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AVA-ASAJA denuncia que los productores españoles de porcino son los que están percibiendo los precios más bajos de toda Europa. Eso es lo que se desprende de la comparación entre los últimos precios en origen ofrecidos por Mer­co­­lleida, la lonja de re­fe­ren­cia para los productores valencianos, que sólo cita precios má­ximos y la del resto de plazas continentales, cuyas cotizaciones son sólo de mínimos.

 

 

AVA-ASAJA considera que las grandes cadenas de distribución españolas son las principales responsables del nuevo hundimiento de las cotizaciones. Estas empresas vienen desarrollando una estrategia encaminada a mantener a toda cos­ta sus márgenes y para lograr tal objetivo no dudan en presionar a los ma­taderos para que ajusten sus costes, una circunstancia que termina traduciéndose en una bajada del precio final que percibe el productor. “No podemos consentir que sea siempre el sector primario el que baile con la más fea. Al ser el último eslabón de la cadena, el pro­ductor se encuentra en una situación de debilidad de la que se aprovechan sin recato el resto de los agentes que in­ter­vienen en el proceso”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.

 

La cruda realidad a la que se enfrentan en estos momentos los ganaderos va­len­cianos se materializa en un hundimiento de las cotizaciones del 11% respecto al año pa­sa­do. Con los 1,04 euros/kg a los que ahora se paga el cerdo, muchos ganaderos ya producen bajo coste. Esta coyuntura resulta es­pecialmente adversa porque se está pro­du­ciendo en un período tradicionalmente favorable. El verano y la llegada de turistas se suele traducir en una subida de la demanda, lo que re­percute al alza en los precios. Este año, sin em­bar­go, la habitual caída en las cotizaciones que acom­paña la finalización del verano ha llegado con mucha antelación debido a las estrategias que vienen aplicando las grandes cadenas.

 

En actividades como la ganadería, donde los costes productivos y la rentabilidad se encuentran tan ajustados cualquier oscilación a la baja, por pequeña que pueda parecer, puede tener consecuencias dramáticas. En este sentido, Aguado advirtió que “la situación pue­de volverse insostenible porque las cotizaciones ac­tuales llegan después de la dura cri­sis de 2007 y 2008, que ya supuso el cierre del 30% de granjas y de la que ahora los pro­duc­tores comenzaban a recuperarse”.

 

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Cerca de mil agricultores de todas las comarcas de la provincia de Valencia y de la Marina Alta se han concentrado esta mañana frente al edificio de la Subdelegación del Gobierno, sede de la delegación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en nuestra comunidad. La organización agraria ha representado el 'entierro del campo' escenificando un cementerio agrícola en el que se arrojaban los cultivos más representativos de cada comarca.  

 

Con gritos de !La delincuencia sale gratis!, ¡no nos enterrarán! y con alusiones metafóricas al desgobierno del equipo de Zapatero con la presencia de dos burros, el presidente de AVA-ASAJA ha asegurado que el futuro del campo valenciano atraviesa la peor crisis de su historia desde hace cinco años, y no 'es de ahora'. Ha exigido las mismas atenciones que a otros sectores, como el eléctrico o el de la automoción y ha reclamado una ministra que 'baje de las nubes, pise la tierra y nos atienda como es debido'.

  

"Si no hay precios justos en el campo valenciano, se va a convertir en un cementerio", ha asegurado Aguado, que ha calificado la protesta de "un grito a la Administración para que sea más cercana y tenga un diálogo constructivo para mejorar esta situación".

Los actos de protesta se enmarcan en la campaña emprendida por ASAJA en toda España que culminará con una conferencia sobre la situación del campo y una manifestación en Madrid antes de final de año.

Según datos citados por AVA, en 2008 los precios de la tierra bajaron el 0,9% en el conjunto nacional, mientras que en la Comunitat la caída fue muy superior y alcanzó el 11,8%. El desplome más importante se dio en los cítricos, con una caída del 14,2%.

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AVA-ASAJA advierte de que la subida de im­pues­tos de­­ci­di­da por el Gobierno castigará las rentas de los agricultores valencianos por una tri­ple vía. De un lado, el aumento del 16 al 18% del IVA general incrementará los cos­tes de pro­­ducción y men­guará los márgenes de los agricultores. Del otro, el in­cre­men­to de este impuesto indirecto re­traerá aún más el consumo de frutas y hor­ta­lizas.

En úl­ti­ma ins­tan­cia, las nuevas cargas tam­bién anunciadas sobre las rentas del ca­pi­tal desin­cen­ti­varán la compra-venta de tie­rras con­tri­bu­yen­do a acelerar aún más si cabe el hun­dimiento récord de los precios por hectárea del suelo agrí­cola experimentado en 2008 en la Comunitat. “La subida de im­­puestos no ayudará a salir de la crisis, hundirá más al campo y se ce­ba­rá es­pe­cial­mente con los agricultores va­len­cia­nos”, señala el presidente de esta or­ga­ni­za­ción, Cristóbal Agua­do.  

 

AVA-ASAJA valora, en contrapartida, que se haya decidido mantener el IVA ‘superre­du­cido’ del 4% que se aplica a los productos del campo, pero señala el contraste con la po­lí­tica impulsada en Francia, donde se prepara una rebaja del 50% de este impuesto y se es­tudian re­ducciones en las cotizaciones de los jornaleros y profesionales del campo. “El Go­bier­no de Sarkozy sí está demostrando tener sensibilidad con la agricultura, ha reconocido que la crisis se está cebando con el eslabón más débil de la cadena, el productor y está to­mando medidas. El Ejecutivo de Zapatero se está poniendo la venda en los ojos pa­­ra así no ver el abandono masivo de campos que se está dando”, advierte Aguado.

 

La subida del IVA encarecerá los precios de los fitosanitarios, fertilizantes, pien­sos…con lo que los costes de producción volverán a subir. Pero, a di­fe­rencia de la in­dus­tria, el agricultor no podrá repercutirlo en sus precios porque el comercio ofertará lo mismo y acabará aplicando la co­nocida fórmula de ‘con IVA incluido’. Al enclavarse, de ca­ra al pago del IRPF, en el sistema de mó­dulos y mantenerse el IVA ‘com­pen­satorio’ actual (del 9% en la agricultura y en ga­nadería), la nueva subida de este impuesto conllevará otra mer­ma en la renta del pro­ductor.

 

Con estas medidas, en la práctica, el agricultor pasará a tener el mismo trato fiscal que un con­su­midor normal. Por último, las nuevas cargas fiscales sobre el ‘ahorro’ suponen que las plus­­valías por la venta de tie­rras pasarán a gravarse 3 puntos más (del 18 al 21%) cuando hace tan sólo tres años mu­chas de ellas estaban exentas. A juicio de AVA-ASAJA, tal cosa contribuirá a acelerar el proceso de despatrimonialización del agricultor, que ya en 2008 vio como sus tie­rras perdían un 11,8% de su valor, un 14,2% en el caso de los cítricos.

 

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AVA-ASAJA denuncia el “abuso” y la “clara con­­­­­­cesión recaudatoria a las eléctricas” que supondrá la aplicación de la orden que obliga a to­­­­­das las viviendas a instalar antes del 1 de enero de 2010 los llamados ICP (los in­te­rrup­to­res que saltan y cortan el suministro cuando los aparatos enchufados superan la potencia ins­­­­talada). El conflicto está surgiendo en infinidad de ‘casas de pueblo’, con instalaciones eléc­­­­tricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación Eléctrica) no permite contratar la poten­cia requerida y que tendrían que afron­tar por ello costosas reparaciones.

 

En caso de no mon­tarse el citado ICP en el plazo da­do, los pre­cios por ‘potencia contratada’ se dispararían entre un 600% y un 1.200%. “Es lamentable que, sin mejorar el servicio ni el bienestar de los ciu­dadanos y sólo para satisfacer el afán de negocio de las eléctricas, el Gobierno nos com­plique la vida de esta manera”, advierte el presidente de esta or­ganización agraria. 

 

Las eléctricas están remitiendo cartas a los usuarios advir­tién­­doles de que instalen di­cho dispositivo. Si no se atiende el primer requerimiento, a los 20 días tales empresas envían una segunda misiva advirtiendo que –si transcurridos otros 20 días natu­rales no se ha procedido a su colocación- modificarán unilateralmente la factu­ra­­ción. Los usuarios que pudieran verse en tal situación verían elevada la facturación de la potencia a 20 Kw, con independencia de que tuvieran contratada una potencia menor. Así, un consumidor que tu­vie­ra, porque no ne­ce­si­tara más, 3 Kw de potencia, pasaría de pagar 4,96 euros/mes a 29,7 euros (un 600% más) y alguien que tuviera 5,5 Kw asumiría esta misma cantidad por lo que antes sólo le costaba 9,09 euros/mes (+326%).

 

“El Gobierno, con la excusa de averiguar las necesi­da­des rea­les de potencia, está provocando gastos desor­bitados a multitud de agri­cul­to­res con casas vie­jas que no necesitan instalarse más potencia. La contratación debía aten­der a la necesidades de los consumos medios reales, no aplicar los máximos para así facturar más”, denuncia Aguado.  Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos, la potencia instalada en estos ho­gares se sitúa entre 3 y 5 Kw y para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los electro­­do­­mésticos en casi ningún caso se requeriría de más de 10 Kw.

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Las fuertes lluvias registradas desde el do­min­go así como las sufridas en semanas pasadas han pa­sado de ser bien recibidas, por­que au­men­taban el calibre de las clementinas, a provocar serios daños en hasta 50.000 hectáreas (ha) de cítricos y caqui. La mayor parte de estos campos de agrios permanecen ane­­gados, lo que asegura problemas de ‘asfixia radicular’ en los así como ataques del hongo ‘phi­topho­ra’, que afecta al arbolado y a los frutos, produciendo podredumbre.

 

 

 En cuanto al caqui, las pre­­cipitaciones y la pre­vi­si­ble pró­xima subida de las temperaturas provocarán una nueva de­bacle productiva, con la caí­da masiva de más del 50% de la producción a causa del hongo ‘My­cosphaerella Hawai’. 

 

Si bien es pronto aún para hablar de tonelaje, las mayores pérdidas en la cosecha se da­rán en unas 30.000 ha. de La Ribera (cítricos, caqui y hortalizas), la principal co­mar­ca afec­­tada por el desbordamiento de barrancos y que tiene la mayor parte de sus cam­pos en­­char­cados con hasta dos palmos de altura. El resto de daños citrícolas se da en otras 20.000 ha de La Safor, La Costera, La Marina Alta, Camp de Morvedre y L’Horta. Cientos de miles de toneladas de sendos frutales podrían verse afectadas por el temporal.

 

El pre­si­dente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta, en este sentido, que “pese a que era previsible, se han vuelto a inundar muchas de las zonas que ya se vieron afectadas el año pasado e in­clu­so en 2007. Y los problemas se han repetido y agravado porque en muchas zo­nas no se lim­pian adecuadamente los ba­rrancos y cauces, especialmente los del Xúquer”. 

 

La gota fría también ha destrozado algunos campos de hortalizas y frutales en Camp de Túria y L’Horta. En el arroz sólo res­ta­ba por segar alrededor del 20%, pe­ro la fuerza de las aguas ha arras­trado sedimentos, col­mado ace­quias y desperdigado la paja que acababa de cortarse, lo que podría agravar los efectos de podrido allá donde ésta se acumule. La in­ten­­sidad de las lluvias ha hecho desbordarse las conducciones y barrancos que confluyen en La Albufera, que ha empezado a desbordarse esta misma mañana inundando el arroz aún no segado.

 

Las zonas con mayores pérdidas se dan en Silla, Sueca, Cata­rro­ja y Sollana  y la producción arrocera de unas 1.500 ha. podrían echarse a perder. En el caso de la vid, só­­lo res­­­ta­ba por vendimiar parte de las variedades más tard­ías, que también sufrirán ‘po­dre­dum­bre’. Con­viene recordar, en este sentido, que en al­gunas zonas puntuales de  la zona de Utiel-Requena ya sufrieron un intenso pedrisco el pasado 13 de septiembre.

 

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AVA-ASAJA ha remitido sendas cartas al Tri­bu­­­­nal de Defensa de la Competencia autonómico así como a la Comisión Nacional de la Com­­­­­­­­­pe­ten­­cia para que investiguen un posible pacto de precios de la industria arrocera. La or­­­­­­ga­ni­za­­ción agraria sospecha que se ha podido dar un descenso coordina­­­­do y simultáneo en to­­das las zo­nas productoras españolas de las cotizaciones del arroz ‘re­don­do’. Los precios ofertados en este nuevo arran­que de temporada se sitúan por debajo de los costes de pro­duc­ción.

 

 “No hay razones que justifiquen la situación que ahora se vive: ni la ofer­ta ha au­men­tado tan radicalmente, ni se conserva de­ma­­sia­do stock al­macenado, ni se ha producido una caída de la de­man­­da”, explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristó­bal Agua­do. Efectivamente, la organización de productores reclama que se aclare si se ha podido pro­ducir un acuerdo entre los principales operadores para bajar los precios un 25%.

 

Un  por­cen­­taje que contrasta con la caída de sólo el 3% que de forma paralela se ha producido en los mercados internacionales del arroz ‘largo’, la cotización de referencia del arroz ma­yo­ri­ta­rio en el planeta pero que resulta ser de inferior calidad al ‘redondo’ o ‘japónica’ que se pro­­du­ce en La Albufera y en la Mar­jal Pe­go-Oliva.  

 

Las operaciones de compra-venta a las que ha tenido acceso AVA-ASAJA son coin­ci­­dentes y reflejan un precio único por kilo de 0,27 euros para el japónica que, como se de­cía, es un 25% inferior al registrado por estas mismas fechas en 2008, cuando se situaba en al­­rededor de 0,36 euros/kg. En tales con­di­ciones, los servicios técnicos de esta or­ga­ni­za­ción es­­timan que los arroceros acumularán unas pérdidas por hectárea sobre el año pasado de unos 1.000 euros.

 

Tal des­cen­so en los ingresos se justifica, además de por la brusca caída de los precios, por el aumento de los costes de producción causado por el des­con­trol de pla­gas como la py­ri­cu­laria o el pulgón –que a su vez se han visto alimentadas por las nue­vas res­­­­tricciones en materia fitosanitaria- así como por los trabajos ‘extraordinarios’ que este año se han tenido que asu­mir para evitar la quema de la paja.

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AVA-ASAJA escenificará el ‘entierro’ de los cultivos claves de cada una de las comarcas de nues­­tra provincia en el transcurso de una protesta con­­­vocada para el 2 de octubre fren­te a la Subdelegación del Gobierno en Va­len­cia. Con tal acción, la organización agraria quie­re poner de manifiesto la pasividad del Eje­cu­­tivo central ante la ruina que están su­frien­do todos los productores.

“El Eje­cu­ti­vo de Zapatero no puede seguir mirando hacia otro lado y debe sen­tar­se a ne­­gociar, como ya está haciendo Francia, un plan de choque así como me­di­das legales con las que lograr precios justos para todos los eslabones de la cadena”, advierte su presidente, Cris­tóbal Aguado. La acción se enmarca en la campaña emprendida por ASAJA en to­da España y que tu­vo su punto de partida el martes, cuando 3.000 agri­cul­­tores se ma­nifestaron en Sevilla y se logró paralizar la campaña de ‘verdeo’ de la aceituna de me­sa. 

 

Los actos de protesta se lle­­varán a cabo en distintas provincias y culminarán antes de fi­­nalizar el año con una im­por­tante conferencia sobre la situación del campo así como una gran manifestación en Madrid. Y si la situación del campo español es crítica en su conjunto, la del valenciano lo es si cabe más.

 

Efectivamente, según datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Medio Am­­biente, en 2008 los precios de la tierra bajaron un 0,9%, el primer descenso desde 1994. En el caso de la Comunitat, sin embargo, la caída fue muy superior, del -11,8%, la mayor del país. Por cultivos, el desplome más importante (del -14,2%) se dio con los cítricos. Bajo el eslogan ‘Sin precio, del campo al cementerio’, AVA-ASAJA espera congregar el 2 de oc­tu­bre a los agri­culto­res y ganaderos valencianos. El responsable de cada sec­to­rial de esta organización de­rra­ma­rá y enterrará bajo una cruz simulada para cada una de las 15 co­­mar­cas valencianas unos cuantos kilos de los cultivos en situación más crí­ti­ca.

 

“Los produc­to­res de fruta de hueso de La Vall d’Al­bai­da, de arroz de la Ri­be­ra Bai­­xa, de vid de Utiel-Re­que­na, de a­l­­mend­ras de Los Serranos, de hortalizas de L’Hor­ta, los citricultores del litoral y los ganaderos de las co­mar­cas de interior tienen un de­no­mi­nador común: ya no tienen ni pa­ra pagar los gastos. O se actúa ya o todos pagaremos las con­secuencias del mayor proceso de aban­dono ma­si­vo de campos de la historia”, de­nuncia Aguado.

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Más de 200 per­sonas entre agricultores, profesio­na­les del comercio hortofrutícola o vi­n­culados a la lucha contra las plagas han participado hoy en la jornada ‘La nueva normativa eu­ro­pea de fi­to­sa­nitarios. Análisis y Perspectivas’ or­ga­­­nizada por AVA-ASAJA y patrocinada por la Conselleria de Agri­cultura y por Syn­gen­ta Agro. El presidente de esta or­ga­nización, Cristóbal Aguado así como Pedro Ba­ra­to, líder de Asaja na­cional, han coin­cidido en remarcar que la nueva regulación que pronto se im­plan­tará “au­men­tará la bu­ro­cra­cia, dis­pa­ra­rá los cos­tes de cultivo y –al limitar drásticamente las sustancias ac­ti­vas- reducirá la pro­ductividad”.

 

Por este motivo, y de cara a la próxima transposición a la le­gis­lación nacional de los nue­vos requerimientos, tan­to Barato como Aguado han exigido un “diá­logo con­struc­tivo y permanente” con los productores y con las autonomías para tratar de ate­nuar así su impacto. En esta misma línea, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández –que ha clausu­ra­do la jornada- se ha mostrado muy crítica con la nueva regulación. La responsable au­to­nó­mica ha manifestado que su “planteamiento es equívoco y sus postulados hipócritas” porque “ya te­nía­mos una legislación en materia de fitosanitarios que era –que es- la más exigente del mundo y ahora se trata de resolver un problema que no teníamos”.

 

Por su par­te, el vicepresidente de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plagas (AEPLA) y director general de Syngenta Agro, Sergio Dedominici, ha advertido de que los requisitos establecidos supondrán añadir “más tra­bas a la investigación fitosanitaria” y de forma gráfica ha señalado que el proceso emprendido es como “no haber llegado aún a la Luna y plantearnos ya cómo conquistar Marte”. Es más, Dedo­minici, ha concluido que la regulación finalmente promovida es “sobre grandes deseos y no sobre realidades”. 

 

En sendas videoconferencias, dos responsables de la Comisión Eu­ro­pea (CE) han explicado el alcance de las nuevas normativas. De un lado, Wolfgang Rei­nert, de la Dirección General de Sanidad y Consumidores (DG Sanco), se ha referido al Re­gla­men­to de Comer­cia­li­za­ción de Fitosanitarios, que se­rá aprobado a finales de este mes por el Consejo Europeo.

 

El nue­vo re­glamento sustituirá a la actual legislación, la directiva 91/414/CEE, cuyo legado a mediados de 2011 será la retirada del mercado del 66% de las sustancias activas existentes en 1993 así co­mo de las nuevas aprobadas desde aquel año. Aguado ha remarcado en este sentido la importante campaña conjunta que em­pren­dió en Bru­selas y Estrasburgo AVA-ASAJA de la mano de la propia ASAJA y de AEPLA para tratar de reducir el “desastre” que hubiera supuesto la redacción del citado reglamento en los términos que planteó inicialmente el Parlamento Europeo.

 

Pese a ello, como ha destacado el di­rector ge­neral de Inno­va­ción Agraria, Manuel Láinez, la futura regulación en materia de co­mer­cia­li­za­ción agravará los problemas que ya se están dando en la lucha contra las pla­gas en algunos cul­tivos mediterráneos, muy especialmente en los llamados ‘menores’. Por tal cosa se entienden mul­titud de hortalizas, pero también algunos frutales -como el caqui- o cereales, como el arroz que ya se han quedado si casi insecticidas y que amenazan con sufrir en breve mayores problemas de re­sistencias, al verse obligados a repetir los tra­tamientos con las mismas sustancias.

 

La eurodiputada de la Comisión de Medio Ambiente, Pilar Ayuso, ha destacado pese a todo la “gran labor realizada” desde el hemiciclo europeo y tras remarcar que se sentía “satisfecha por tener la conciencia del deber cumplido” ha insistido en la importancia en que, de aquí en adelante, se hagan los análisis científicos pertinentes para garantizar un uso adecuado de los fitosanitarios. En segunda instancia, Anne-Cécile Cotillon, de la Dirección General de Medio Am­bien­­te de la CE, ha detallado los contenidos básicos de la no menos trascendente Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios que, según ha avanzado, podría ser aprobada por el Consejo de Europa esta misma semana y entrar en vigor ya en octubre-noviembre.

 

El Gobierno español dispondrá a partir de entonces de dos años para transponer la nueva regulación y más concretamente de 18 meses para redactar los llamados Planes de Acción Nacional (PAN). Estos planes serán el instrumento clave con el que los Estados miembros determinarán los objetivos cuantitativos de reducción en el uso de los fi­to­sa­nitarios, las medidas así como los calendarios de aplicación y los indicadores de riesgo.  

 

La secretaria general del Medio Rural, Alicia Villauriz, ha sostenido que tal plazo es “suficiente” para garantizar una transición “tranquila” y ha prometido –en la línea de lo so­li­citado por ASAJA- que habrá la “coordinación y debate con las autonomías y las organiza­ciones agrarias”. Es más, la responsable ministerial ha anunciado que España aprovechará la presidencia de turno de la UE, a partir del 1 de enero, para avanzar en el desarrollo de un proceso de armonización de la exigente legislación europea en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) con la de los países terceros.

 

Tanto la consellera Hernández como Aguado coincidieron en denunciar en este sentido la “doble vara” que apli­ca la UE en materia de LMR y fitosanitarios “tan estricta con la producción europea y tan ge­nerosa con las importaciones de los países terceros”, motivos por los que valoraron la iniciativa anun­cia­da y exigieron su cumplimiento efectivo.

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AVA-ASAJA recuerda a todos los agricultores que la fecha límite para acogerse a la ampliación de garantías en el seguro del caqui termina el miércoles, 30 de septiembre. Así, para la presente campaña, la normativa del seguro recoge una prolongación de cobertura de quince días en las opciones que incluyen helada tardía. De esta manera, el período llegaría hasta el 31 de diciembre de 2009 y no el 15 de diciembre, como venía siendo habitual.

Para poder disfrutar de esta ampliación, los asegurados deben, en primer lugar, efectuar los tratamientos oportunos con ácido giberélico y, en segundo lugar, notificar en las oficinas de Agroseguro con fecha límite el 30 de septiembre, la relación de todas las parcelas tratadas por las que se solicita la ampliación. 

 

Por otra parte, se han detectado nuevos brotes del hongo Mycosphaerella Hawai que el año pasado fue, en muchos campos, el causante de una caída de hojas y frutos. “Sería recomendable potenciar un grupo de investigación que trabajase para detectar cuándo y cómo aparece este hongo”, afirma Cristóbal Aguado, presiente de AVA-ASAJA quien añade que “no podemos negar que el cultivo del caqui es un cultivo en expansión en nuestra tierra y los datos sobre producción asegurada así lo indican".

 

 

AVA-ASAJA reivindica que mientras las investigaciones no arrojen un método eficaz contra el hongo, el seguro cubra los daños. No obstante la organización agraria valora el extraordinario esfuerzo que lleva a cabo la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro a la hora de atender y mejorar el seguro del caqui. Este año se han asegurado 85.000 toneladas de caqui en la Comunitat Valenciana.

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