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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la orden ARM/1312/2009 del Ministerio de Medio Rural  publicada en el BOE de 27 de mayo, que regula los sistemas del control de agua, impone nuevas y farragosas exigencias a los agricultores, de difícil y costoso cumplimiento. En dicha orden se obliga a los titulares de pozos de riego a situar los contadores lo más cerca posible del punto de captación de agua además de a cumplimentar un nuevo y complejo libro de control anual así como partes de con­su­mo cada mes.

 

Concretamente, la orden detalla en un anexo de doce páginas hasta ocho com­pli­ca­dos formatos de libros de control en los que se exige a los agricultores cuestiones tan gratuitas como dibujar un “croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,…)”.

 

Para los pozos con caudales de entre cuatro y cien li­tros por segundo -que son la mayoría- se exige ahora que en el libro de control conste el día y mes de la anotación, los metros cúbicos e incluso la identidad de quien comprueba la lectura, cuestiones que evidentemente tendría que responsabilizarse la Administración. Ade­más, el documento llega al extremo de exigir que el agricultor no cometa tachaduras ni raspaduras en los asientos o que los datos se conserven al menos cuatro años.  

 

“Nosotros no nos oponemos a que se controle el agua que gastamos pero esta orden, que ya está en vigor pese a que no se ha consultado ni informado al sector, nos me­te en un estado policial y burocrático, que camina en sentido contrario a la simplificación de todos los procesos administrativos que viene defendiendo la UE desde hace años” afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que son “los políticos quienes deben propiciar una regulación cla­­ra y sencilla y los funcionarios los que deberían encargarse de las tareas de gestión. El agricultor está para cultivar, cuidar sus campos y cosechas, pero no para que se pase la jornada con burocracia, asumiendo la labor que corresponde a los em­pleados pú­bli­cos”. 

 

AVA-ASAJA entiende que esta regulación es más inoportuna si cabe por que se produce a los pocos meses de haber eliminado las tarifas especiales de riego y porque lle­ga en un momento muy delicado para el bolsillo del agricultor. La norma vuelve a in­crementar los ya de por sí cuantiosos gastos de gestión de la comunidades de regantes, que en muchas ocasiones no tienen ni personal ni medios materiales suficientes.

 

“Es normal que se lleve un control anual del uso el agua, pero no lo es que se nos exija uno mensual, incluso nos parece absurdo que tengamos que medir cuestiones como la al­tu­ra del agua (piezometría) o registrar en un documento la identidad de la per­sona que lo ha­ga”, advierte Aguado quien concluye que la cumplimentación del libro de control de­bería de ser una tarea asumida por la Administración “a la que pagamos religiosamente nuestros impuestos”.

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De los 73.172 valencianos que reclamaron y tra­mi­­­­­taron en 2008 la ayuda del nuevo pago único de cítricos, sólo 33.000 han po­di­do co­brar­­­la, lo que supone que el 55% de citricultores solicitantes han quedado excluidos. AVA-ASAJA atribuye tan alto porcentaje al empecinamiento del Ministerio de Me­dio Am­biente en man­tener las ayudas aco­pladas, condicionadas a la entrega por parte del pro­ductor de unas cantidades mí­nimas destinadas a su transformación.

 

Como señala el pre­sidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cris­tó­bal Aguado, “la errónea opción escogida por el Go­bierno y la actitud obs­truc­cionista de muchos ope­radores han impedido que las subven­cio­­nes de la nueva OCM lleguen a más 40.000 citricultores valencianos”. 

 

Efectivamente, la nueva regulación europea de la OCM suponía en el caso de  los cítricos un cambio de filosofía en tanto las ayudas dejaban de darse a las Or­ga­ni­za­cio­nes de Productores (OPFH) en función de los kilos transformados en zumo, sino di­rec­tamente a los citricultores, a tanto por hectárea. Pero el departamento de Ele­na Es­pi­no­sa –con la oposición de todas las organizaciones agrarias españolas- introdujo un periodo transitorio de dos años (para la campaña 2008/09 y la 2009/10), en el que se obligaba a los citricul­tores a entregar a la in­dus­tria unas cantidades mí­nimas (de 2.300 kilos por hec­tá­rea en el caso de naran­jas y 1.300 kg/ha, en el de ma­n­darinas).

 

Para después cobrar la ayuda, en el caso del citricultor no asociado a una OPFH, el productor tenía que conseguir que el llamado ‘re­ceptor autorizado’- que en la Co­mu­­nidad pasaron a serlo casi to­dos los ope­radores- le incluyera en el contrato que tenía que suscribir con la industria trans­for­madora, que cons­taba de un listado de produc­tores en el que figuraba que se había efectuado las entregas mínimas reclamadas. 

 

Pues bien, como se ha dicho, hasta 73.172 citricultores valencianos reclamaron la ayuda pero sólo 33.000 lograron que su nombre figurase en el listado citado. Como ya advirtió AVA-ASAJA, el problema para el citricultor independiente que sí cursó su solicitud de ayuda y tenía derecho a recibirla, no ha sido el lograr entregar las cantidades exigidas –que se podrían obtener de los destríos habituales de cada ven­ta- sino el haber dependido de la voluntad del ‘receptor autorizado’ para poder co­brar­­las.

 

“Muchas cooperativas y un nú­me­ro reducido de comercios co­la­boraron y facilitaron la gestión al citricultor, otros qui­sie­ron cobrar incluso un ‘peaje’, pero es evidente que la mayor par­te de comercios se negaron a hacer el trámite, seguramente, porque sabían que cuantas me­nos solicitudes fueran aceptadas más trozo del pastel iban a llevarse para sus fincas”, denuncia Agua­do. El resultado del primer año del periodo transitorio ya es conocido: los productores de naranjas y mandarinas están recibiendo estos días 587,86 euros/ha y los de limones, 1.214 euros/ha. En términos generales, la citricultura de la Comunidad Valenciana, con el 57% de la superficie citrícola nacional, percibirá alrededor de 50 millones (el 54% del presupuesto nacional, de 93,7 millones). 

 

AVA-ASAJA advierte que esta cantidad por hectárea podría aumentarse con­siderablemente cuando se abonen las cantidades correspondientes a este segundo año de periodo transitorio, en él se ha exigido lo mismo que el año pasado y cuyo plazo de solicitud acabó el 30 de abril. “La experiencia del primer año ha sido tan negativa que mu­chos ni siquiera se han acercado a volver a pedir la ayuda, con lo que serán otra vez unos pocos los que se beneficien del sistema ar­bitrario e injusto impuesto por el Go­bier­no”, advierte Aguado.

 

Pinche en 'descargas relacionadas' (acoplado.mp3) para escuchar el corte d e voz de Jenaro Aviñó, director de AVA-ASAJA.

 

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El sector vitivinícola de la comarca de Utiel-Requena ha detectado en los últimos días una reactivación de movimientos de compra-venta de vino, aunque a precios en origen a la baja, cada vez más por debajo del umbral de renta­bilidad. Pese a ello, a estas alturas de la campaña AVA-ASAJA denuncia que tan sólo el 15-20% de la añada se ha vendido y retirado de las bodegas. Así, todavía queda alrededor de un 25-30% de la producción por vender.

A esto hay que sumarle otro 25-30% que, a pesar de haberse vendido, aún debe ser colocado en sus puntos de destino. El vino restante de la producción se ha desti­na­do para desti­lación de uso de boca. “La dramática situación de los viticultores valen­cia­nos no sólo se debe ahora a los precios de ruina o a los retrasos en el cobro de las liquidaciones, sino que en el horizonte pesa la amenaza de que, cuando llegue la próxima vendimia, se tenga que afrontar un problema social más serio aún: que la campaña se paralice por­que no haya espacio para almacenar más vino”, explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 

 

AVA-ASAJA lamenta las declaraciones realizadas recientemente por el presiden­te de la Federación Española del Vino (FEV), José García Carrión, quien anun­ció que se están manteniendo negociaciones para diseñar un plan nacional de re­tirada escalonada del vino antes de la vendimia “con o sin precio”. Para Aguado tal cosa re­fleja “la falta de sensibilidad de los bodegueros con los productores y cooperati­vas que son los que mantienen el sector” y advierte que “no es de recibo que de­ter­minados ope­ra­dores traten de aprovecharse de la situación para comprar más barato y ahondar en las miserias del sector”. 

 

AVA-ASAJA insiste por todo ello en reclamar al Ministerio de Medio Rural, que con el retraso en la aprobación del paquete de medidas de la OCM del vino tanto contribuyó a desestabilizar aún más el mercado, a aprobar una destilación de crisis de urgencia. Junto a ello, la organización agraria exige que los fondos de Desarrollo Ru­ral desgajados de la propia OCM del Vino y que ascienden a 5,92 millones de euros para el periodo 2009/2013 se dediquen íntegramente a medidas para aliviar la crisis de liquidez tanto de las cooperativas como muy especialmente de los viticultores.

 

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La invasión del mercado nacional de patatas vie­jas francesas, almacenadas durante meses y a unos precios inferiores a los de los pro­pios cos­tes de producción galos, ha obligado a determinadas cooperativas y horticul­to­res a dejar en el campo y sin recoger su producción. Es el caso de Cohoca (Cooperativa Hor­­to­frutícola del Campo de Benifaió) que ha optado por dejar de servir pedidos de pa­ta­­ta temprana valenciana porque a los precios propuestos sólo se cubría los costes de la recolección.

 

AVA-ASAJA ha remitido una carta tanto al Ministerio de Me­­­dio Ambiente y Medio Rural como a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) re­­­clamando una in­vestigación sobre una posible subvención ilegal dada por el Ejecutivo fran­cés a sus horticultores. “Sólo mediando una ayuda del Estado se puede entender que la co­secha gala del año pasado se esté vendiendo aquí ahora a precios que casi no cubren ni lo que cuesta el transporte de Francia a España”, denuncia el presidente de esta organiza­ción, Cristóbal Aguado. 

 

El tubérculo francés se está vendiendo a los consumidores en los supermercados a un tercio del precio marcado para el producto valenciano. En las fruterías de barrio el dese­qui­li­brio es aún mayor y los 0,50/0,80 euros/kg a los que se ofrece la patata tem­prana valen­cia­na o nacional contrastan con los entre 0,20 y 0,25 euros/kg por los que se vende la francesa (a un euro, cuatro o incluso cinco kilos).

 

Y tal cosa se antoja imposible de conseguir de no me­diar un factor distorsionador del mercado como una ayuda. De hecho, el De­partamento Técnico de AVA-ASAJA advierte que sólo el transporte desde el país vecino ya ascendería a 0,15/0,17 euros, a lo que habría que sumar los costes de pro­ducción de la­vado, secado y calibrado, que se vendrían a situar entre los 0,12 y 0,15 euros/kg. A la posible ayuda ilegal dada a los productores franceses habría que sumar una se­­­­gunda infracción evidente, la de las normativas de calidad. El 24 de enero el BOE pu­blicó un completo decreto en el que se reforzaban las condiciones mínimas exigidas en el mercado español para poder comercializar patatas.

 

AVA-ASAJA denuncia que las par­­tidas francesas, que masivamente se han importado hasta copar el mercado y hundir las cotizaciones de las locales, no reúnen en muchos casos los re­qui­si­tos establecidos en cuanto al calibre, presentación, ausencia de podredumbre, envasado… Y no es difícil de entender que se esté pro­du­cien­do tal cosa porque se trata de un género procedente de la anterior campaña que, como explica Aguado, “ha sido almacenado durante meses en cámaras de frío, lo que les hace perder toda su frescura. Aunque aparentemente el lavado pueda camuflar sus ca­ren­cias, quien las haya adquirido ya habrá podido com­probar que en muchas ocasiones el interior está ennegrecido y que una vez frita la pa­tata se reblandece y pierde todo el sabor”. 

 

AVA-ASAJA llama por ello a los consumidores al consumo de patatas tempranas locales que mantienen todas sus cualidades organolépticas intactas, entre otras cosas, porque son recolectadas días antes de que puedan ser consumidas y “no son los saldos de lo que los franceses no pudieron colocar en su momento”, explica Aguado.

 

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AVA-ASAJA denuncia que el precio que perciben los productores de hortalizas valencianas de temporada se sitúa por debajo de los costes de producción y confección a pie de campo. A pesar de estar en el inicio de la campaña de recolección, el sector hortícola detecta un hundimiento de las cotizaciones en origen de las patatas, cebollas, tomates, pimientos, berenjenas, calabacines y pepinos autóctonos de la huerta debido a la crisis económica y la consecuente bajada del consumo en las fruterías de barrio, que son los comercios a los que accede la producción autóctona.

 

 

Según un estudio de AVA-ASAJA, a la puerta de los ‘mercas’ el tomate valenciano de calidad se vende a hasta 1’3 €/kg cuando los costes ascienden a 1,5 €/kg, la patata y la cebolla a 0,15 €/kg frente a 0,30 €/kg de costes, el pimentón italiano a 0,35 €/kg con 0,50 €/kg de gastos, la berenjena a 0,40-0,50 €/kg con 0,60 €/kg de gastos, y el calabacín y el pepino blanco se hunden a los 0,20 €/kg cuando los costes suben a 0,40 €/kg y 0,60 €/kg respectivamente. 

 

“La campaña de hortalizas de verano ha arrancado con muy mal pie”, asegura Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que “al principio de campaña los precios de las hortalizas precoces de gran calidad normalmente se caracterizan por ser altos al coincidir con el final de la recolección en Andalucía”.  

 

El dirigente agrario critica que “mientras las hortalizas valencianas no encuentran salida en las fruterías de barrio por el desplome del consumo, las grandes superficies y supermercados prefieren colocar en sus lineales hortalizas de otras zonas productoras”. Un caso “gravísimo” sería la preferencia por la patata vieja, comprada a Francia a precio de saldo, aunque sean de una calidad mucho peor a nuestra patata temprana”.

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El director general de Investigación Agroa­limen­ta­­ria, Manuel Láinez, se comprometió ayer ante la sectorial de cítricos de AVA-ASAJA a re­gistrar hasta cinco variedades de cítricos y un nuevo pa­trón cada año. La Conselleria de Agricultura responde así a los requerimientos de AVA-ASAJA, que ya incluyó en la ta­bla reivindicativa consensuada en diciembre con el resto de organiza­cio­nes agra­rias, la necesidad de reorientar los proyectos de investigación del Instituto Va­len­­ciano de In­ves­­ti­ga­­cio­­nes Agrarias (IVIA) hacia cuestiones más prácticas y de rápida apli­cación.

 

 

“El IVIA ha sido un centro citrícola de referencia mundial pero en los últimos años no estaba dando las respuestas que requería el citricultor. Ahora parece que se está impulsando un giro para que los citricultores podamos explotar antes y de la mejor manera sus lo­gros”, ha señalado el pre­sidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado La sectorial citrícola de esta organización agraria confirmó primero que buena par­­­te de la responsabilidad de las ruinosas liquidaciones que a duras penas comienzan a llegar a los citricultores, junto a otros problemas estructurales determinantes, se debe a la concentra­ción de la oferta entre noviembre y diciembre. De ahí la importancia de la salida al mer­cado, no sólo de nuevas variedades tardías sino también de pies que sirvan para alargar la vida agronómica de mandarinas de calidad como la Nules.

 

Este hecho ha marcado el con­tenido del ‘Plan de Objetivos y Evaluación de Variedades y Patrones’ del IVIA que ayer presentó Láinez y que supondrá mejoras relevantes en todo el proceso pa­ra la obtención de nuevo material vegetal. Para Aguado el enfoque dado llega en el mo­mento más oportuno “porque servirá para dar medios e ilusión a los citricultores que ya em­pezábamos a creer que la innovación y las nuevas naranjas revolucionarias sólo po­dían ser explotadas por clubes exclusivos dominados por unos pocos privilegiados”. 

 

El citado plan supondrá la creación de un equipo que se encargará de exigir re­sultados prácticos, coordinar los diferentes programas (de generación de mandarinas triploides, irradiadas, para la mejora genética o para la obtención de patrones y su adaptación a las nue­vas variedades…) pero también para acelerar el proceso de re­gistro, posterior limpieza y cuarentena y experimentación. “No se puede entender que una mandarina, una vez obtenida, tarde más de ocho años en llegar al citricultor”, ad­­vierte el presidente de AVA-ASAJA. Desde AVA-ASAJA, y con el fin de buscar mayor efectividad a la hora de gestionar nuevos registros del IVIA para los agricultores valencianos, le pedimos a la conselleria nuevas fórmulas más imaginativas que ya están aplicando empresas privadas como los clubes de variedades.

 

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AVA-ASAJA denuncia que el precio en origen del conejo de granja lleva semanas muy por debajo de los costes de producción, mientras que los precios al consumidor suben sin cesar.  Según los úl­ti­mos datos del Observatorio de Precios del Mi­­nisterio, en la última semana analizada la caída pa­ra el cuni­cul­tor fue del 6,71%, pero el precio en destino, en el mismo periodo, se disparó casi un 14%. Pa­­­­ra Cristóbal Aguado “es evidente que alguien, ma­ta­de­ros o grandes superficies, se están enriqueciendo a costa de los productores”.

 

 

Efectivamente, según las cotizaciones registradas en el observatorio, la pieza de co­nejo se situó entre el 11 y el 17 de mayo en 2,92 euros para el productor, a un precio in­ferior que los costes mínimos (de alrededor de 3,2 euros), mientras que el consumidor lo venía pagando a 6,91 euros. Y la tendencia, lejos de ralentizarse, se ha acelerado es­pectacularmente en la última semana. 

 

El hundimiento de las cotizaciones del conejo de granja se produce en un periodo de especial caída del consumo que se trata de compensar con las campañas de pro­mo­ción que en su momento se acordaron en la interprofesional Intercun. Los anuncios de te­levisión y radio que se están emitiendo en Catalu­ña, Madrid y la Comunitat Valenciana son financiados por los productores, que asumen la mitad del coste mientras que el ministerio aporta el resto. “La publicidad es positiva en líneas ge­nerales pero difícilmente es sos­tenible cuando al único que no beneficia es al cu­nicultor, con el que sólo parece que se cuente para pagar, aún a costa de incrementar las pérdidas”, advierte Agua­do. La Comunitat Valenciana es la tercera región en producción cunícola – con unas 250 granjas y 90.000 plazas- y la primera en consumo.

 

El disparatado precio al que se si­tuaron los piensos, unido al hundimiento de los precios en origen experimentado du­ran­te buena parte de 2007 y el primer semestre de 2008 ya provocó la desaparición de has­ta el 30% de granjas. “Aún sin tiempo de recuperarse de aquella histórica crisis, mu­chos productores no po­drán aguantar más vendiendo a pérdidas”, concluye Agua­do.

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AVA-ASAJA denuncia que robar hasta 2.418 ki­los de na­ranjas en el campo estaría considerado por el Código Penal (CP) como una falta de hurto que sólo podría ser castigada, en la práctica, con una multa de unos 120 euros. El último caso de este tipo que ha podido conocer esta organización se dio el viernes en Pi­cas­sent, donde la Policía Local sorprendió ‘in fraganti’ robando en un cam­po a un individuo que ya acumulaba en su furgoneta más de una tonelada de cítricos (50 cajo­nes).

 

El hombre fue retenido y juzgado y salió a las pocas horas en libertad tras ser condenado a pagar una mul­ta que ni siquiera llegó a la cantidad ci­ta­da. “Es­te sistema pe­nal hace aguas porque no sólo de­ja en la más ab­so­luta indefensión a los agricultores, sino que anima a delinquir”, advierte el pre­si­dente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien in­s­iste en que “llevamos años denun­cián­­dolo sin que el Gobierno se decida a promover un cam­bio legal”. 

 

El artículo 623 del vigente CP califica de falta –que no delito- cualquier ‘robo’ cuyo va­­­lor no exceda los 400 euros, lo que supone sobre el papel una indemnización equivalente a lo sustraído con pena de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses. Según los precios de la Lon­ja de Cítricos de Valencia la co­ti­zación máxima actual de las naranjas Valencia es de 0,165 euros/kg, de lo cual se des­prende que haría falta sustraer más de 2,41 toneladas para que el acto fuera con­si­de­rado delito de hurto.

 

 

En la práctica, según el departamento ju­rídico de AVA-ASAJA, los delincuentes se declaran insolventes con lo que evitan el tener que in­dem­­nizar por las cantidades robadas. En cuanto a la pena, cada día de multa se sanciona con entre 3 y 300 euros pero lo cierto es que –en la práctica- se suele fijar una cantidad de entre cuatro y seis euros por día. Una multa por 30 días (un mes) saldría pues al infractor por 120 ó180 eu­ros, respectivamente, e incluso se suelen dar facilidades para aplazar y fraccionar el pago. Para que la sustracción consumada en el campo merezca la consideración de delito de hurto -castiga­do con penas de prisión de uno a tres años- el valor de lo sustraído tendría que su­pe­rar los citados 400 euros. Y no se castiga la reincidencia: el delincuente podría eje­cu­tar en el plazo de un año hasta cuatro robos distintos y cometer sólo una falta siempre que el mon­tan­­te acumulado no superase tam­­bién dicha cantidad (artículo 234 CP). “Quienes se de­di­can a esto ya conocen la generosidad de la legislación y procuran no excederse nun­ca de tal cantidad.

 

El problema es que, con las cotizaciones actuales, el robo ya supone un vo­lu­men alarmante”, explica Aguado. La consideración como delito de robo –con pena de prisión de uno a tres años- es ca­­si imposible puesto que requeriría de la concurrencia de ‘fuerza sobre las cosas o vio­len­cia sobre las personas’ (escalar una valla, forzar una ce­rradura, agre­sio­nes…) y la inmensa mayoría de fincas no están cercadas y si la explotación en cuestión lo estuviera ¿có­mo de­mos­trar que la fruta robada procedía de ella? 

 

AVA-ASAJA ha denunciado en varias ocasiones durante esta campaña la existencia de un circuito comercial paralelo al legal cuyo suministro se basa en la fruta ro­ba­da y cuya sa­­lida habitual se da en las llamadas fruterías ‘low cost’ de barrio que tanto han proliferado en el último año, en la venta ambulante o incluso en algunos mercados mu­ni­ci­pa­les y bares. “Ésos cítricos llegan al consumidor pese a que no cumplen la re­gu­lación mínima en materia de calidad, sa­ni­dad o trazabilidad por supuesto que son cítricos que no pa­gan IVA y además de ser una amenaza para la seguridad alimentaria sólo contribuyen a depreciar la mercancía que sí cumple con la legislación”, explica el presidente de AVA-ASAJA.

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AVA-ASAJA alerta de que el primer plazo para re­clamar la moratoria de dos años por los créditos concedidos con motivo de las heladas de 2005 acabará mañana, día 19 de mayo. Se insta, por ello, a todos los afectados a acudir a las entidades financieras con las que suscribieron el préstamo a formalizar el aplazamiento ofrecido por la Generalitat ya que, de no hacerlo, justo al día siguiente –el miércoles, 20 de mayo- podrían cargarle a su cuenta la le­tra de la amortización del crédito correspondiente a este ejercicio.

A finales del mes pasado, la Conselleria de Agricultura informó primero por correo postal a los posibles beneficiarios de la moratoria y más tarde lo hizo en público, a través de una rueda de prensa celebrada el pasado 8 de mayo. El acuerdo, además, fue publicado en esa misma última fecha en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En virtud de este compromiso, la Administración autonómica se hará cargo en solitario del coste del apla­zamiento del pago pendiente para este ejercicio y el que viene, lo que supondría un cos­te de 8,4 millones de euros y podría beneficiar a cerca de 6.600 agricultores de toda la Co­mu­nitat Valenciana.

 

A buena parte de estos productores les vence la letra del crédito el próximo miércoles, a otros en el mes de junio e incluso los hay que les podrá llegar en di­ciembre. Para todos aquellos que puedan estar interesados en el aplazamiento y con independencia pues de la mencionada fecha de vencimiento, AVA-ASAJA les recomienda que acudan a la entidad bancaria correspondiente para cumplimentar y entregar lo antes po­sible los formularios con los que solicitarlo. 

 

Por otra parte, el pasado viernes 16 de mayo en el DOGV se publicó una relación de beneficiarios de esta moratoria con arreglo a sus respectivos números de DNI. AVA-ASAJA sospecha que este listado es incompleto y se podrían haber excluido a cientos de agricul­to­res beneficiarios por lo que ya ha requerido por carta al departamento autonómico para que corrija a la mayor brevedad esta posible anomalía.

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