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Los ganaderos valencianos llevan denunciando desde octubre de 2008, coincidiendo con el inicio de la vacunación de la enfermedad de la ‘lengua azul’, la aparición de reacciones adversas e incluso la muerte de ejemplares de ovino, caprino, y bovino. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a las administraciones que compensen económicamente a los ganaderos por las pérdi­das ocasionadas y que reconozcan oficialmente el vínculo entre la vacunación y la res­pues­ta del ganado a la misma.

 

Aunque el Plan de la Vacunación que presentó el Gobierno para la cofinanciación de Bruselas ya dejaba claro que podrían haber animales fallecidos de­bido a la vacuna, ya que contemplaba indemnizaciones por animal, “hasta ahora ninguna administración, empezando por el Gobierno central, se resiste a admitir lo evidente y niega esta relación causa-efecto para así no tener que aportar a los ganaderos afectados unas compensa­ciones tan nece­sarias como justas”, denuncia el responsable de la Sectorial de Ovino-Caprino de AVA-ASAJA, Fran­cisco José Marco, quien añade que “todo esto sucede en un momento de grave crisis de precios en origen donde hay muchas explotaciones que po­drían cerrar”. La compensación que el Gobierno establece en el Plan por oveja muerta ronda los 100 euros, por aborto de oveja 18 euros, por cabra 90 euros, por cor­dero 54 euros y por vaca hasta 740 euros, en función de la edad y la producción láctea.

 

El número de animales muertos por estas causas ya ronda el millar sólo en la Comunitat Valenciana. Hay explotacio­nes donde se ha visto afectado hasta el 50% del ganado, llegando la mortandad al 10-16%. Los síntomas que presentan los animales po­cos días después de la vacuna son pérdida de apetito, encefalitis, problemas rena­les, pérdida de lana y de masa muscu­­lar, entre otros. El ganado afectado sufre abortos y fa­llos reproductivos, lo que perjudica a los ganaderos al tener menos animales y por tanto menos ventas y posiblemente menos primas de la PAC. La producción de leche se ve reducida en un 10-30%. Y además de la mortandad, el daño económico se pro­lon­gará hasta el próximo año por­que si el animal consigue sobrevivir, tardará varios meses en recuperarse y volver a quedar preñado, retrasando así el ciclo productivo.

 

Problema nacional

Hablamos de un problema nacional, que afecta a explotaciones de Extremadura, Castilla y León, Cataluña, Aragón, etc. En comunidades con gran tradición ganadera ya se han indemnizado algunas explotaciones que han tenido un porcentaje de bajas diferente al habitual, como ocurre en Salamanca. Con todo, la vacunación con­tra la ‘lengua azul’ no tiene marcha atrás y los ganaderos valencianos muestran un “temor manifiesto” a seguir ad­mi­nis­trando este remedio. En lo que llevamos de 2009 la vacu­nación ya ha comenzado en la Comunitat con un nuevo tipo de vacuna y en dos explo­taciones de Alicante y una de Valencia se han detectado problemas, activándose un protocolo de actuación.

 

Una vez establecido en la Comunitat Valenciana, la organización agraria exige la creación, en el ámbito nacional, de un protocolo de actuación de cara a la posible apa­rición de problemas en la próxima campaña. Este protocolo contempla la toma de muestras, la realización de un diagnóstico y una necropsia, así como la elaboración de análisis anatomopatológicos y laboratoriales necesarios, como sí ha puesto en mar­cha la Generalitat Valenciana.  

 

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica que las enti­dades bancarias BBVA, Banesto y La Caixa no han suscrito la moratoria de los créditos por las heladas de 2005 que la Conselleria de Agricultura y seis entidades bancarias sí acor­daron el pasado 18 de mayo.

 

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, recalca que “los agricultores va­len­cianos se sienten perjudicados por la manifiesta insensibilidad de estas entidades, so­bre todo cuando el interés de los préstamos está garantizado por la propia Conselle­ria”. En un momento de gra­ve crisis económica y falta de liquidez, los agri­cultores están “necesitados” de esta prórroga de capital, y el gesto hubiera sido una “demostración de que estas entidades quieren estar junto al sector agrario”.

 

Pese a conocer la difícil situación financiera, y dado que en noviembre vence el próximo plazo del pago pendiente para este ejercicio y el que viene, Aguado pide a las entidades bancarias que “reflexionen y echen una mano al campo valenciano ante una nueva campaña que se presenta dramática por la descapitalización del productor”.

 

Por su parte, el dirigente agrario agra­dece “el compromiso expresado en estos meses por las entidades bancarias que recogieron el guante de la consellera Maritina Hernández”, renegociando la mora­toria mediante nue­vos préstamos a un 3,5% de interés y dos años de carencia en la amortización del capital. Además de no tener que hacer frente a los pagos durante dos años, la medida también beneficia a los agri­cultores al mantener la bonificación de todos los intereses que generen el im­porte corres­pondiente a las amortizaciones a realizar durante las anualidades 2009 y 2010, así como la bonificación de los intereses de los préstamos vigentes de las operaciones financieras realizadas en el marco de este convenio.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora el paso dado por la Comisión Europea al endurecer los controles de las importaciones en materia de residuos químicos y de pesticidas, pero, de igual modo, exige a las distintas administraciones que refuercen el control en los puertos de entra­da europeos para evitar la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena.

 

Efectivamente, la CE adoptó el 24 de julio un reglamento, que entrará en vigor en enero de 2010, en el que insta a los Estados miem­bros a reforzar los controles a la importación de alimentos y piensos de origen no animal con el fin de contrarrestar de una manera ‘más eficaz’ los riesgos por el elevado contenido en residuos. Por primera vez, Bruselas propone una lista de productos que son objeto de “estos controles inten­sificados” y que afecta a países exportadores tales como Argentina, Brasil, La India, Pakistán, Nigeria y Turquía, entre otros.

 

“Esta decisión es importantísima, pero no menos importante es garantizar la viabilidad de las empresas agrícolas valencianas evitando a toda costa nuevas plagas de terceros países”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. Por tanto, el dirigente agrario insiste en “pedir a Bruselas, Madrid y Valencia que hagan un esfuerzo extraordinario para que además se habiliten exactamente los mismos estrictos controles para atajar las plagas. Que la seguridad sanitaria sea total”, reclama Aguado.

 

Menos del 6% de las importaciones de frutas y hortalizas de terceros países superan el límite máximo de residuos (LMR) establecido y, ni aún en tales casos, signi­ficaría necesariamente un riesgo para el consumidor. Por el contrario, Aguado sugiere que “igual o más necesario es el control de plagas porque la entrada de una sola cuesta muchos millones de euros a los productores, quie­nes además tienen cada vez menos fitosanitarios con los que poder combatirlas”.

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Las Directoras Generales de Producción Agraria y de Comercialización, Laura Peñarroya y Marta Valsangiacomo respectivamente, se reúnen mañana, a las 18:30 horas, en el Centro Social del Ayuntamiento de Utiel con los viticultores de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) de la comarca Utiel-Requena para explicar el resultado de la negociación que esta organización agraria ha mantenido con el departamento de Maritina Hernández durante los últimos 4 meses.

 

La Junta Comarcal de AVA-ASAJA ya se reunió la semana pasada con la conse­llera para consensuar el alcance del acuerdo hecho público ayer parcialmente a las organizaciones que no han participado en las reuniones de trabajo. Sin embargo, será mañana cuando todos los viticultores puedan conocer de primera mano los detalles de la moratoria de dos años en los prés­tamos para los planes de mejora y primera instalación que vencían entre el 1 de diciem­bre de 2009 y el 30 de noviembre de 2011, así como otras medidas puntuales en defensa del viticultor.

 

“La negociación va por muy buen camino, pero seguirá para intentar lograr otras reivindicaciones de la organización como las ayudas de mantenimiento a cooperativas a causa de la falta de ventas de vino almacenado”, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

 

“Es un acuerdo que demuestra que AVA y la Conselleria estaban negociando y que justifica más que sobradamente el que la directiva no estuviera oficialmente en la manifestación de abril frente a la Conselleria”, manifiesta Aguado, “protesta que sí hizo ante el Ministerio ya que, a excepción de la colaboración tardía en aportar la infor­ma­ción necesaria para que la Conselleria realizara los trámites de la moratoria, no se ha mojado ni ha apoyado al sector vitivinícola valenciano”.

 

En este sentido, AVA-ASAJA está estudiando organizar algún tipo de acción puntual frente al Ministerio “ante su falta de voluntad para colaborar en defensa de los intereses de los viticultores”. Entre las demandas, cabe añadir la destilación de crisis que el sector vitivinícola lleva reclamando varios meses para evitar excedentes, actuar ante importaciones de terceros países que inciden en dumping social y económico, y emprender campañas informativas sobre el consumo responsable del vino.

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La cebolla autóctona del Camp de Turia, la ce­bolla lliriana o de medio grano, no se ha salvado de los precios ruinosos que están obte­niendo las hortalizas en la presente campaña. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el 20% de los campos de cebolla han sido rotovatados en el término de Llíria porque los precios en origen- 0,03-0,09 €/kg en campo- no alcanzaban ni para los costes de recogida de la cosecha.

 

“Después de una campaña de cebolla absolutamente desastrosa en 2008, este año los precios han vuelto a ser pésimos y en la comarca serán muchos más los que se planteen abandonar el cultivo”, advierte el delegado de AVA-Llíria, José Vicente Rodilla. Los agri­cultores que no han optado por rotovatar sus parcelas, es decir, destruir y mez­clar la producción con la tierra de cultivo, “lo han hecho para al menos no perder tanto dinero, pero la situación realmente es insostenible”.

 

En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señala que “en cultivos no leñosos como las hortalizas, habrá que plantearse una nueva estrategia: sem­brar un campo sólo si antes se pacta un buen precio por su cosecha”. Aguado reitera que “es necesario un contrato agroalimentario entre los eslabones de la cadena para evitar más riesgos en el campo, y si no hay precio, los campos mejor quietos”.

 

Según reconoce el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en el Observatorio de Precios, el precio de la cebolla ha caído un 26% para el productor respecto la media de las dos últimas campañas, mientras que sólo baja un 5% en desti­no. En cuanto al porcentaje de participación en el precio final, el Ministerio sentencia que en 2008 fue del 18% para el agricultor, 4% para el mayorista y 78% para el minorista.

 

El Camp de Turia es la comarca productora de cebolla por excelencia de la pro­vincia de Valencia. Su capital, Llíria, queda reflejada en el nombre de la principal varie­dad autóctona. Conocida por su mayor tamaño, su tonalidad más blanca y su magnífico aspecto, la cebolla lliriana es apreciada por el consumidor por su escaso grado de picor. Así, no resulta extraño que ingleses y alemanes se la suelan comer en fresco, sin acom­pañamiento, como si de un postre se tratara. Dadas sus propiedades y su sabor, AVA-ASAJA pide primar la cebolla lliriana y otras variedades autóctonas sobre importaciones de terceros países que presentan una menor calidad.

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Ante los incidentes ocurridos esta ma­ña­na en el paso de La Jonquera, con piquetes de agricultores galos que impedían el tránsito de ca­mio­nes españoles, AVA-ASAJA exi­ge al ejecutivo francés que garantice la libertad de circula­ción de las mercancías. La or­ganización agraria achaca sin embargo estas protestas así como la nue­­va crisis de pre­cios que su­fre la fruta de verano y los productos perecederos europeos en general, a la pasividad del Eje­­cutivo español y comunitario frente a los abusos de la gran dis­tribución europea.

“Ante la com­plicidad de nuestro Gobierno con el atropello que está su­poniendo para el campo la gue­rra de precios entre las cadenas, nos vemos obli­gados a pe­dir amparo a la propia Ad­mi­nis­tración francesa, a la que respaldamos tan enér­gicamente por la sensi­bi­li­dad mostrada con la agricultura como le exigimos que facilite el paso de nuestros trans­por­tis­tas”, explica el pre­sidente de esta organización, Cristóbal Aguado.

Así mismo, AVA-ASAJA manifiesta su solidaridad con el motivo de la protesta citada, no así con los medios empleados. “Es lógico que los productores ga­los pidan mejores pre­cios, porque nosotros también los reclamamos, pero se están equi­vo­can­do gravemente en las formas porque no es la hortofruticultura española ni valenciana la que está destro­zan­do el mercado, sino los precios que están marcando los supermercados e hiper­mer­cados eu­ro­peos”, matiza Aguado quien lamenta que Bruselas y Madrid sigan “mirando hacia otro la­do pese a los reiterados llama­mien­tos del Parlamento Europeo y del propio Ejecutivo Fran­cés a acabar con estas prácticas”.

La organización agraria lamenta también la falta de firmeza del Gobierno español, que consiente que reiteradamente que agricultores, taxistas o transportistas franceses ha­gan valer la po­sición geoestratégica de la frontera de La Jonquera o Montpelier para ampliar los efectos de sus protestas. Ante la sucesión de hechos de similares características –tras un largo currículo, el último acto vandálico contra la agricultura española se dio en febrero del año pasado- AVA-ASAJA reclama contundencia y censura el sentido de mantener el co­mi­té mixto agrícola hispa­no-francés.

En este sentido, rechaza que este mismo modelo se quiera ahora trasladar en cuanto a las relaciones agrícolas y comerciales con Marrue­cos. “Lo que debe de hacer el Gobierno español es asegurarse pri­mero de que se cumple la le­ga­lidad –respetando el principio de libre circulación de la mercancía de la UE o los aranceles que se defraudan al vio­lar las importaciones de tomate marroquí los precios de entrada a la UE- y una vez conseguida tal cosa se ten­dría que facilitar el diálogo”, advierte Aguado.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que el abandono masivo de campos provocado por la falta de rentabilidad de muchos cultivos está dando alas para la rápida expansión de los incendios. Efecti­va­men­te, muchas de las parcelas de frutales y vid, en las zonas de interior o de cítricos y hortalizas en las del litoral, que antes eran ‘cortafuegos naturales’, hoy están copadas por ar­bustos, el mejor carburante para los incendios. “Los agricultores y nuestros campos siempre hemos sido los mejores aliados en la lucha contra los incendios, pero difícilmente podremos man­te­ner nuestras explotaciones limpias si con nuestros pro­ductos ya ni siquiera cubrimos los cos­tes de producción”, advierte el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.

 

En menos de 48 horas decenas de pequeños pero rápidos incendios han calcinado mu­cha más superficie que en los primeros siete meses de este año. A juicio de AVA-ASAJA, es evidente que tan preocupante proceso no sólo debe atribuirse, que también, al importante re­punte de las temperaturas.  Ejemplos como el acontecido recientemente en Lérida, donde de las más de 5.000 hectáreas quemadas, 2.269 eran agrícolas y ganaderas, debería ilus­trar a las au­toridades sobre la importancia medioambiental de mantener en condiciones tan­to el sue­lo forestal como el que limita con él, el agropecuario. Porque los pastos del ganado per­­miten también la limpieza de las zonas rurales. “De poco sirve gastar tanto dinero para com­­batir los incendios si dejamos al medio rural asilvestrarse de forma descontrolada. Y evi­tar­lo pasa por limpiar los bordes de los ríos de las cañas, mantener en condiciones los ca­minos rurales y sobre todo por dar una salida para que los agricultores y ganaderos pue­dan man­tener sus explotaciones en buen estado y no tener que abandonarlas ya arrui­na­dos”, de­nuncia Aguado.

 

Y tal consideración es compartida por los expertos en la materia. Sin ir más lejos, ayer y en el transcurso de unas jornadas sobre ‘Control de la erosión hídrica en España’, el ca­tedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, Artemi Cerdà, advirtió que para la ges­­tión forestal es “fundamental el mantenimiento de una población viva en el ámbito rural” por­­que el abandono de la agricultura y la ganadería –denunció- ha “sido clave para que se pro­­­­duzca un crecimiento voraz de la cubierta general” que ahora puede ser víctima de las lla­­­mas, favoreciendo su rápida propagación.  

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que las importaciones de almendra californiana amenazan con volver a hundir un año más el mercado valenciano y español debido a que la producción esta­dounidense sobrante que se destina este año a la exportación es un 131% mayor que el año pasado, pasando de 58 a 135 millones de kg.

 

“Europa, en lugar de inundar el mer­cado con almendra procedente del otro lado del Atlántico, debería primar la de mayor cali­dad, es decir, la valenciana”, señala Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.  Por este motivo, la organización pide a la industria agroalimentaria –repostería, helados y fábricas artesanales de turrón- que prime la almendra autóctona frente a la almendra importada de Estados Unidos.

 

Efectivamente, la almendra valenciana es mucho más rica en aceites vegetales y posee menor cantidad de agua, lo que le confiere unas carac­terísticas organolépticas únicas y un mejor sabor. En repostería, cocinar con almendra estadounidense implica acompañarla con sal para que su sabor resulte más suave al paladar, algo innecesario con la Marcona autóctona.   Aguado insta a los pasteleros y fabricantes de helado y turrón de la Comunidad Valenciana a inclinarse por la almendra local y otros productos autóctonos a la hora de elaborar sus productos.

 

“La combinación de la almendra Marcona con miel de romero, otro de los tesoros que nos ofrece nuestro campo, es lo que nos hace únicos además de tenerlos a la puerta de casa”, recalca Aguado, quien recuerda que en el caso de los turrones incritos en la DO Jijona y Alicante hay un porcentaje obligatorio que usar con la Marcona.  

 

La Comunidad Valenciana fue la cuarta autonomía con más producción de almendra en 2008. Para 2009 se espera doblar prácticamente la producción, alcanzando las 8.000 toneladas en la Comunidad y 60.0000 toneladas en toda España.  

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 AVA-ASAJA achaca buena parte del origen de la expansión de la plaga de mosquitos y de ‘mosca negra’ a las nue­vas limitaciones en materia fi­tosanitaria. La inusual propagación de estos insectos y sus efectos sobre los ciudadanos de municipios colindantes con la Albufera es hoy un pro­blema generalizado en las área de influencia de arrozales como los de Sevilla (Valle del Guadalquivir, en Doñana) o los de Ta­rra­­gona (Delta del Ebro) donde se han tenido que tomar me­didas excepcionales similares a las adoptadas por el Ayuntamiento de la capital del Turia.

 

El presidente de esta organi­za­ción, Cristóbal Aguado, advierte que como las restricciones eu­ro­peas irán a más “el pro­ble­ma lejos de ate­nuar­se podría pasar a ser en­dé­mico” y advierte que “la expansión sin control de las plagas no sólo afectarán a zo­nas próximas a humedales sino también a otras periur­ba­nas como, por ejem­plo, la de la Huerta de Valencia”.

 

Efectivamente, el humedal valenciano se ha convertido este verano en un cria­dero masivo de insectos, con po­blaciones sensiblemente superiores a las regis­tra­das en años anteriores. Lo acontecido en el lago ha provocado más daños de los habituales en el arroz pero también graves molestias a los ciudadanos, que han sufrido dolorosas picaduras y han llegado a saturar los centros sanitarios de la zona.

 

Y a juicio de AVA-ASAJA, el origen de este fenómeno no sólo responde a cuestiones cli­má­ticas, como la su­bida brusca de las tem­peraturas, sino que está íntimamente vinculado con las limitaciones que vienen sufriendo los arroceros en la lucha contra otras plagas es­tric­ta­mente agrarias, como el pulgón del arroz. “Los fitosanitarios se tiran contra una plaga concreta pe­ro permiten controlar otras, como en este caso los mosquitos ”, ex­pli­ca Aguado.

 

En este sentido y para la lucha contra el pulgón del arroz, la aplicación de la directiva 91/414 ha supuesto que sólo quede una materia activa contra esta plaga, el Etofenprox. Un pro­duc­to que es extremadamente caro y sobre el que la UE aún no se ha pronunciado sobre si se mantendrá en el listado de fitosanitarios autorizados. El descontrol de la plaga de mos­qui­tos y de ‘mosca negra’ ha obligado a los arroceros y al propio consistorio a asumir tal gas­to y el re­sultado ha sido que la población de insectos que afectaba a los vecinos efec­tivamente se ha reducido pero no así la del pulgón.

 

Contra el ‘cucat’ –que por las restricciones europeas desde hace años que se trata de controlar con sistemas de lucha biológica - se venía usando tam­bién el Malatión, que es­­te año ha sido prohibido. Se realizaban fumigaciones aéreas con­tro­la­das y a do­sis muy ba­jas sobre el cañizal, nunca sobre el agua del lago. Y el efecto de es­te in­sec­ti­ci­da contra el ‘cucat’ del arroz también era muy eficaz para controlar los mosquitos.

 

La regulación europea en materia medioambiental también prohibió este año la que­ma de la paja que siempre se ha realizado después de la siega del arroz. La consecuencia fue el podrido de toneladas de estos restos, la contaminación de las aguas, la muerte de pe­ces y ahora la sobrepoblación de mosquitos. “Cuando Bruselas toma decisiones de este ti­po tendría que pensar en las consecuencias medioambientales y antes de prohibir insec­ti­ci­das o prácticas agrícolas ancestrales tendría que dar las alternativas”, denuncia Aguado.    

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