento del Código Penal que proteja a los débiles, los agricultores, que están sufriendo una oleada de delitos sin la justicia que reclama el sector agrario”. 

 

“Si hubiera una mayor vigilancia en el medio rural y se aplicara una justicia más dura para los delincuentes, los ladrones no robarían tantas veces y con tanta impunidad a gente como la detenida el miércoles en Almenara que lo que quiere es vivir como agricultor de una forma digna”, destaca Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, “pero con esta dejadez de responsabilidades de la Administración parece que quieran echarnos del campo”. 

 

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno pretende incluir cambios legislativos que penalicen la reincidencia de algunos delitos que generan una amplia repulsión social como el terrorismo, la pederastia y el tráfico de menores. “Es urgente que se refleje además penas más duras para la delincuencia organizada de las bandas especializadas en asaltos en el medio rural”, añade Aguado.

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La UNIÓ de Llauradors i Ramaders (La Unión), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)  y Unión de Pequeños Agri­cul­to­res (UPA-PV) –con la aquiescencia de las cooperativas agrarias valencianas, que se han mantenido a la expectativa de lo que fueran a disponer los principales sindicatos agra­­rios- han acordado esta mañana aplazar momentáneamente las pro­testas, in­clui­do el paro general convocado para fechas próximas a Navidad, tras comprobar la bue­na predisposición negociadora de la Conselleria de Agricultura.

 Las organizaciones agra­­rias valencianas retomarían la senda de las movilizaciones en el caso de que el Mi­­nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino no mostrase idéntica ac­ti­tud a la hora de concretar las medidas propuestas para aliviar la crisis citrícola a corto plazo y para co­rre­gir los problemas estructurales que tiene el sector.

 

La Administración autonómica ha transmitido en los últimos días a los re­pre­sen­­­­tantes agrarios valen­cia­nos su intención de asumir la mayor parte de reivin­di­ca­cio­nes contenidas en el documento conjunto suscrito por las tres entidades con­vo­can­tes del paro citrícola y que el pasado jueves fue entregado personalmente a la titular au­to­nó­­­­­mica de Agricultura, Maritina Hernández. Los representantes de los ci­tri­cul­­tores va­len­­­­cianos esperan ahora la reacción del departamento de Elena Espino­sa, que ayer re­­cibió la tabla reivindicativa que es de su ámbito competencial.

 

AVA-ASAJA, La UNIÓ de Llauradors y UPA-PV insisten en que en las actuales circunstancias se imponen medidas conjuntas que impliquen tanto a la Administración valenciana como a la central, que a su vez debe mediar para que los gobiernos del resto de regiones citrícolas también se involucren en las soluciones a la crisis. Es ne­cesario, por tanto, que se dé una actuación política, presupuestaria y geográficamente coordinada entre las máximas autoridades agrarias del país, incluidas las de And­alucía, Murcia, Cataluña y la Comunitat.

 

Las organizaciones que en su momento optaron por movilizarse para dar res­puesta al clamor de sus asociados ven ahora, tras constatar más de dos meses de campaña ruinosos, como el mercado en origen comienza a recuperarse. Un hecho que refuerza la necesidad de que los acuerdos que emanen de este proceso de diálogo no sólo incluyan un paquete de medidas de choque a corto plazo sino que además de­finan la hoja de ruta para evitar que en el futuro se puedan repetir si­tua­cio­nes tan crí­ti­­cas como las que viene sufriendo el sector repetidamente durante las úl­ti­mas cam­pa­ñas.

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 Los precios de la campaña citrícola si­guen la tendencia inversa a la de los costes agrícolas. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el incremento de los precios de estos imputs desde diciembre de 2007 llega hasta un 234%, lo que agrava la crisis de los citricultores que están obteniendo en su mayoría precios a pérdidas. Un informe de los servicios técnicos de AVA-ASAJA revela que todos los abo­nos químicos de uso común se han disparado por encima de los dos o incluso tres dí­gitos.

 

Así, el ácido fosfó­rico ha pasado en el último año de 0,32 a 1,07 €/kg (234%), el fosfato monoamónico de 18,3 a 48,7 €/25 kg (166%), el nitrato potásico de 12,5 a 29,2 €/25 kg (133%) y el sulfato potásico cristalino de 11,5 a 24,3 €/25 kg (119%), entre otros. Junto a ello, no hay fitosanitario básico que no haya subido sus precios en el último año.

 

Como refleja el gráfico, el acaricida contra la ‘araña roja’ se ha disparado un 15,91%, contra el ‘piojo rojo de California, un 21,6%, contra la mosca de la fruta, un 11,95%; los tres herbicidas más comprados lo han hecho un 102.1%, un 61,6% y un 17,6%... El único coste que ha disminuido desde el comienzo de la campaña citrícola ha sido el gasóleo.

 

Sin embargo, los productores iniciaron la campaña con un precio disparado de 1,07 euros/litro y con este coste realizaron el grueso de labores agrícolas. Desde entonces, el litro de carburante ha bajado un 40% pero lo ha hecho a un ritmo muy inferior al precio del petróleo de referencia (barril de Brendt), que ha caído en ese mismo periodo un 70%. “El brutal desequilibrio que se genera entre costes y precios en origen está llevando los citricultores a la ruina”, denuncia Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. “Desde hace años que reivindicamos que el Observatorio de Precios no debe ser un mero ente para acumular estadísticas sino que debería servir para detectar abusos en la cadena y actuar en defensa del eslabón más débil, el agricultor”, sub­raya Aguado, quien también reivindica una Ley de Comercio para “dar solución na­cional a un problema que es igualmente nacional pero sólo de los citricultores, no del resto de la cadena agroalimentaria”. 

 

Según este órgano, de hecho, los precios en el campo de la naranja Navelina se han hun­di­do en sólo tres semanas (del 17 de noviembre al 7 de diciembre) un 39,27% hasta si­tuarse 0,089 euros/kg, cuando los costes producción se sitúan en 0,18 euros/kg. Por su parte, desde que comenzó la campaña, las cotizaciones en origen de las clementinas han caído casi un 60% (de 0,30 euros/kg a 0,13 en la primera se­ma­na de este mes), cuando el coste de producción se sitúa en 0,22 euros/kg.

 

En los comentarios que elabora el propio Mi­nisterio de Medio Ambiente y Me­dio Rural se atribuye esta situación a la “abundante ofer­ta de bajos calibres” lo que refrenda que, como viene denunciando AVA-ASAJA, no se está cumpliendo el acuerdo de ta­maños mínimos que pactó In­tercitrus a prin­cipios de octubre. “Hasta los datos del propio Gobierno, con ser mucho menos dra­máticos de la propia rea­li­dad, confirman la gravedad de la crisis. La Administración, pese a conocer los he­chos, sigue negándose a actuar por lo que tenemos más motivos que nunca para mo­vilizarnos y acudir al paro general que se realizará antes de finalizar el año”, advierte Aguado.

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La UNIÓ de Llauradors i Ramaders (LA UNIÓN), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano (UPA-PV) han confirmado la convocatoria de una huelga general del sector citrícola para fechas próximas a la festividad de Navidad. Las organizaciones agrarias quieren expresar el hondo malestar por el hundimiento de la campaña de clementinas y navelinas forzado por la gran distribución europea y sensibilizar a la Administración para que en breves fechas consensúe un plan de choque a corto plazo. 

 

 

Por eso, los convocantes han reclamado mantener un encuentro con carácter de urgencia con los máximos responsables de sendas administraciones, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa. 

 

Los representantes de la inmensa mayoría de citricultores valencianos aspiran a que el paro citrícola sirva también para evidenciar la importancia estratégica de un sector que, juzgan, no ha sido atendido ni en las últimas fechas ni en los últimos años como se merece. Una actividad que, sólo en la Comunidad Valenciana, da empleo directo e indirecto a más de 150.000 personas pero que, hasta el momento, no ha merecido mayor desvelo por parte de las autoridades. LA UNIÓ, AVA-ASAJA y UPAPV consideran a este respecto que la citricultura, valenciana y española, merece ser tratada como el sector estratégico que siempre ha sido, clave entre otras cosas para equilibrar la balanza comercial por lo que se merece la misma atención que se ha tenido con otras industrias que, pese a las ayudas, ya han comenzado a destruir empleo.

 

La movilización convocada está abierta a la adhesión de los comercios citrícolas, cooperativos o privados, que a nivel representativo o particular quieran sumarse, tanto a nivel autonómico como nacional. Los citricultores valencianos quieren, de otro lado, mandar un mensaje claro y de unidad a la gran distribución española y europea que con su actitud ha logrado romper nuevamente la cadena alimentaria a sabiendas de que está obligando a su eslabón más débil, el productor, a vender su producto a pérdidas. 

 

Durante las últimas jornadas, las organizaciones agrarias firmantes han consensuado un paquete de medidas a corto y medio plazo que esta misma tarde serán presentadas a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y que en breve serán trasladadas también a la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Como en el caso del paro, las organizaciones agrarias valencianas matizan que la propuesta planteada podría enriquecerse con las aportaciones del resto de representantes del sector. La situación del sector es insostenible y es tan crítica como lo manifiestan los datos del Observatorio de Precios impulsado por el propio Gobierno.  

 

Así, según reflejan sus propias estadísticas, desde el comienzo de la campaña los precios en origen de las clementinas se han hundido un 50% (de 0,30 euros/kg a 0,15 en la última semana de noviembre), cotizaciones que son las peores de la historia sólo superadas por las registradas en la campaña 2006/07 (0,12 euros/Kg). Y lo mismo se podría decir de la Navelina, que acumula también una caída del 45% en lo que llevamos de temporada (de 0,18 euros a 0,10). En ambos casos, se constata que el sector viene trabajando a pérdidas, sin cubrir siquiera los costes de producción.

 

Los datos, sin embargo, no reflejan la realidad objetiva de un sector que se encuentra en una situación mucho más dramática, que está siendo aprovechada por el comercio privado para extender nuevamente la perniciosa práctica del ‘a comercializar’.

 

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AVA-ASAJA rechaza que el Ministerio de Medio Am­­­biente y Medio Rural, para cumplir con su última promesa y dedicar a destilación una ayu­­da de 700 euros/Ha, recurra a detraer fondos de los nuevos planes de reconversión y rees­tructuración de viñedos a los que aspiran cientos de viticultores valencianos. La or­ga­ni­za­ción agraria denuncia que la improvisación con la que el Gobierno cen­tral está abordando el decreto para definir las medidas del programa de apoyo al sector vi­ní­cola, está añadiendo incertidumbre al mercado.

 

“Están reaccionado tarde y mal, con sucesivos borradores que han si­do modificados según las presiones recibidas y ahora se quiere salvar la situación pri­man­do los intereses de una región vinícola a costa de los de las más necesitadas, como es el ca­­so de la Comunitat”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Agua­­do. 

 

Efectivamente frente al clamor del sector -que sigue reclamando medidas de crisis para descongestionar el mercado- el departamento de Elena Espinosa ha ido presentando al sector hasta tres borradores de decretos. El primero se dio a conocer el 10 de octubre y en él se aprobaba una ayuda para la destilación de uso de boca de 450 euros/Ha que podrían beneficiar a 176.060 hectáreas.

 

A finales de noviembre, el propio secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, anunció en una visita a Castilla-La Mancha, que esta ayuda se po­dría elevarse hasta los 700 euros. Al poco se presentó un segundo borrador en el que se aclaraba que con tales cantidades la superficie beneficiada tendría que limitarse a 113.181 Ha. Finalmente, el departamento de Elena Espinosa ha cambiado por tercera vez de criterio y el decreto que podría haber enviado al Consejo de Estado para su consulta ha vuelto a ser trastocado en su anexo clave, el XIII, que se refiere a los fondos para destilación y que ahora volverán a aplicarse sobre un área de 176.060 Ha. 

 

Atendiendo a la nueva prioridad marcada -que beneficia básicamente a una sóla re­gión, donde se concentran las alcoholeras, en detrimento del resto de zonas vinícolas- pa­ra aten­der la destilación de la producción para tal superficie, la Administración central ne­ce­si­ta­ría desviar de los fondos ya asignados por la OCM del Vino al programa nacional unos 44 millones más. Es decir, en to­tal, España tendría que destinar 123,4 millones a la destilación cuando sólo tiene pre­su­pues­tados 79,22.  

 

AVA-ASAJA denuncia a este respecto que, al retraso que ya acumula el Gobierno en la aprobación de este decreto, habrá que sumar el que ahora supone que el Consejo de Es­ta­do se tenga que pronunciar al respecto, lo que podría aplazar otra vez su publicación has­ta fi­na­les de enero o principios de febrero. “El ministerio está usando triquiñuelas para dejar sin margen de reacción a los viticultores, que tendrán muy poco tiempo para solicitar las ayudas a la reconversión y reestructuración, con lo que podrá desviar parte de estos rec­ur­sos a la destilación que tanto le piden otros”, denuncia Aguado.

 

Efectivamente, si en marzo no se han gastado la totalidad de los fondos, la OCM permite al Estado miembro re­distribuir los ‘sobrantes’ a otros conceptos del plan, como la destilación. La viticultura de la Comunidad Valenciana sería de las más perjudicadas por este re­corte en tanto los planes quinquenales para la reconversión y reestructuración deben ini­ciarse ahora en la mayoría de los casos. De los 86,8 millones de euros aprobados para este concepto, 35,9 están ya comprometidos, son ‘intocables’, puesto que deben asegurar la con­tinuidad de planes ya aprobados con anterioridad, que se concentran en una sóla región, que no es la valenciana. 

 

En este sentido y frente a los problemas generados en esta campaña y los que seguro se darán también para la próxima, AVA-ASAJA recuerda que siempre ha reclamado la eliminación del periodo transitorio del pago único, lo que eliminaría tremendamente las cargas burocráticas y garantizaría un reparto más justo de los fondos.

 

Corte de voz de Luis Herrerías, técnico de AVA-ASAJA en 'descargas relacionadas'

 

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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders (La Unión), Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón rechazan la valoración que ayer realizaron sobre la marcha de la campaña citrícola tanto la con­se­llera de Agricultura, Maritina Hernández, como la secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, Alicia Villauriz, para descartar la necesidad de poner en marcha un plan de choque.

 

 

Es más, las or­ga­nizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana lamentan muy especialmente que su res­ponsable au­to­nómica  considere “razonables” los precios que vienen recibiendo los cit­ri­cultores du­­ran­te estos meses cuando en la práctica es un clamor la ruina que éstos su­ponen puesto que en la mayoría de casos el productor ni siquiera podrá cubrir los cos­tes. Por no hablar de los miles de productores que, afectados por la falta de demanda y la extensión de la venta ‘a resultas’, han visto cómo sus clementinas –decenas de miles de to­ne­ladas de ellas– se han quedado sin recoger en el árbol. 

 

En primera instancia, los representantes de los citricultores quieren desmentir que las dificultades por las que atraviesa el sector sean de carácter coyuntural. La gran cantidad de parcelas citrícolas que se han abandonado a su suerte durante estos últimos años así como la falta de relevo generacional son el mejor reflejo de que los problemas del sector son evidentemente estructurales. Al menos así lo son para aquellos que los quieran apreciar  porque –como reza el dicho- ‘no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar’.

 

Pero siendo tal cosa así, es evidente que la situación que se ha consolidado durante estas últimas semanas es mucho más grave que una “tensa” coyuntura en los mercados, como lo describieron ayer desde sendas administarciones. Una valoración que sorprende en tanto se con­tra­dice con la propia estadística emanada del Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Am­biente que a finales de septiembre hablaba de un precio en origen para la cle­men­ti­na de 0,25 euros/kg y que 20 días después lo dejaba en 0,15 euros/kg, lo que supone confirmar un desplome en tiempo récord del 40%. 

 

El sector productor estima que al acabar el mes de noviembre la cotización me­dia alcanzada por la clementina se sitúa en 0,11/0,12 euros/kg, esto es, a menos de la mi­­tad del umbral que permitiría al productor cubrir sus costes. En naranjas, la situación es pare­ci­da o incluso más grave porque las cotizaciones del mercado en fres­co se sitúan por debajo de tal cantidad y los precios de la industria de zumos ni si­quie­ra cubrirían los costes para la recolección. Es más, dado que la venta ‘a resultas’ se ha extendido a la mayor parte de la producción ya comercializada, las asociaciones de citricultores esperan que cuando lleguen las liquidaciones se confirmen cifras para el pro­­ductor aún si cabe menores o incluso negativas.  

 

Los representantes de los citricultores lamentan la actitud que viene man­te­nien­do el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en todo este asunto pero aún en­tienden menos la de la consellera Maritina Hernández, a la que se le presuponía un mayor grado de compromiso y, sobre todo, de conocimiento de las circunstancias del sector citrícola valenciano por evidentes razones de proximidad.

 

En este sentido, cues­ta entender que, justo un día después de que decidiera ampliar la campaña de com­pras de clementinas para hacer promociones de zumo, la consellera manifieste que tanto el comercio como las cooperativas “están trabajando a un ritmo adecuado, están haciendo sus expediciones a mercados a un buen ritmo y se mantiene la tensión adecuada a unos precios que son razonables para toda la cadena”.

 

Si tan idílica fuera la situación, ¿por qué la Generalitat está adquiriendo clementinas de destrío en lugar de aquellas con calibres y condición comercial óptima para hacer zumo? A las organizaciones agrarias les preocupa igualmente que quien tendría que mediar para reordenar la situación, para coordinar las actuaciones con otras Admi­nis­tra­ciones sólo se preocupe de tratar de desmovilizar a los agricultores descontentos para así justificar su propia pasividad. En este sentido, las asociaciones ratifican que, frente a la complacencia mostrada por la consellera, sí existen desde hace tiempo multitud de medidas puestas encima de la mesa de las administraciones que aún están pendientes de ser debatidas. 

 

En primera instancia, el sector lamenta que no se haya atendido la posibilidad de retrasar la fecha de presentación de contratos de la industria de zumos. Para el futuro, y con objeto de evitar el caos burocrático provocado entre los citricultores, las aso­cia­cio­nes reclaman al Gobierno central que se elimine el periodo transitorio del pago único de cítricos.

 

De igual manera se insiste en que el Gobierno avance en la aprobación de un seguro de costes y de una Ley de Comercio que acabe o minimice al menos los abusos generalizados en los márgenes comerciales y el abismo existente entre los precios en origen y destino y que prohíba la práctica del ‘a resultas’. A corto plazo, habría que reforzar los controles de calidad y fitosanitarios para los cítricos pro­ce­dentes de terceros países y mediar ante Bruselas para que la medida pudiera extenderse en el resto de países europeos.  

 

A la Administración autonómica se le ha reclamado hasta la saciedad que arbitre un sistema de concertación social agroalimentario, tal como está previsto en la Ley de Desarrollo Rural valenciana. También se le ha reclamado reiteradamente que condicione la concesión de ayudas a la industria agroalimentaria a aquellas em­presas que en el campo compren a precios justos y dignos. Se le ha inquirido igualmente para que potencie aquella investigación más útil para el sector, como la referida a las nuevas variedades y patrones, la lucha biológica y la mecanización de las labores citrícolas, sobre todo, de la recolección.

 

De igual manera, convendría recordar que ha­ce casi un año y medio que no se tiene ninguna noticia del Observatorio de Precios Agrarios de la Comunidad Valenciana. A corto plazo, se ha insistido en que la pro­moción de clementinas para zumos impulsada tenga un tonelaje significativo y que sea respaldada por actuaciones similares en otras autonomías citrícolas e incluso cuente con financiación estatal.

 

En idéntico sentido, en su momento se denunció que el ma­ni­do plan de reconversión varietal de cítricos en absoluto serviría para regular la pro­ducción si se mantiene la superficie -18.000 Ha en toda España- y el mínimo presu­puesto aprobado, por lo que conviene ampliarlo. De cualquier manera habría que matizar que en sus actuales términos, como en el caso de las promociones en el extranjero que la consellera también viene destacando, en absoluto servirían para aliviar un problema que afecta exclusivamente a los productores.  

 

Si a la crisis de precios y rentabilidad sumamos la irresponsabilidad política que supone negar la realidad es evidente que están más justificados que nunca la realización de actos reivindicativos contundentes.

 

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