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La Comisión de Medio Ambiente del Par­la­mento Eu­ro­peo votará el próximo día 5 las enmiendas al nuevo re­gla­men­to sobre el uso y co­mercialización de fitosanitarios. La nueva regulación entra en la fase de­cisiva para su aprobación y lo hace sin haber calculado antes el im­­pacto que sobre la producción agrícola europea que supondría la eliminación masiva de los insec­ti­ci­das, fungicidas y herbicidas hoy existentes, que es lo que pre­cisamente provocará en primera instancia.

 

 

Según un informe de Asaja presentado es­ta mañana en la se­de de AVA-ASAJA, las pérdidas sólo en cítricos que a medio plazo generaría la apli­cación de esta normativa as­cenderían a 1.184 millones de euros y en términos de empleo, supondría la eliminación de 16,4 millones de jornales. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha exigido por ello a los eurodiputados de los gran­des grupos que “frenen con sus votos este despropósito y exijan que la norma no se apruebe sin  antes conocer las consecuencias que tendría”.  

 

Desde que esta normativa comenzó a gestarse hace dos años, AVA-ASAJA ha promovido multitud de reuniones en Bruselas y Estrasburgo con los responsables co­­mu­ni­tarios que tenían algo que aportar en su desarrollo. El reglamento fue pro­mo­vi­do en pri­me­ra instancia por la Comisión Europea y más tarde recayó en el Par­la­­mento, que ra­di­ca­li­zó la propuesta inicial. La nueva regulación sustituye a la di­rectiva 91/414 y supone un cambio drás­tico sobre la manera en la que se analizan y dan permisos a los fitosanitarios ya exis­ten­tes y futuros.

 

Así, en lugar de considerar el ries­go real que conlleva el uso de es­tos pro­duc­tos, propone analizarlos sólo en fun­ción de la peligrosidad intrínseca de sus com­po­nen­tes.  “Es como si pretendieran pro­hibir la lejía: todos sabemos que es tóxica pero nadie re­pa­ra en ello, sino en el uso que se debe de hacer con ella”, matiza el presidente de AVA-ASAJA. “La situación podría ser dramática porque ya hoy sufrimos serias dificultades para poder combatir las plagas y sólo falta que encima los criterios se endurezcan más y que lo hagan de forma tan caprichosa”, advierte Aguado.

 

Efectivamente, desde que entró en vigor en 1993 la directiva 91/414 se han eliminado del mercado el 57% de las sustancias activas, se han aprobado sólo el 15% y el 28% restante aún están pendientes de revisión. Dicho de otro modo, sólo quedan 400 de las 1.100 sustancias que se disponían para hacer frente a los insectos, enfermedades y malas hierbas.  Y la nueva regulación agravaría la situación en tanto supondría que en un breve lapso de tiempo se eliminasen las sustancias activas que componen el 32 % de herbicidas, el 42% de fungicidas y el 65% de insecticidas.

 

Un dato: los agricultores de frutas y hortalizas valencianos y de toda la UE se quedarían con menos de 20 insecticidas para tratar miles de plagas. “Al no tener una pluralidad de productos y tener que repetir los tratamientos con los mismos productos se generarán resistencias lo que reducirá la efectividad y aumentará la con­taminación que las autoridades europeas dicen querer reducir”, señala Aguado. 

 

En tales circunstancias, al no tener los productos fitosanitarios clave para tratar más de 2,5 millones de hectáreas y como se refleja en el gráfico adjunto, las pérdidas sobre la agricultura mediterránea española serían mastodónticas: entre 11,8 y 14,2 millones de toneladas por valor de entre 5.058 y 6.170 millones de euros y con un impacto sobre el empleo igualmente evidente en tanto implicaría tener que renunciar a entre 67,5 y 94,9 millones de jornales al año.  

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AVA-ASAJA lamenta que la UE sólo vaya a aten­­der a la mi­tad de los viticultores valencianos que, cumpliendo todos los requisitos, solicitaron la prima para el arranque de vides que ofrece la nueva OCM del Vino. Así, según los datos da­dos a conocer por el Fondo Español de Ga­ran­tía Agraria (FEGA), de las 2.817 pe­ticiones rea­liza­das en la Comunitat sólo podrán ser satisfechas 1.434 o, di­cho de otra manera, de las 7.106 hectáreas (Ha) que se pidió eliminar sólo se financiará el arranque para 3.192,75 Ha. 

Con tales cifras, nuestra au­to­nomía se consolida como la se­gun­da región que mayor superficie podrá suprimir de forma incentivada lo que “es el me­jor termómetro de la crisis que vive este sector y de­muestra la necesidad de que la Administración europea y nacional planteen un plan de choque con el que frenar el abandono del medio rural”, advierte el pre­si­den­te de esta or­ganización agraria, Cristóbal Aguado. 

 

Conviene recordar que los estrictos requisitos que el Gobierno español in­tro­du­jo pa­ra poder tener derecho a estas compensaciones ya supusieron un freno de cara a la presentación de solicitudes. Algo que, a juicio de AVA-ASAJA, evi­dencia que la situación real de la viticultura valenciana es mucho más precaria de lo que re­flejan las estadísticas, que ya suponen de por sí un agravio comparativo con res­pecto a la marcha del sector en otras regiones, como Galicia, La Rioja o Castilla-León, donde las rentabilidades conseguidas han desaconsejado participar en este proceso.  

 

La corrección a la baja en cuanto a los requerimientos concedidos para re­gu­lar la producción se debe a que, en toda la UE, pero muy especialmente gracias a España, las solicitudes presentadas su­ponen un montante superior al presupuesto asig­nado para esta primera campaña de arranque, que ascendía a 464 millones de eu­ros. En nuestro país se reclamaron primas para el 8,97% de la superficie vinícola existente –del 9,37% en el caso valenciano- pero las restricciones presupuestarias obligarán a que sólo puedan ser arrancada el 4,32% -un 4,2% en la Comunitat-.

 

Así las cosas, la viticultura valenciana recibirá por este concepto sólo 16,19 millones de los 236,05 millones que han sido asignados al conjunto del país (que a su vez ha acaparado el 45,9% de la partida comunitaria). Sólo Castilla-La Mancha se llevará 170,69 millones, lo que supone más del 70% de los fondos para toda España. La OCM también introdujo un criterio de reparto en el que se prima es­pe­cialmente a las zonas productoras con mayores rendimientos. “Salimos le­sio­nados primero porque miles de viticultores que cumplían con los requisitos se han que­dado fuera pero, además de no aportarse soluciones para mejorar las rentas de los que continuarán, a los valencianos se les maltratará otra vez en el re­parto porque, debido a causas climáticas, tienen una productividad inferior a la de la mayor parte de re­gio­nes”, denuncia Agua­do.

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Alrededor de 1.200 mujeres procedentes de todas las comarcas valencianas asistieron a la XII Jornada de la Mujer Rural que organiza la Sectorial de Mujeres de la Asociación Valenciana de Agricultores y la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AVAMFAR), que fue clausurada por la consellera de Agricultura, Maritina Hernández. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclamó que el Plan de Vigilancia Fitosanitaria que ya se aplica en la Comunitat Valencia y que supone un control de las importaciones citrícolas cuando llegan a los almacenes de confección, se extienda al resto de regiones productoras.

 

 

“No es justo que esta vigilancia sólo se aplique aquí porque de hecho provoca que las importaciones se canalicen por otros puertos”, denunció Aguado, quien propuso a la consellera que “se plante en Madrid” para exigir mayor coordinación en esta materia. Hernández, por su parte, se compro-metió a “trabajar” en esta línea. 

 

Aguado animó a las mujeres a “estar más unidos que nunca porque existe la gran amenaza de la falta de un relevo generacional en el campo. “La sociedad valenciana, empezando por las familias, debe apostar por los productos de nuestra tierra que garantizan una trazabilidad y proximidad insuperables”.  La consellera destacó los valores que caracterizan la mujer que compagina su vida familiar con el trabajo en el campo: emprendedora, solidaria y transmisora de principios morales a hijos y nietos. Hernández confió en que “la mirada de toda la economía estará en la agricultura porque la alimentación es el futuro de la sociedad”. 

 

Lola Merino, presidenta de AMFAR, reclamó el reconocimiento legal de la cotitularidad de las explotaciones agrarias porque “mientras los hombres titulares de las explotaciones y los temporeros perciben prestaciones sociales, las mujeres que llevan toda la vida faenando en el campo y la casa no tienen ningún tipo de cobertu-ra porque la Administración todavía no valora la importancia de su trabajo diario”. La presidenta de AVAMFAR, Marian Corbí, reivindicó que “nuestra forma de vida en los pueblos debe ser digna y la agricultura no debe dejar de ser el motor de la economía en el medio rural”.

 

Corbí incidió en que “las mujeres necesitamos compromisos concretos y, para ello, trabajar conjuntamente con quien corresponda”. El catedrático de Fisiología, José María Estrela, hizo énfasis en la relación directa que existe entre el consumo de vino y las dolencias cardiovasculares, como ocurre en los países mediterráneos. No en vano, la dieta mediterránea se asocia a “una mayor calidad de vida y esperanza de vida”.  El presidente de Coarval, José Faus, afirmó que el sector agrario valenciano debe ser el verdadero comercial de sus productos. Además, debería controlar la distribución para garantizar la trazabilidad en la puerta de casa.

 

Faus aportó los ejemplos de Alemania, cuya distribuidora más importante es una cooperativa, y Francia, que presume de tener 500 puntos de venta directos, sin intermediarios. Marta Valsangiacomo, directora general de Comercialización, hizo hincapié en adaptar nuestra oferta a las demandas de los consumidores para diferenciarse en un mundo cada vez más globalizado. Respecto de la dieta mediterránea, Valsangiacomo subrayó que es “la más reconocida y completa del mundo, tiene en el suministro permanente, la calidad y el sabor un valor seguro y debe trasmitirse de padres a hijos”.  España cuenta con cerca de 6 millones de mujeres que viven en zonas rurales, el 15% de la sociedad española.

 

En la Comunidad Valenciana la mujer rural representa el 11% de la población, con 400.000 mujeres. El último censo agrario muestra, además, que un 30% de las explotaciones agrarias tienen por titular a una mujer; en concreto, son cerca de medio millón de explotaciones, de dimensiones económicas reducidas y escasa rentabilidad, frente a la mayoría de hombres que ostentan la titularidad de la tierra. Andalucía, Galicia y la Comunitat Valenciana concentran más de la mitad de las titulares. La mayoría son de olivar, frutales y cítricos, si bien han crecido las producciones intensivas lideradas por las jóvenes, sobre todo, de hortalizas y explotaciones de vacuno, según el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

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AVA-ASAJA estima que al menos un 30% de los citricultores valencianos que entre febrero y marzo solicitaron el pago úni­co de la nue­va OCM de Frutas y Hortalizas podrían que­­darse sin percibir la pri­ma. El pro­ble­ma se concentra entre los ‘citri­cul­tores li­bres’ -los no asociados a una or­ga­ni­za­ción de pro­­­­­­­­­ductores (OP)- que para ac­ceder a tales ayudas deben acor­dar con los ‘re­­­cep­to­res au­to­­ri­za­dos’ (que son casi todos los operadores comerciales) que les in­clu­yan en el listado de productores que posteriormente figurará cuando firmen su con­tra­to de entrega con la industria de zumos.

Dicho de otra manera, todos los citri­cultores que tramitaron satisfactoria­mente sus so­licitudes activaron sus derechos a la ayuda y a partir de la temporada 2010/2011 no ne­ce­si­ta­rán re­mitir ninguna cantidad a la industria, por lo que si vuelven a solicitarlo en tiem­po y forma po­drán co­brar la sub­ven­ción europea de forma directa.  

“La indefinición de algunos de es­tos comercios y la dis­cri­mi­nación que se da con las naranjas y clementinas de se­­gunda temporada en las fechas de contratación provocará que miles de ci­tri­cul­tores que han tramitado con éxito estas ayudas se queden sin ellas”, denuncia el pre­si­den­te de la or­ga­ni­zación agraria, Cris­tó­bal Aguado.  AVA-ASAJA denuncia además que esta situación se reproducirá en la próxi­ma cam­­­­­­­paña, es de­cir, se re­­petirá durante las dos temporadas que el Gobierno es­pa­ñol estableció como pe­riodo transitorio para la nueva OCM.

 

Durante éstos dos años, los pro­ductores libres están obligados –si quieren percibir la ayuda- a destinar al sec­tor trans­for­ma­dor (la industria de zumos) un mí­nimo de 2.300 kg por hec­tárea cultivada, en el caso de las naranjas o limones o de 1.300 kg/ha, en el caso de un campo de clementinas.

 

Tales cantidades son las que después deben aparecer asignadas al productor beneficiario en el mencionado contrato entre ‘receptor autorizado’ e industria. “Ya advertimos en su momento que la nefasta negociación de la OCM nos iba a traer problemas”, advierte Aguado, quien recuerda que ASAJA se opuso a vincular los pagos.

 

“El problema no es la cantidad que se tiene que des­viar para hacer zumo, que es viable porque seguro que se puede sacar del destrío de la cosecha, sino el he­­cho de que ésta se tenga que acordar muy probablemente con el mismo comercio (re­­­cep­tor auto­ri­za­do) con el que se negocia por los cítricos” explica Ag­uado. El Real Decreto para la aplicación de la OCM en nuestro país establece, por otra parte, que los contratos entre el comercio au­torizado y la empresa industria­li­zadora se tendrán que presentar a la Adminis­tra­ción antes del 1 de diciembre y que el operador, a su vez, tendrá que hacer la en­tre­ga efectiva del género antes del 31 de marzo. Fechas que, lógicamente, dejan fuera a buena parte de la producción de la segunda fase de la temporada en la que se pro­­du­cen las clementinas y naranjas más tardías.

 

“El citricultor sólo tiene relación con el comercio y le puede pedir que le incluya en el listado para percibir el pago único cuando va a venderle su producción. Si tales operaciones se producen, por ejem­plo en marzo o mayo, tendrán problemas para percibir las ayudas de este año”, explica el pre­si­dente de AVA-ASAJA.  Conviene recordar que si por la circunstancia que fuera, el citricultor ‘libre’ no percibiera las ayudas que le correspondían para esta temporada o la pró­xi­ma, ello no implicaría renunciar a los derechos adquiridos al haberlas so­licitado.

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La Asociación Valenciana de Agriculto­res (AVA-ASAJA) reclama la rápida reapertura del matadero de la ciudad de Ali­can­te que fue clausurado por las autoridades en julio. La situación generada desde en­ton­ces por la falta de una alternativa y la intensificación de la actividad una vez con­clui­do el periodo estival, han agravado los problemas de saturación que desde un pri­mer momento comenzó a sufrir el único matadero a ma­quila que ha quedado en la provincia, el de Orihuela.

Sus propietarios, apro­ve­chando la si­tuación de monopolio que detentan, han encarecido ahora además los costes de su matan­za. “La falta de alter­na­tivas dadas por la Administración está abocando a cientos de ga­na­deros y carni­ce­ros de Alicante a asumir un coste disparatado por unos servicios que cada día son peo­res y de no mediar una reacción, se podría provocar un pro­ble­ma sa­ni­tario o de consumo”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­do. 

 

Según las informaciones recabadas por esta organización, a raíz de los pro­blemas ocasionados, el Ayuntamiento de la capital alicantina ya ha ofrecido infor­mal­mente a los antiguos gestores del matadero la posibilidad de reabrirlo, en tanto su con­cesión no expira hasta 2011. De ahí que AVA-ASAJA reclame ahora a la Con­se­lleria de Sanidad, que es la que tiene la última palabra en este asunto, que dé a sus an­teriores gestores facilidades para poder retomar su actividad. “Más de 400 ga­naderos de toda la provincia de Alicante con cerca de 100.000 cabezas, de po­bla­cio­nes tan dispares como Benidorm o Crevillent, necesitan ya una salida para poder mantener su actividad porque, de no solucionarse pronto el problema, podría resen­tir­se el suministro de carne de porcino, de vacuno y de ovino”, advierte Aguado. 

 

La situación se ha agravado ahora porque a las colas a las puertas del ma­ta­dero de Orihuela y a las molestias por el mal servicio prestado hay que sumarle un im­portante incremento de las tarifas por sus trabajos a maquila. En la carta que han dirigido los responsables de este centro a sus clientes para justificar tal subida se apela a la conveniencia de “cuidar” las deterioradas y minúsculas instalaciones exis­tentes “porque si el matadero desapareciera lo tendríamos todos muy crudo”.  

 

Desde que se clausuró el matadero de Alicante, el traslado de las piezas hacia Orihuela ha incrementado los costes del transporte. Asimismo, la mayor exposición de los animales a las altas temperaturas y al hacinamiento, impiden el cumplimiento de las condiciones mínimas de bienestar animal y empeoran la calidad de la canal.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que ya se han producido los primeros robos de mandarinas en los campos valencianos al inicio de la campaña citrícola. Concretamente, los ladrones fueron descubiertos in fraganti en una parcela de Picassent cuando robaban clementinas de la variedad oronules y se escaparon con seis cajones de dos arrobas cada uno (casi 25 kilos) y dejaron otros llenos de fruta con ramillete, preparados para ser vendidos en puntos de venta ambulante.

"Evidentemente, comercializar la fruta sin trazabilidad supone un riesgo para el consumidor ya que no sabe con certeza si el producto ha tenido tratamientos fitosanitarios recientemente", afirma el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado. 

 

Esta semana también hemos conocido que han robado cinco cerdos de una granja de Catadau. Se da la circunstancia de que esta zona ha sufrido numerosos robos de ganado en los últimos años. Los ladrones han roto una ventana para acceder a las instalaciones y el dueño lo ha denunciado a la Guardia Civil. Los animales, con un peso de cerca de cien kilos tendrían un valor en el mercado de unos 140 euros cada uno. 

 

“Los agricultores estamos muy preocupados e indignados ante la reiteración de es­tos actos delictivos. Por este motivo, AVA-ASAJA ha remitido una carta al Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana exigiéndole una ma­yor coordinación entre las fuerzas de seguridad, una actuación más contundente, una mayor vigilancia en las zonas rurales para neutralizar la acción de las bandas organizadas, así como una modi­fi­ca­ción del Código Pe­nal para convertir estos delitos considerados como hurto en ro­bo y castigar la reincidencia”, asegura Aguado.

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Tres juzgados de instrucción de Gan­día, Ori­­­­­­­­­huela y Torrente han procedido al archivo de las causas penales abier­tas por Ges­­­­­­­­­­­live -la entidad que defiende los derechos del obtentor de la mandarina Na­dor­cott- por un delito contra la propiedad industrial de esta variedad. En cada uno de es­tos autos se aduce que no hay causa en tanto en el mo­mento del injerto o la plan­ta­ción de esta mandarina el título de protección estaba sus­pen­dido.

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Un centenar de productores valencianos de caqui, aguacate, lichis, kiwis, etc., en su mayoría jóvenes, asistieron a la IX Jornada de Jóvenes Agricultores de AVA-ASAJA de Cultivos Subtropicales, celebrada hoy en San Patricio, en Alginet. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclamó más implicación de las administraciones para “adelantarse a los problemas, prevenir las necesidades de los próximos años –variedades, mano de obra, mecanización…– y trasladar al sector la información inmediatamente para evitar enfermedades como la que está sufriendo el caqui y mejorar la productividad y rentabilidad del productor”.

 

“Las administraciones deben cumplir con sus responsabilidades para que los agricultores no se equivoquen y puedan utilizar las técnicas más apropiadas”, matizó Aguado en alusión a la masiva caída de hojas y caquis en La Ribera. Pedro Juan Ferrer, del Servicio de Tecnología del Riego del IVIA, lamentó que “al caqui nunca se le dedica una investigación y experimentación oficial de primera importancia porque en todos los países productores es un cultivo secundario”.

 

Ferrer avanzó que las primeras investigaciones en Valencia estiman que el caqui necesita menos agua para riego que los naranjos. Emilio Mataix, de la Estación Experimental de Llutxent del IVIA, aseguró que “no se está podando bien el arbolado de caqui” y apostó por un nuevo concepto de poda para el caqui, diferente al de cítricos y frutales, que se adelantaría a los primeros años de plantación y tendría en cuenta sus particularidades de crecimiento. El secretario de la DO Kaki Ribera del Xúquer, Rafael Perucho, defendió la concentración de oferta, la garantía de calidad y la promoción que impulsa la DO.

 

Perucho lamentó que la producción comercializada, por unos motivos u otros, se ha estancado en los últimos tres años. Pero mostró su satisfacción porque el mercado nacional ya es el primer mercado de caqui, relegando al alemán, y “todavía tiene mucho margen para crecer”. Tomás Faulí, investigador y productor de cultivos subtropicales, explicó que en Valencia se han plantado “con éxito” unas 200 hanegadas de aguacate en los últimos cinco años. Entre las ventajas del aguacate, Faulí resaltó la ausencia de plagas y enfermedades, lo que permite un cultivo muy ecológico, y la posibilidad de recolectar el fruto a lo largo de cuatro meses.

 

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Las fuertes lluvias que se han registrado en las comarcas valencianas han resultado beneficiosas en líneas generales, pues ha contribuido a aumentar los calibres de los cítricos, recargar los acuíferos y limpiar los árboles. Sin embargo, en zonas puntuales la gota fría ha provocado inundaciones en campos y pone en riesgo 60.000 toneladas de satsumas, clementinas y naranjas por problemas de asfixia radicular y podredumbre de los frutos. 

 

 

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