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 AVA-ASAJA achaca buena parte del origen de la expansión de la plaga de mosquitos y de ‘mosca negra’ a las nue­vas limitaciones en materia fi­tosanitaria. La inusual propagación de estos insectos y sus efectos sobre los ciudadanos de municipios colindantes con la Albufera es hoy un pro­blema generalizado en las área de influencia de arrozales como los de Sevilla (Valle del Guadalquivir, en Doñana) o los de Ta­rra­­gona (Delta del Ebro) donde se han tenido que tomar me­didas excepcionales similares a las adoptadas por el Ayuntamiento de la capital del Turia.

 

El presidente de esta organi­za­ción, Cristóbal Aguado, advierte que como las restricciones eu­ro­peas irán a más “el pro­ble­ma lejos de ate­nuar­se podría pasar a ser en­dé­mico” y advierte que “la expansión sin control de las plagas no sólo afectarán a zo­nas próximas a humedales sino también a otras periur­ba­nas como, por ejem­plo, la de la Huerta de Valencia”.

 

Efectivamente, el humedal valenciano se ha convertido este verano en un cria­dero masivo de insectos, con po­blaciones sensiblemente superiores a las regis­tra­das en años anteriores. Lo acontecido en el lago ha provocado más daños de los habituales en el arroz pero también graves molestias a los ciudadanos, que han sufrido dolorosas picaduras y han llegado a saturar los centros sanitarios de la zona.

 

Y a juicio de AVA-ASAJA, el origen de este fenómeno no sólo responde a cuestiones cli­má­ticas, como la su­bida brusca de las tem­peraturas, sino que está íntimamente vinculado con las limitaciones que vienen sufriendo los arroceros en la lucha contra otras plagas es­tric­ta­mente agrarias, como el pulgón del arroz. “Los fitosanitarios se tiran contra una plaga concreta pe­ro permiten controlar otras, como en este caso los mosquitos ”, ex­pli­ca Aguado.

 

En este sentido y para la lucha contra el pulgón del arroz, la aplicación de la directiva 91/414 ha supuesto que sólo quede una materia activa contra esta plaga, el Etofenprox. Un pro­duc­to que es extremadamente caro y sobre el que la UE aún no se ha pronunciado sobre si se mantendrá en el listado de fitosanitarios autorizados. El descontrol de la plaga de mos­qui­tos y de ‘mosca negra’ ha obligado a los arroceros y al propio consistorio a asumir tal gas­to y el re­sultado ha sido que la población de insectos que afectaba a los vecinos efec­tivamente se ha reducido pero no así la del pulgón.

 

Contra el ‘cucat’ –que por las restricciones europeas desde hace años que se trata de controlar con sistemas de lucha biológica - se venía usando tam­bién el Malatión, que es­­te año ha sido prohibido. Se realizaban fumigaciones aéreas con­tro­la­das y a do­sis muy ba­jas sobre el cañizal, nunca sobre el agua del lago. Y el efecto de es­te in­sec­ti­ci­da contra el ‘cucat’ del arroz también era muy eficaz para controlar los mosquitos.

 

La regulación europea en materia medioambiental también prohibió este año la que­ma de la paja que siempre se ha realizado después de la siega del arroz. La consecuencia fue el podrido de toneladas de estos restos, la contaminación de las aguas, la muerte de pe­ces y ahora la sobrepoblación de mosquitos. “Cuando Bruselas toma decisiones de este ti­po tendría que pensar en las consecuencias medioambientales y antes de prohibir insec­ti­ci­das o prácticas agrícolas ancestrales tendría que dar las alternativas”, denuncia Aguado.    

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Las estadísticas oficiales de Eurostat de los últimos 11 años demuestran que existe una relación directa entre la participación española en el mer­­ca­do europeo de cítricos y el consumo. Es decir, en aquellos ejercicios en los que Es­paña aumenta su cuota en la UE -vende un porcentaje mayor del conjunto de na­ranjas y man­da­rinas comercializadas- se produce también un incremento simultáneo en los kilos por per­so­na adquiridos por los europeos (sean españoles o no).

 

 

Y la relación también funciona al con­tra­rio: cuando España vende menos sobre el total resulta ser que de igual manera se co­­men menos cí­tricos en el viejo continente. Para la Asociación Valen­cia­na de Agricul­tores (AVA-ASAJA) este dato confirma la mayor aceptación de la producción es­pa­ñola frente a la fo­ránea lo que, a juicio de su presidente, Cris­tóbal Aguado, “debiera ser un arma decisiva que los ope­radores podrían utilizar para de­fender mejor los precios ante la gran dis­tri­bu­ción”.Las estadísticas oficiales de Eurostat de los últimos 11 años demuestran que existe una relación directa entre la participación española en el mer­­ca­do europeo de cítricos y el consumo.

 

Es decir, en aquellos ejercicios en los que Es­paña aumenta su cuota en la UE -vende un porcentaje mayor del conjunto de na­ranjas y man­da­rinas comercializadas- se produce también un incremento simultáneo en los kilos por per­so­na adquiridos por los europeos (sean españoles o no).

 

Y la relación también funciona al con­tra­rio: cuando España vende menos sobre el total resulta ser que de igual manera se co­­men menos cí­tricos en el viejo continente. Para la Asociación Valen­cia­na de Agricul­tores (AVA-ASAJA) este dato confirma la mayor aceptación de la producción es­pa­ñola frente a la fo­ránea lo que, a juicio de su presidente, Cris­tóbal Aguado, “debiera ser un arma decisiva que los ope­radores podrían utilizar para de­fender mejor los precios ante la gran dis­tri­bu­ción”. 

 

Efectivamente, en naranjas y entre 1998 y 2008 sólo se dió un año en el que no se pro­­dujo esta relación. La excepción que justifica la norma se dio en 2003 cuando ocurrió que una mayor par­ti­ci­pa­ción es­pañola en el mercado naranjero europeo (se pasó del 50,6% de 2002 al 52,6%) no se correspondió con un mayor consumo (se pasó de los 7,4 kg/persona/año de 2002 a 7,0 kg/persona/año).  

 

Los datos proceden de un informe realizado por Intercitrus a partir de las estadísticas ofi­­ciales de Intrastat sobre los 10 mercados citrícolas de la UE no productores más impor­tan­tes, que acaparan la inmensa mayoría de las exportaciones citrícolas españolas. En líneas generales, el estudio confirma una tendencia hacia la disminución del consumo de naranjas –que ha pasado de 7,3 kg/persona/año en 1998 a 6,7 en 2008- que no se ve com­pensado por el de mandarinas –de 4,6 en 1998 a 4,5 en 2008-.  En el caso de las naranjas, el estudio confirma que “el alargamiento de las campañas favorece un incremento de la parti­cipación española en los mercados”.

 

Para AVA-ASAJA tal dato constituye una muestra más de la necesidad de graduar los envíos en función de las necesidades de los mercados, de coordinar las actua­ciones en fresco con la remisión de género a la industria de zumos, en definitiva “la conveniencia de que Intercitrus asuma su papel de interprofesional y en beneficio de todos cree las condiciones para que nuestros operadores puedan defender más fácilmente el pre­cio ante la gran distribución”, señala Aguado quien añade que “tenemos lo más complicado de lograr, el prestigio que da la ca­li­dad y ahora sólo nos queda lograr que eso se reconozca en los mercados”. En este sentido AVA-ASAJA denuncia el sinsentido de la política comercial seguida especialmente con las clementinas.

 

El estudio confirma que la cuota de participación de las mandarinas es­pa­ñolas en los 10 primeros mercados citrícolas europeos prácticamente no ha evo­lu­cio­nado, como tampoco el consumo per çápita: en 1995 se situaba en el 70,6% y 4,2 kg/persona y año; en 1998 en el 69,9% y 4,6 kg/persona/año; en 2005, en el 69,4% y 4,6 así como en 2008, con el 68,7% y sólo 4,5. “Los bajos precios no han servido ni para vender más ni para incentivar el consumo y en cambio han supuesto la ruina de todos, de los pro­ductores primero e incluso ahora de los propios comercios”, denuncia el presidente de AVA-ASAJA

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AVA-ASAJA denuncia que el informe presentado ayer por el Observatorio de Precios de Alimentación en el Comercio Minorista con­­firma que la ‘gue­rra de precios’ en la que está inmersa la gran distribución española se está realizando a costa del agricultor. Efectivamente, en el estudio realizado por el Ministerio de Industria y Comercio se advierte que los productos alimenticios que más baja­ron en estos establecimientos en el último trimestre fueron las frutas y hortalizas, con un des­­censo superior al 10% frente a una caída del 3,2% en el con­jun­to de la cesta de la com­pra.

 

“Para mantener su clientela, los grandes su­per­mercados e hipermercados se están ce­ban­­do con el eslabón más débil de la cadena, los productores, pero la dinámica destructiva que se inició primero y que aún no ha acabado con el abandono de campos se ha con­so­li­da­do y afecta ya a toda la industria agroa­li­mentaria”, advierte el presidente de esta or­ga­ni­za­ción, Cristóbal Agua­­do, quien la­menta la actitud del Gobierno que “cegado por abaratar los ali­­mentos, en lugar de to­mar medidas para frenar esta olea­da de despidos y cierres, está incentivándola”.

 

Efectivamente, el informe del gubernamental confirma que todos los formatos de la gran distribución están ‘cebándose’ con el sector hortofrutícola. La com­paración entre la evo­lución de los precios entre el conjunto de alimentos y las frutas y ver­duras según tipos de su­perficies así lo evi­den­­cia.

 

Así, los hipermercados bajaron los precios un 3,9% en los ali­mentos pero un 20,2% en los productos del campo; los grandes super­mer­cados (más de mil metros) lo hicieron un -3,8% y un -20,4% y los medianos supermercados (de 400 m a 999) los re­dujeron un -3,6% por el -19,6%, respectivamente. “Pero lo más grave es que los con­su­midores tam­po­co se están beneficiando porque sigue existiendo un abismo entre los pre­cios de los lineales y lo que se le paga, a pérdidas casi siempre, al agricultor”, explica Agua­do quien acusa de “cinismo” a la gran distribución porque “venden una rebaja en los ali­mentos para así ‘poner su granito de arena’ contra la crisis a costa de los demás y mientras mantienen in­tactos sus márgenes y beneficios”. Mercadona es, según el informe, la enseña nacional más barata en ali­mentación pe­ro aún lo es más en frutas y verduras.

 

Así, la mayor cadena es­pa­ñola de su­per­mer­cados rebajó sus precios un 4% en el último trimestre pero llegó hasta el 18,3% en el caso de los productos del campo. En este sentido, Aguado lamenta “que una empresa va­len­ciana que se hizo grande gracias a los valencianos y cuyos propietarios tanto han alar­deado de ‘responsabilidad social’ haya sido la primera en desencadenar esta des­tructiva gue­rra y es­tén ensañándose ahora con el sector hortofrutícola valenciano y español para tratar de aumentar su clientela”.  Y la expansión de las marcas de la distribución está siendo igualmente perniciosa.

 

Efec­tivamente, según un informe de la firma Adecco, el 63% de las empresas agroali­men­ta­rias ha recortado personal como consecuencia de este proceso y hasta un 36,6% advierte que tendrá que reducir su pro­ducción en los próximos meses. “El Gobierno no puede mantenerse impasible, no debe cruzarse de brazos o peor, fomentar este proceso con la falacia de que es beneficioso en época de crisis y debe in­tervenir como ya ha hecho Francia dando transparencia a los mercados con algo más que fríos estudios que se quedan en el papel”, afirma Aguado quien concluye que “la falta de respaldo de esta Administración a la agricultura se recordará como el mayor error político en la larga historia de España”.

 

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AVA-ASAJA lamenta la “falta de sensibilidad” con los regantes demostrada por la vicepresidenta Se­gunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al rechazar aplicar a este co­lec­tivo un IVA con tipo reducido del 7% (hoy es del 16%). La ministra opta así por desoír el do­ble mandato acordado por el Senado (el 30 de junio de 2008) y ratificado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo porque considera –según la carta de contestación re­mitida- que “estos momentos no son los más adecua­dos” para una rebaja fiscal de esta ín­dole.

La decisión se produce jus­to después de que se consume una subida anual de hasta el 70% en los costes de la electricidad para el riego. “Dados los desorbitados in­crementos en la factura de la luz que vienen sufriendo los regantes y la crisis irreversible que está afectando a toda la agricultura española me gustaría saber qué es lo que tiene que pasar para que el Gobierno se decida a bajarnos los impuestos”, se pregunta el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado. La petición del sector respaldada por el poder legislativo español se basaba en lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y tomaba como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes pagan un impuesto re­du­ci­do por la energía gracias a las gestiones que el Gobierno transalpino realizó en su mo­men­to con la Unión Europea.

 

Paradójicamente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha de­cidido negarse a materializar este mandato de las Cortes, alegando que la aplicación de tipos re­du­ci­dos cuenta con la oposición de muchos Estados miembros "por la subida pre­su­pues­taria que supone la puesta en marcha de estas medidas y por el reducido efecto que ejerce en los precios finales de los servicios a los que afecta".  AVA-ASAJA reitera en este sentido que tal cosa no ha sido obstáculo –como se ha dicho- para que Italia mueva pieza pero, es más, para que Francia haya logrado re­cien­temente el respaldo de los Veintisiete pa­ra rebajar el IVA de bares y restaurantes del 19,6% al 5,5%.

 

El país vecino, asimismo, pre­para una segunda modificación para someter la venta al consumidor final de los pro­ductos no transformados, como frutas y hortalizas, a un por­cen­taje de IVA del 2%, en lugar del gravamen del 5,5% que soportan en la actualidad y para hacer extensible posteriormente tal modificación al resto de la UE. Tales ejemplos demuestran, como destaca Aguado, que la decisión “es sólo una cuestión de voluntad política y está claro que el Ejecutivo no la tiene. Ni la tuvo con la traumática forma de imponer el proceso de liberalización del mercado eléctrico, ni la tiene ahora para tratar de aliviar sus dramáticas consecuencias”. 

 

Desde 1 de julio de 2008, la factura eléctrica a los regantes se ha disparado hasta un 70%. A partir de aquella fecha, se eliminaron por decreto las tarifas especiales de riego, lo que ya supuso un encarecimiento de los costes para los que optaron por formalizar un con­trato en el supuesto nuevo ‘mercado libre’, del 30%. Tales contratos volvieron a subir desde el 1 de enero otro 10%. En última instancia y desde el pasado 1 de julio se han ‘actualizado’ el término de potencia regulado, lo que ha vuelto a suponer un nue­vo incremento de entre el 23,1 y el 30%.

 

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AVA-ASAJA advierte que el hundimiento de los precios en origen de todas las hortalizas de tem­po­­rada podría provocar en poco tiempo un abandono masivo de los campos, algo inédito hasta el día hoy. La caída del con­sumo pero, sobre todo, la presión a la baja en los precios de la gran distribución está provocando que las cotizaciones ya no sólo no cubran los costes de producción genéricos, sino que ni si­quiera den para que el agricultor pueda pagar los gastos de recolección de estas verduras.

“Comenzamos la campaña a finales de mayo con precios por debajo del umbral de ren­ta­bi­li­dad pero es que ahora ya no permiten siquiera el poder sacar la producción al mercado”, de­nuncia el pre­sidente de esta organización, Cris­tóbal Aguado, quien señala además que “somos los agri­cultores quienes estamos pagando buen­a parte de la guerra de precios en la que están su­midos supermercados e hiper­mercados”. En una primera fase, los horticultores trataron de buscar mejores cotizaciones que las que le venían ofreciendo los asentadores habituales que abastecen a las grandes ca­de­nas llevando sus producciones en masa –ellos mismos y en pequeñas furgonetas- a los ‘mer­cas’ (Mercavalencia o Mercavasa).

 

A estas alturas, sin embargo, tales instalaciones es­tán tam­­bién saturadas de género, lo que ha agravado aún más la situación. Según un in­for­me del Departamento Técnico de AVA-ASAJA, los precios que vienen ofreciéndose por sen­das vías no cubren ya –en casos como el pimiento, el melón o la berenjena- ni siquiera los gastos de recolección/pre-confección que tiene que asumir también el agricultor. Es decir, el productor perdería dinero si se decidiera a recoger, comprar las cajas, preconfeccionar y transportar las verduras hasta el comprador. Efectivamente, sólo los gastos por este con­cep­to suman unos 35 céntimos, cuando en los casos citados, los precios ofrecidos son in­fe­rio­res a tal cantidad. En el resto de cultivos analizados la situación no es mucho mejor porque ni siquiera se cubrirían los costes de producción estrictamente agrícolas, pero al menos el productor podría plantearse reducir sus pérdidas.  

 

“Las hortalizas son cultivos que se van recolectando en sucesivas pasadas semana a semana. Si no se recoge cuando toca cuesta más volver a poner en producción los campos, por lo que lo más normal es que el agricultor opte por echar el resto de su cosecha a per­der”, explica Aguado. AVA-ASAJA viene insistiendo desde hace años en la necesidad de que el horticultor programe sus cosechas junto a un comercio/asentador, con el que aclarar las fechas, cantidades, variedades de hortalizas y precios ofertados. La campaña de verano está siendo tan nefasta y la presión de las grandes cadenas de distribución es tal que incluso los agricultores que actúan de esta ma­nera acumulan también cuantiosas pérdidas. 

 

“Pese a que son los productos frescos los que más están contribuyendo a  bajar el IPC, sigue existiendo un abismo entre los precios que se dan en el campo y en los lineales de los supermercados, por lo que el consumidor ni siquiera se está beneficiando de esta crisis”, señala el presidente de AVA-ASAJA quien insiste en reclamar al Gobierno que “de una vez por todas tome cartas en el asunto y regule de forma racional los márgenes aportando mayor transparencia a la cadena alimentaria”.

 

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AVA-ASAJA respalda con carácter general las medidas recientemente anunciadas por la Conse­lle­ria de Medio Ambiente para frenar la plaga de conejos que ya afecta a más de 70 mu­ni­ci­pios. Sin embargo, ante el fracaso de los sucesivos planes presentados con anterioridad, la organización agraria reclama ahora mayor “contundencia y agilidad” en las actuaciones. “So­bre el papel las decisiones tomadas parecen ser las correctas pero en el campo los daños provocados a los cultivos por estos animales son escandalosos y se están tensando cada vez más las relaciones entre agricultores y cazadores”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 

 

En este sentido, la organización agraria reclama a la Administración autonómica que agilice las tramitaciones de los permisos de caza –reduciendo la burocracia, habilitando un número de teléfono especial o incluso una web, como ya se ha hecho en otras autonomías, para acelerar las gestiones- pero que también actúe contra los res­pon­sa­bles de los cotos que hayan demostrado estos últimos años inactividad o dejación en el deber de gestión de su espacio cinegético. “No es de recibo que la Administración continúe dando permisos para otros apro­vechamientos seguramente más lucrativos a sociedades que no han cumplido antes con su obligación de actuar contra las poblaciones de conejos”, denuncia Aguado. 

 

De igual manera, AVA-ASAJA reclama a los agricultores que, pese a la reiteración en el daño a sus campos, continúen remitiendo a sus ayuntamientos los correspondientes par­tes, básicos para que la conselleria pueda fijar un mapa de prioridades en la actuación. “Ante la impo­sibilidad de cultivar los campos, como consecuencia de la crisis de precios, pedimos un plan especial para ayudar económicamente a los agricultores con el fin de mantener los campos limpios y así combatir la expansión de esta plaga”, advierte el pre­sidente de la or­ga­ni­zación agraria quien señala que los pro­duc­tores “son víctimas y no responsables de esta situación”.  

 

En última instancia, AVA-ASAJA insiste especialmente en la necesidad de que el de­par­tamento autonómico actúe de ‘motu propio’ o, en su defecto, exija responsabilidades a los titulares de obras públicas. Y es que los movimientos de tierras que generan las grandes infraestructuras que rea­lizan las distintas administraciones se convierten en muchos casos en ‘criaderos’ masivos de conejos que campan a sus anchas en madrigueras des­controla­das. “No hay más que seguir por dónde van, por ejemplo, las obras del AVE para darse cuenta de cómo la plaga de conejos ha ido avanzando a medida que lo hacía el tren”, señala Agua­do.

 

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Los servicios jurídicos de la Asociación Valen­cia­na de Agricultores (AVA-ASAJA) acumulan decenas de casos en los que un determinado co­mer­cio citrí­cola se ha visto obligado judicialmente a justificar la liquidación realizada al pro­­ductor. La organización agraria –ahora que están lle­gando en masa las liquidaciones a los productores, la mayoría de ellas ‘a comercializar’- anuncia en este sentido que apoyará cualquier iniciativa que vaya en esta dirección y reclama de igual manera a comercios privados y cooperativas transparencia a la hora de dar sus resultados y de rendir cuentas por ellos.

 

“Siempre hemos aconsejado la de­fen­sa de un precio pero si el citricultor se ve obligado a vender su cosecha ‘a comercializar’ y pos­te­rior­mente se siente engañado debe reclamar al operador” señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. La práctica ‘a resultas’, ‘a comercializa’ o el ‘ya-te-veré’ –como también se le conoce po­pularmente- se basa en un acuerdo entre las partes que conlleva la obligación del ope­ra­dor de asumir los costes de la recolección del fruto y la comercialización posterior sin que en el contrato figure un precio por arroba o por kilo.

 

El productor, por lo tanto, acepta el riesgo que supone el depender de cómo se paguen sus cítricos en el mercado. Se trata, como se­ña­lan las reiteradas sentencias y autos acumulados a este respecto, de un ‘contrato de com­pra-venta atípico’ pero sometido como el resto al ‘principio de buena fe’. Si la liquidación resultante del proceso no estuviera bien detallada y no satisficiera al pro­ductor, éste estaría legitimado por tanto a reclamar judicialmente que se rinda cuentas de for­ma detallada y justificada.

 

El departamento jurídico de AVA-ASAJA ha reclamado con éxito,  de he­cho y por un coste asumible, la práctica de multitud de diligencias preliminares en virtud de las cuales el comercio se ha visto obligado a entregar este tipo de documentación. Se tra­­ta de procesos que, por otra parte, podrían tener su continuidad y derivar en una segunda ac­­tuación contra el ope­ra­dor  en caso de que tal información siguiera sin satisfacer al de­man­dante. 

 

En este sentido, una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Nules ratificaba que tales documentos no pueden considerarse como “internos” o confidenciales porque para la debida rendición de cuentas no es “suficiente con la entrega de la factura emitida por la mercantil” sino que debe “comprender la globalidad de los actos de administración y de disposición realizados por la apoderada, expuestos de manera sistemática junto con los cobros percibidos y con los gastos soportados indicándose el destino del dinero percibido y el origen del dinero aplicado a subvenir los gastos”.  Aguado señala que el “citricultor no puede aceptar que la liquidación suponga a un tiempo el asumir su ruina y un acto de fe sobre la actuación del comercio. El operador sí logra un beneficio, pero quien generó el negocio, no, por lo que es justo reclamar al menos explicaciones”.

 

AVA-ASAJA solicita por todo ello a los comercios –privados o cooperativas- que, en caso de disconformidad, el citricultor pueda tener libre acceso a documentos tales co­mo: el precio de venta, las fac­turas emi­­­­­tidas al comprador, la tra­za­bilidad que siguieron las clementinas en cuestión, el cos­­te de confección, del trans­por­te de la finca al almacén y de éste a su punto de des­ti­­no, de la recolección, de los gastos generales aplicados, el lis­ta­do de clasificación de calidades y calibres…

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Mañana entra en vigor el Reglamento 1221/2008 de la Comisión Europea (CE) por el cual se eliminan 26 de las 36 normas de calidad comer­cial hasta ahora vigentes de frutas y hor­ta­lizas. La Asociación Valenciana de Agricul­tores (AVA-ASAJA) advierte que esta supre­sión no sólo abre las puertas de la Unión Europea a la importación barata y de baja calidad sino que también puede implicar un mayor riesgo de introducción de género afectado con plagas y enfermedades de cua­rentena. “Los géneros de peor calidad son los que menos se cuidan, crecen de manera más asilvestrada y por tanto son los más sensibles también a ser atacados por patógenos agresivos, algunos de ellos no existentes en Europa”, aclara el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.  Además, como la supresión de normas de calidad coincide con el inicio del grueso de la campaña de importaciones del hemisferio sur, AVA-ASAJA exige un endurecimiento de las inspecciones fitosanitarias en los puertos de entrada y de los controles de calidad bajo las normas que aún siguen vigentes en España. “La CE ha tomado una decisión equivocada y comienza a aplicarla en el momento más ino­portuno”, critica Aguado.  

 

El único requisito para comercializar es que no presenten “podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios del consumo”, lo que –como en su momento reconoció hasta Bruselas– favorecerá la venta de frutas y hortalizas defectuosas. Para Aguado, “las consecuencias serán malas tanto para los consumidores, porque la medida podría hacer de Europa el basurero del mundo, como para los agricultores, que no po­drán competir por precio precisamente porque la propia Comisión Europea ha insistido durante décadas al sector español y europeo en apostar y diferenciarse por la calidad”. 

 

A pesar de que Bruselas ha decidido bajar los parámetros mínimos de calidad de los productos frescos con el último propósito de presionar los precios del consumidor a la baja, Aguado concluye que “puede salirle el tiro por la culata, porque en el momento en que Europa cierre sus explotaciones, pase a depender de las importaciones y se vea obligada a pasar por el aro de países terceros, la inflación de los alimentos estará garantizada”. 

 

Los 26 cultivos que se quedarán sin normas de calidad -puerros, berenjenas, calabacines, pepinos, endibias, repollos, coles de Bruselas, apios, espinacas, coliflores, alcachofas, zanahorias, espárragos, guisantes, judías, ajos, cebollas, melones, sandías, nueces y avellanas con cáscara, champiñones, aguacates, albaricoques, ciruelas y cerezas- se po­drán comercializar a gra­nel y sólo se les reclamará la identificación del país de ori­g­en y que cumplan con la genérica definición de tener “una ca­li­dad sana, cabal y comercial”.  

 

Para el resto -entre ellos los cí­tri­cos, le­chugas, to­mates, fre­sa o me­lo­co­­tón- seguirán en vigor las nor­mas referidas a calibres, pe­so, número de fru­tos, homogeneidad que definen los distintos tipos de formato y calidades y que hasta ahora eran determinantes en la conformación de un precio para el consumidor. Sin em­bargo, po­drían pasar a venderse sin cumplir los requisitos siempre que en su eti­que­ta­do se acla­re que “no son con­for­mes con las normas de co­mer­cia­li­za­ción co­mu­ni­ta­ria” o se especifique que se trata de un “pro­ducto pa­ra transformación”, un extremo que AVA-ASAJA considera igual­men­te “ina­cep­ta­ble”.

 

Pinche en descargas relacionadas 'calidadf' para escuchar el corte de voz de Juan Salvador Torres, secretario General de AVA-ASAJA.

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 Mañana entra en vigor el Reglamento 1221/2008 de la Comisión Europea (CE) por el cual se eliminan 26 de las 36 normas de calidad comer­cial hasta ahora vigentes de frutas y hor­ta­lizas. La Asociación Valenciana de Agricul­tores (AVA-ASAJA) advierte que esta supre­sión no sólo abre las puertas de la Unión Europea a la importación barata y de baja calidad sino que también puede implicar un mayor riesgo de introducción de género afectado con plagas y enfermedades de cua­rentena.
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