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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Gobierno dificulta la contratación de jubilados en el campo al aumentar en un 43% las cotizaciones por día trabajado, mientras no aplica incrementos tan elevados en las cotizaciones mensuales del resto de trabajadores. “Esta discriminación perjudica tanto a este colectivo de trabajadores como a los empresarios agrícolas”, según Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

Además, asegura que “ante la falta de relevo generacional, muchos agricultores encuentran en los jubilados a trabajadores que pueden aportar una gran experiencia en las labores agrarias y que necesitan seguir trabajando en el campo para complementar una pensión que les resulta insuficiente”.  

 

No en vano, la pensión media que recibe un agricultor y ganadero valenciano a través del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) es de tan sólo 484 euros al mes, un 44% menos de la que les corresponde a los que provie-nen del Régimen General (867 euros). Entre los cambios adoptados en las modalidades de cotización a partir del 1 de enero de 2009 destaca este incremento en las cotizaciones por contingencias comunes por jornada laboral en la contratación de trabajadores no inscritos en el censo agrario, es decir, autónomos y jubilados contratados por cuenta ajena. 

 

Para este colectivo, hasta 31 de diciembre de 2008 se destinaba a la Seguridad Social el 15,50% de la base de la cotización diaria por jornada realizada. Ahora, los empresarios ven incrementadas las cotizaciones mensuales por los jubilados al 28,30%, porcentaje que de este modo se iguala a la cotización en el Régimen General. Los jubilados pueden trabajar hasta 90 días al año. Numerosos agricultores se ven obligados a estar dando de alta y baja a diario a los trabajadores jubilados y autónomos para evitar los mayores costes que supone la cotización mensual.  

 

Esta modificación se enmarca dentro de la Ley de los Presupuestos Genera-les del Estado por la cual se varía la cotización del Régimen Agrario por cuenta ajena en dos modalidades: cotización mensual, obligatoria para trabajadores con contrato indefinido, y cotización por Jornadas Reales, opcional para el resto de trabajadores.

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La Comisión Europea (CE) tendrá que evaluar la “efi­ca­cia y coherencia” de los controles sanitarios y fitosanitarios de la importación de pro­­duc­­tos alimenticios, vegetales y animales y presentar un informe al Con­se­jo y al Par­lamento a finales de 2010. Así lo acordó el Consejo de Ministros de Agri­­­cultura de la UE, que además "invitó" también al ejecutivo comunitario a agilizar las iniciativas legis­la­ti­vas dirigidas a mejorar los controles a los productos foráneos.

 

 

La con­clu­sión del citado in­for­me coincidirá, pues, con el inicio de la presidencia española de tur­no de los Vein­ti­sie­te. AVA-ASAJA reclama al Gobierno español que aproveche la opor­tunidad “para cum­plir el man­dato e impulsar medidas para acabar con el doble rasero aplicado por la UE, que es tan exi­gente con las frutas y hortalizas europeas como permisivo con las lle­ga­das de paí­­ses terceros”, denuncia el presidente de esta or­ga­ni­zación, Cristóbal Aguado.  

 

AVA-ASAJA valora el giro que parece que esté dando la política comunitaria gra­cias a la impronta dejada por la presidencia de turno de los 27 ocupada durante el se­gun­do semestre de 2008 por el ejecutivo de Sarkozy. Fue el Go­bierno del país vecino el que en junio presentó un demoledor me­morán­dum titulado ‘Importación de alimentos: se­­guridad sanitaria y conformidad con las nor­mas comunitarias’ en el que se ponía en sol­fa el diferente trato aplicado en materia sanitaria y fitosa­ni­taria según la procedencia de los alimentos, europea o fo­rá­nea.

 

Poco más tarde, el Comité Eco­nómico y Social Euro­peo (CESE, el más importante or­ga­nismo consultivo de la UE) reincidía en lo mismo en su dictamen ‘La seguridad sanitaria de las importaciones agrícolas y ali­men­tarias’. Más re­cientemente, la Agencia Eu­ropea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), a petición de la CE, elaboró otro informe en el que –en la línea también con lo denun­cia­do reitera­da­mente por AVA-ASAJA- se cuestionaban los controles para evitar la llegada en cítricos sudafricanos de la Gignardia citricarpa o ‘mancha negra’. 

“El presidente Zapatero tiene tantos o más motivos que Sarkozy para hacer pasar a la UE de las palabras a los hechos” señala Aguado quien además advierte que “ya que es complicado luchar contra el dumping social que practican los países no co­mu­ni­tarios que tienen costes de producción insignificantes, por lo menos Bruselas debía asegurar a los consumidores que todas las frutas y verduras que llegan al mer­cado eu­ro­peo reúnen las mismas garantías”. 

 

Efectivamente, en las conclusiones del último Consejo de Ministros de Agricultura de 2008 sobre el punto relativo a la seguridad de los productos agrícolas importados y su conformidad con las reglas comunitarias, el Consejo recuerda que la UE es el mayor importador mundial de productos agroalimentarios y que el crecimiento de los in­ter­cam­bios mundiales en este ámbito "convierte en muy probable la emergencia y la di­fusión de los factores de riesgo o enfermedades que en ocasiones se descubren a posteriori”. A es­te respecto, AVA-ASAJA ya denunció cómo sólo en la última década y siempre procedentes de países terceros se han introducido hasta siete plagas en la citricultura va­len­­ciana, una cada 15 meses.

 

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Casi un centenar de productores de chufa par­­­ti­ci­paron ayer en la jornada organizada por AVA-ASAJA en Alboraia en relación a la si­­t­ua­ción de este cultivo. En el transcurso de la misma la directora ge­­ne­ral de Pai­saje, Aran­cha Muñoz, explicó el contenido del Plan de Acción Territorial de Pro­tec­ción de la Huerta de Valencia (PATHV) y aclaró la fi­lo­sofía del programa agrícola. “Si en un primer momento fui­­mos críticos con este plan, aho­ra valoramos que, por primera vez en un proyecto de esta índole, se esté con­si­de­rando al agri­cultor co­mo protagonista.

 

 

Sólo cuidando a quien trabaja la tierra y ase­gurando la rentabilidad de su actividad se podrá pre­ser­var un paisaje que sa­be­mos es único en Europa”, desta­có el líder de esta organización, Cristóbal Aguado. La Generalitat viene manteniendo desde hace meses contactos con las organi­za­ciones agrarias para coordinar los planteamientos del programa agrí­­cola in­tegrado den­tro del PATHV. Muñoz explicó que con este plan, cu­­­yo ob­jetivo pri­mero es asegurar la ren­tabilidad a los horticultores, se cons­tituiría un consorcio, un ente gestor con­formado por la Administración –en su caso, la Gene­ra­li­tat y los mu­ni­ci­pios afectados- así como los representantes de los agricultores.

 

Este nuevo órgano se encargaría de cap­tar fi­nan­ciación -con partidas autonómicas, es­ta­tales y/o europeas- para crear un ‘fondo de  com­pensación’ para los agricultores por los servicios am­bien­ta­les prestados. “Los usos no agrícolas como la restauración o el agro­tu­rismo que se pue­dan permitir y que fo­men­ta­rá el PATHV serán voluntarios y deberán estar subor­di­nados a asegurar la rentabilidad al hor­ticultor” ad­virtió Aguado en la jornada. La representante de la Conselleria de Medio Am­bien­te, Agua y Urbanismo puso como ejemplos análogos la experiencia que se está abordando en el ‘Parc Agrari del Baix Llobregat’ donde la Diputación de Barcelona, los ayuntamientos e incluso un con­ve­nio con las cajas financian líneas de mejora en la comercialización de sus pro­duc­tos agrí­­colas.

 

Más ambicioso si cabe resultaría ‘el Parco Agrícola Sud Mi­la­no’, uno de los más más grandes de Europa con 61 muni­cipios y don­de un ente gestor con fondos de Lombardia, del Estado y de la UE mantiene una zona agrí­co­la de gran di­ver­sidad. Sin perder la perspectiva de los problemas que afectan a la huerta, el catedrático de la UPV, José García Jiménez, abordó los avances en la lucha contra un hongo que en su momento puso en ‘jaque’ la producción de chufas. García Jiménez alu­dió a los es­tu­dios realizados sobre este patógeno, que aún está por clasificar pero que se sabe que provoca una fuerte defoliación en el cultivo y una importante mer­­ma en la producción.

 

El ca­tedrático explicó que son las simientes de la chu­fa las que portan este hongo y cómo las últimas investigaciones han demostrado que aplicando sis­temas de termoterapia se reduce su afección. La acción com­bi­na­da con algunos fungicidas ha permitido en las úl­timas fechas controlar de­fi­nitiva­men­te la enfermedad pero, según destacó el catedrático, la aplicación de la nueva regulación europea de fitosanitarios pod­ría dejar sin al­ter­nativas de lucha contra las plagas a este cultivo considerado ‘menor’.  

 

Por su parte, la directora general de Comercialización Agraria, Marta Valsangia­co­mo, ilustró sobre la enorme potencialidad de la horchata pa­ra la promoción en los mercados. “Si el consorcio que emane del PATH sabe atender a las particularidades de la huerta será un instrumento útil y hay cultivos, como la chufa, que están demostrando que pueden ser rentables y servir para mantener la huerta”, concluyó Aguado.

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El malestar social en el sector arrocero sigue creciendo un año más por las discriminaciones existentes en las compensaciones que la Conselleria de Medio Ambiente ha aprobado a los arroceros afectados por los daños provocados por la avifauna en el Parque Natural de La Albufera. Al igual que en 2008, los agricultores volverán a perder más de 200.000 euros, lo que supone el 65-70% de los daños reconocidos por la Dirección General del Medio Natural, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

 

La organización agraria reclama la revisión de algunos “despropósitos” de la normativa para, de una vez por todas, compensar “todos los daños registrados en los arrozales, por todas las especies de la avifauna, y en todas las zonas de cultivo, sin discriminaciones arbitrarias e injustificadas”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.  

 

“No es de recibo que el esfuerzo realizado por los agricultores para mantener el Parque Natural de La Albufera, que es la insignia de la Comunitat Valenciana por calidad e importancia ambiental, no reciba año tras año una compensación digna y acorde a su gestión agroambiental”, indica Aguado: “Únicamente los arroceros serán los que correrán con las pérdidas de la proliferación de las anátidas en el paraje. 

 

Tras seis años consecutivos con importantes daños de avifauna y tras la creación de un grupo de trabajo que realiza un seguimiento de los perjuicios y las correspondientes ayudas, se dio a conocer el 5 de febrero un Plan de Actuación que contempla varias actuaciones dirigidas a compensar los daños en los cultivos. El programa aprobado aumenta en cuatro los días asignados a la caza de anátidas. Además, se inundarán una serie de parcelas en los términos de Silla y Massanassa durante el secado de la marjal con el propósito de evitar el estrés de la avifauna por falta de comida.

 

Asimismo, el plan contempla hacer acopio de comida en varios puntos de reserva para aumentar el ‘efecto llamada’ de las aves fuera de las zonas de cultivo. También permitirá efectuar disparos controlados en zonas donde se produzcan daños en los cultivos durante el período de siembra.  “Valoramos estas iniciativas pero continuamos pensando que al final de la campaña, contando con las compensaciones, habrá centenares de arroceros que no recibirán ayudas pese a tener daños en el cultivo”, concluye Aguado.

 

Corte de voz de Sergio Navarro, técnico de AVA-ASAJA

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AVA-ASAJA denuncia que la Administración central y autonómica “enmascaran” en la estadística la evidencia del abandono masivo de campos de cítricos que en los últimos años está provocando la crisis de este cultivo. Así, en la En­cuesta sobre Superficies y Rendimientos (ESYRCE) 2008, publicada recientemente, se con­cluye que la superficie citrícola se mantuvo estable tanto en la Comunidad (188.650 hec­tá­reas por las 187.810 de 2007) como en el conjunto del país (332.626 ha. en 2008 y   332.796 en 2007).

Para el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, tales números “no se corresponden, ni de lejos, con la triste realidad que vivimos pero sí sirven para jus­ti­fi­car la pasividad de la Administración, que es capaz de negar hasta lo más obvio”. El informe ESYRCE utiliza el eufemismo ‘superficie de secano’ para referirse a las plantaciones abandonadas en las que efectivamente no se re­gó pero que sí computan a los efectos de calcular la superficie citrícola total. Así, la estadística referida a la Comunidad ha­blaba en 2006 de una superficie ci­trícola de ‘secano’ de 7.035 ha., de 10.083 ha en 2007 pero de sólo 1.330 ha en 2008.

 

“Pensar que en 2008 se invirtió la tendencia y se aban­do­na­ron sólo un millar de hectáreas es impensable porque sólo con los asociados de AVA-ASAJA que llamaron para informar que la crisis de precios les obligaba a abandonar la ac­ti­vi­dad ya se acumularía mucha más superficie”, advierte Aguado. A este respecto conviene destacar, por otra parte, que el informe referido a la Comunidad es el único en el que se apos­­tilla que en el año 2008 se ‘han variado ligeramente las uni­dades de in­vestigación (segmentos) de la muestra por lo que no es exacta la co­mparación de las cifras’.

 

Un comentario que, sin duda, cuestiona la validez de sus propias conclusiones.  “Si el Gobierno central y autonómico se quiere consolar pensando que la crisis no es­tá provocando un abandono masivo de campos, perfecto, pero todos sabemos que esto no es así y si no se toman medidas ya el proceso se acelerará y las consecuencias medioam­bien­tales y económicas serán muchísimo mayores”, advierte Aguado. AVA-ASAJA ya estimó que hasta diciembre los citricultores valencianos acumulaban pérdidas por valor de 134 mi­llo­­nes de euros.

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AVA-ASAJA denuncia que los errores denunciados por las organizaciones de consumidores en las facturas de la luz también se están repitiendo desde el pasado verano en el caso de los agricultores. Si para los usuarios domésticos ha sido el cambio del sistema de cobro de bimestral a mensual el detonante del serial de errores y desproporciones en las facturas, en los productores de regadío y ganaderos tal cosa se está produciendo por la “imprevisión y la falta de planificación con la que el Ministerio de Industria ha abordado la supresión de las tarifas especiales de riego".

 

Así lo denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien además reclama al Ejecutivo Central una comisión de investigación para aclarar las deficiencias detectadas y tomar medidas.

 

AVA-ASAJA mantendrá una estrecha colaboración con las organizaciones de consumidores de la Comunitat Valenciana para tratar de llevar a cabo acciones de manera conjunta, con el fin de acabar con las irregularidades detectadas en las facturas de alta, media y baja tensión. 

 

“Justo en el momento más crítico, cuando los regantes se han visto abo­ca­do a adaptarse al nuevo sistema de contratación en un mercado libre, la improvisación en las regulaciones aprobadas por el Gobierno sólo han servido para aumentar el grado de desinformación y confusión entre los regantes, que están asu­miendo desorbitados incrementos en los costes de la electricidad”, asegura Agua­do.  

 

El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, obliga a las eléctricas a remitir la fac­­­tu­ración del suministro mensual o, como máximo, bimestralmente. Con la liberaliza­ción del mercado eléctrico, “la dejadez y permisividad” del ministerio –en palabras de Aguado- está posibilitando que en algunos casos se remitan facturas desorbitadas al contabilizar un consumo acu­mulado de hasta ocho meses. Se están dando innumera-bles errores de cálculo en la fac­turación de la energía. Por ejemplo, un regante llegó a recibir en noviembre una factura con un importe que triplicaba el coste real de la energía en ese pozo.  

 

En segunda instancia, el retraso en las lecturas y emisión de facturas ha agra­va­do también los efectos de la confusión generada desde la supresión de las tarifas es­pe­ciales de riego. Así, multitud de regantes se han llevado durante estos meses la desa­gradable sorpresa de recibir una factura por varios meses que, además de multiplicar considerablemente su gasto mensual, venía acompañada por penalizaciones del 5% en cada mes. Ante las cantidades recibidas en tales facturas, muchos afec­tados se han visto obligados a presentar las correspondientes reclama­ciones para so­li­citar que se les fraccione el pago. 

 

AVA-ASAJA recuerda, además, que los usuarios de las tarifas de alta y baja ten­sión están sufriendo también los cambios de los precios y horarios que se publicaron en el BOE, sin previo aviso ni negociación alguna, el 30 de diciembre, en la víspera por tan­to de Nochevieja y que ya entraron en vigor el pasado 1 de enero. La orden comenzó a aplicarse sin que antes se hubieran adaptado los contadores de las eléctricas a la nueva dis­posición.

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AVA-ASAJA lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente haya optado por mantener acoplado el pago único de cítricos pese al “caos y la desinformación” generalizada en 2008, en el que fue su primer año de tramitación. “Pese a que algunos se han aprovechado de la situación para pa­gar precios ridículos por la fruta que iba a la industria de zumos o incluso cobrar por re­cogerla, el Gobierno no ha querido cambiar el decreto”, señala el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.

Tras la negativa experiencia vivida en 2008, AVA-ASAJA ha venido reclamando al Ejecutivo central que modificara el decreto para acabar así con el segundo año del periodo tran­si­to­rio impuesto. De esta manera, los citricultores podrían haber solicitado este año di­rec­ta­mente la ayuda, sin necesidad de entregar a la industria el mínimo que aún se requerirá este año de 2.300 kilos por hec­tárea en el caso de naranjas y de 1.300 kg/ha en el de cle­mentinas.

 

Pero el Ministerio de Medio Ambiente ha rechazado tal posibilidad y los ci­tri­cul­tores, para acceder a las subvenciones europeas, tendrán que seguir asegurando tales can­ti­dades al ‘receptor autorizado’ (que son casi todos los comercios y Organizaciones de Productores -OP’s-) para así figurar posteriormente en el con­trato que éstos firmen con la industria trans­for­madora de zumos. Para el pago único de cítricos se es­tablece el mismo pe­riodo de solicitud que para el resto de cultivos sometidos a este régimen, es decir, entre 1 de febrero y el 30 de abril.

 

“Muchas cooperativas, OP’s no cooperativas y un número re­du­cido de comercios han colaborado en facilitar la gestión al citricultor pero ha habido una gran cantidad de operadores (receptores autorizados) que no lo han hecho, que han co­bra­do un ‘peaje’ al productor por tales ayudas o incluso se han negado a hacer el trá­mite” advierte Agua­do quien señala por todo ello que es un sistema “arbitrario y viciado”. Será a partir de 2010 cuando los productores de naranjas, clementinas y limones po­drán cobrar directamente en función de la superficie declarada, sin mayores condiciones que las de acreditar que el cultivo ya estaba plantado a 30 de septiembre de 2006. Pero con­viene dejar claro que sólo podrán cobrar en ese año quienes activaron sus derechos en 2008. El no haber hecho tal cosa en 2008 no impediría, sin embargo, el reclamar la ayuda en el periodo de solicitud ahora abierto.

 

Con todo, AVA-ASAJA augura que, dadas las dificultades sufridas el año pasado, en esta segunda campaña de tramitación del pago único de cítricos serán menos los solicitan­tes.  Por otro lado, la organización agraria informa que la principal novedad de este año será la incorporación a este sistema de la uva entregada para la elaboración de mosto no des­tinado a vinificación. Casi 4.200 productores valencianos con unas 7.200 hectáreas culti­va­­das podrán solicitar tales ayudas.

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AVA-ASAJA denuncia que la línea del ICO de mil millo­nes de euros que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu, pro­me­­­­­tió para aliviar los pro­ble­mas de liquidez de los agricultores no llegará a este co­lec­ti­vo. Efectivamente, el ‘número dos’ del ministerio anunció tal cosa en sendas reu­nio­nes, la una en Madrid el día 20 de enero con la junta directiva de Asaja y la otra en Valencia, el 23 de enero, con las organizaciones agrarias valencianas convocadas para de­batir me­di­­­­das por la crisis citrícola.

 

 El miércoles día 28, por el contrario y en un nuevo en­cuen­­tro con Asa­ja en el que también participó Puxeu así como otros altos cargos del mi­nis­terio, se matizó que esta línea sólo se ofrece a empresas agroalimentarias.  “Los agri­cultores no sufrimos únicamente esta crisis sino la que veníamos arrastrando de años an­te­rio­res y si actuá­se­­mos como algunos sectores hace tiempo que hubiéramos echado el cierre por lo que ne­ce­sitamos aún más si cabe que otros medidas para poder con­ti­nuar con nuestra actividad”, advierte el pre­sidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 

 

Así, en la última cita mantenida en Madrid se aclaró que los úni­cos pro­ductores que se beneficiarán de esta línea de crédito serán aquellos que traten de fi­nan­ciar proyectos como la modernización de inverna­de­ros, granjas y en general me­jo­ras en bienestar animal. Medidas que distan mucho de com­­pensar a los agri­cul­to­res por la cri­sis de precios que vienen sufriendo y que este año, por ejemplo, en el caso de los cí­tri­cos, supondrá que se vuelva a trabajar a pérdidas, sin cubrir los cos­­tes de pro­ducción. “Muchos agricultores acumulan ya una gran deuda imposible de afron­tar.

 

Las ayudas públicas llegan tarde y mal pero la de­vo­lu­ción de los créditos ven­ce con puntua­lidad británica y la situación de muchos es ya de­sesperada”, denuncia Aguado. AVA-ASAJA confía en que la Administración central y autonómica sea capaz, al me­­nos, de mantener la promesa que también se realizó el día 23 cuando tanto Puxeu como la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, garantizaron que se con­ce­dería un aplazamiento en la devolución de los préstamos concedidos por las his­tó­ricas hela­das de 2005.  

 

La organización agraria reclama por todo ello una línea de apoyo financiero es­pe­cí­fica para el agro, similar a la ya aprobada para otros sectores, con préstamos con in­tereses al 100% bonificados, baremados en función de la superficie de cada explo­ta­ción y con un plazo de vencimiento de 5 años.

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 AVA-ASAJA aplaude el último informe de la Agen­­­cia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en el que se confirma que las me­didas de con­trol de plagas aplicadas por la UE a los cítricos importados desde Sudáfrica son insuficientes. En concreto, los científicos advierten que con las cautelas actuales la Guignardia citricarpa -el hongo que causa la temida ‘man­­cha ne­gra’- podría instalarse en la citricultura, por lo que recla­ma refor­zar los con­tro­les en los puertos de entrada y abordar inspecciones en los de origen.

“Hasta los ex­pertos consultados por Bruselas ven ahora lo que AVA-ASAJA ha venido d­e­­nuncian­do rei­te­ra­damente sin éxito estos años: Que estamos jugando con fue­go y que al final nos po­demos quemar”, advierte el presidente de esta organización, Cris­­tóbal Agua­do. De hecho, en los últimos dos años se han introducido en la Comunidad hasta tres plagas foráneas algunas tan problemáticas y agresivas como el Pezotrips kellyanus. 

 

AVA-ASAJA ya reclamó al Gobierno español el año pasado, tras conocer que en menos de un año se habían acumulado más de 40 rechazos en puertos eu­ro­peos con par­tidas de na­ranjas afectadas por la ‘mancha negra’, el veto a las importaciones de Su­dá­frica. Más re­cientemente, denunció también que los cítricos de esta procedencia ha­bían li­de­rado por cuarto año consecutivo el número de interceptaciones realizadas por la Con­se­lle­ria de Agri­cultura en aplicación del Plan de Vigilancia Fitosanitaria.

 

“La ame­na­za es muy seria porque cada intercepción que los funcionarios de la Conselleria realizan se lleva a cabo en un almacén de confección, normalmente a escasos metros de las fin­cas cítrico­las donde podría contagiarse y su­po­ne además que en los controles portuarios se les pasó por al­to”, advierte Aguado quien matiza que “si esto ocurre en ocasiones con los puertos es­pa­ñoles, que tienen los fun­cio­narios más cualificados y sensibilizados con este asunto, ¿qué puede pasar con los cítricos que entran por ejemplo por Holanda?”. 

 

Sudáfrica presentó documentación en la que se con­cluía que no existe riesgo de contagio de ‘mancha negra’ en Europa porque el clima no es el adecuado para su de­sarrollo, por lo que recomendaba a la UE revisar su le­gis­la­ción respecto a la importación de sus cítricos. Sin embargo, la EFSA informó que esta en­fer­medad no sólo po­­dría adap­tarse al clima mediterráneo, sino que su detección en las fron­teras de la UE es po­co probable porque los síntomas no pueden ser advertidos fácil­men­te en el fruto y que, una vez introducida, podría establecerse y propagarse con rapidez. Por este mo­ti­vo, la agencia reco­mien­­da ampliar el protocolo hoy vigente y al igual que obliga EEUU con las clementinas es­pañolas, hacer inspecciones en origen, en los puertos de salida de la mercancía. Es más, la EFSA cuestiona el principio de ‘con­fianza mutua’ en virtud del cual la UE no ra­ti­fi­­­ca sobre el terreno la veracidad de los informes sudafrica­nos so­bre las zonas que es­tán supuestamente exentas de esta en­fer­medad, las únicas que po­drían colocar género en el viejo continente.  

 

AVA-ASAJA ha remitido este informe al secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu, a quien le insta a reclamar ante la CE los cambios en el proto­co­lo que re­­comiendan estos expertos. En la misiva, la organización agraria recuerda a Puxeu que desde 2005 se arrastra la petición de declarar la Cryptoplhebia leuco­treta como enfer­me­dad de cua­rentena. Se trata de una po­li­lla que destroza el fruto por dentro y que ha si­­do de­tectada en innumerables oca­siones por los funcionarios autonómicos en partidas su­dafricanas  importadas.

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