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Agricultores de la comarca de La Safor de­nunc­ian que muchos puntos de venta de mercados municipales y cafeterías de la zo­na de Gandia y Oliva están adquiriendo naranjas locales para su venta sin un ori­gen claro, sin documentación y sin garantía de trazabilidad, calidad ni seguridad ali­men­taria. Por ello, AVA-ASAJA ha re­clamado por carta a las administraciones un mayor esfuerzo en la vigilancia de los caminos rurales e inspecciones en los puntos de venta y consumo (bares) de fruta.

 

El precio de las naranjas que se ofrece a dichos establecimientos ronda el euro por cajón (de unos 20 kilos). Esta cantidad está muy lejos de cubrir los costes de producción, lo que evidencia que la fruta adqui­rida podría ser robada del árbol o recogida del suelo y llevada directamente al punto de venta sin ningún tipo de trata­mien­to, confección ni control sanitario. 

 

Como señala el pre­si­den­te de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, “el fraude detec­tado perjudica a todos, productores, consumidores y Administración, que está permitien­do operaciones manifiestamente ilegales sin control fiscal, por ejemplo en el pago del IVA”. Así, “los citricultores no sólo están sufriendo cotizaciones ruinosas y robos de fruta en sus campos, sino que además ven como los precios se hunden aún más porque la fruta descartada acaba por entrar en el circuito comercial”, señala el dirigente agrario, quien además advierte que “los con­sumidores no pueden saber de dónde proceden las naranjas, por lo que no es descabellado pensar en posibles problemas sanitarios”.  

 

AVA-ASAJA recuerda que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se com­pro­­me­tió durante la última reunión del Grupo de Seguridad en el Ámbito Rural, el 12 de marzo, a reimplantar la orden aprobada en 1988, conocida como ‘Guía conduce’, que obliga a cualquier transporte de frutas u hortalizas a documentar su origen, aclarando cuestiones como la finca de donde procede, su vendedor, comprador, etc. Por su parte, represen­tan­tes del Consell advirtieron que se iban a intensificar las inspecciones en los puntos de destino en cuanto a la calidad y seguridad alimentaria de la fruta. 

 

AVA-ASAJA insiste a los agricultores en que faciliten matrículas de furgonetas ‘sospechosas’ para agilizar la labor de persecución de los delincuentes por parte de la Guardia Civil. Junto a ello, la organización agraria insta a denunciar todos los ro­bos y a transmitir estas irregularidades para evitar que la situación se agrave.

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AVA-ASAJA denuncia que los precios que están re­cibiendo los productores de cebolla no cubren los gastos por segundo año consecutivo. Según un estudio del Departamento Técnico de la organización agraria, el kilo de esta hortaliza se está pagando a pie de campo sobre los 17 céntimos de euro, uno menos que el año pasado. “Cuando los precios suben, llegan a Europa un barco con cientos de toneladas de ce­­­bollas sudamericanas para pre­sionar los pre­cios a la baja”, asegura el presidente, Cristóbal Aguado.

 

En 2007 y tras una temporada marcada por un importante descenso de la producción, los precios en origen rondaron los 0,30 euros/kg. Dos años después, en la semana que va del 6 al 12 de abril, el propio Observatorio de Precios del Ministe­rio de Medio Ambiente refleja que el precio de la cebolla en origen es de 20 cén­ti­mos de euro el kilo, mientras que el consumidor está pagando 1,10 euros, es decir, cinco ve­ces y media más de lo que recibe el agri­cultor.  

 

El estudio de AVA-ASAJA sobre la rentabilidad de esta hortaliza para la pre­sen­te campaña cifra los gastos de cultivo de cebollas por hectárea en 6.880 euros. Con los precios actuales, los ingresos sólo ascenderían a 3.200 €/ha., de lo que po­de­mos deducir que cada productor está viéndose forzado a poner de su bolsillo 3.680 euros por hectárea sembrada. La calidad de la producción valenciana tampoco parece ser recompensada por los operadores europeos. Los mismos calibres que en nuestra huerta son dese­cha­­dos o incluso destruidos (‘rotovatados’) por el agricultor por su nula salida co­mer­cial, se encuentran con suma facilidad en las partidas im­portadas de países no co­mu­nitarios que entran por puertos como el de Rotterdam. El precio es el factor cla­ve en tanto el kilo entra a un tercio de lo que ahora se paga en Valencia. “Prác­ti­ca­men­te la están regalando y así presionan los precios europeos  a la baja, con lo que nos es imposible competir”, asegura Aguado. 

 

El presidente de AVA-ASAJA lamenta en este sentido “la falta de peso po­lí­ti­co” demostrada por el Gobierno español en la defensa de las normas europeas de co­­­mer­cia­lización, que aseguraban una calidad mínima al consumidor y que re­cien­te­men­te fueron eliminadas por Bruselas. De igual manera, Aguado censura que, pe­se a los llamamientos reiterados del Parlamento Europeo a acabar con los abu­sos en la cadena agroalimentaria, “ni la Comisión Europea ni España hayan iniciado aún el de­sarrollo de una ley de comercio que defienda precios dignos para el agricul­tor que sí cumple con las exigentes normativas europeas”. 

 

El sector arrastra las consecuencias de la campaña pasada debido al fuerte ataque del hongo mil­­­­­­­­diu –que este año ha reaparecido con virulencia- así como por las importaciones baratas de Chile, Ar­­­­­­­­­gen­ti­­na y Egipto, que recientemente se bene­fi­ció de nuevas concesiones agrarias por parte de la CE. El hongo, que surge tras días calurosos, vientos de poniente y descenso de las temperaturas nocturnas y rocíos no mata la planta, pero sí afecta al desarrollo del bulbo.

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El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, consideró que hay que "ir de cara al usuario" para dar a conocer las leyes y la posición de la administración. No obstante, el ciudadano también debe "implicarse en conocer la necesidad de aguas, como se van a administrar y de qué manera puede colaborar para que su uso sea competitivo, racional y eficaz". Estas palabras las pronunció durante su intervención en la Jornada del Agua que se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia.

En este sentido, abogó por conocer la opinión de los usuarios a la hora de establecer leyes, medidas legales, ya que, según dijo, la administración "tiene que tener unos preceptos legales de uso, que debe dar a conocer a todos los administrados, pero también debe conocer las necesidades y el buen funcionamiento de uso de esas aguas". Agregó que todas las comunidades de riego con la administración deben ser "cogestores del mantenimiento de la masa de agua" y que esto "repercutirá en una estabilidad, viabilidad y una rentabilidad".  

 

Expertos reunidos hoy en la Jornada 'Participación de los usuarios en la gestión eficaz y sostenible de las aguas subterráneas' coincidieron en señalar la importancia de la coordinación con la gestión del agua de otros orígenes y la protección de las propias aguas subterráneas, así como de la implicación de los usuarios para poder gestionar de forma eficiente este tipo de recursos hídricos.

 

Así lo indicaron el director general del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José María Benlliure; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues; y el presidente de la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunitat Valenciana, Cristóbal Aguado, tras participar en la inauguración de las jornadas, que se celebran en el Palacio de Congresos de Valencia.

 

Las ponencias, patrocinadas por la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (Aeuas), persiguen "concienciar a los usuarios de la importancia que tiene su participación en la gestión de las aguas subterráneas", precisó Benlliure. En concreto, se dirigen a los usuarios de las aguas subterráneas que, pueden ser de todo tipo, de abastecimiento, de regadíos o de usos industriales, aclaró el director general.

 

En su opinión, es necesario avanzar en la "coordinación del agua de los distintos orígenes, en la protección de las propias aguas subterráneas y en el control de extracciones para que éstas estén siempre dentro de lo que es sostenible extraer, es decir, para evitar la degradación del acuífero".

 

De este modo, señaló que aunque el agua subterránea "en sí misma se gestiona bien, necesita un coste, porque es preciso un consumo energético y una regulación para ponerla en marcha". En cuanto al uso principal es el abastecimiento y el riego, y la eficiencia es "muy elevada, precisamente, porque hay una implicación directa en el coste, en la medida en que se precisa energía para ponerla en marcha", apuntó.

 

Por su parte, Juan José Moragues resaltó la importancia de las aguas subterráneas en la demarcación hidrográfica del Júcar, ya que representan el 75 por ciento del total de los recursos, es decir, de los más de 3.000 hectómetros cúbicos en toda la demacración, casi 2.500 son procedentes de aguas subterráneas.

 

Por ello, consideró que las aguas subterráneas deben de verse de un modo "integral, no se puede hablar por un lado de aguas subterráneas, por otro de superficiales, por otro lado de reutilización de aguas y por otro lado de aguas desaladas". Así, apuntó que cada recurso de agua tiene unas características diferentes según la calidad, la tecnología que se utiliza para regenerarla, y el precio, y que "la administración tiene que hacer llegar a todos los usuarios el agua, para que cada uno utilice la que se adapta a sus capacidades económicas y sus necesidades".

 

Asimismo, subrayó que el agua subterránea "va unida al agua superficial y a las aguas de recuperación depuradas", y "todo en su conjunto forma una gran masa de agua para cubrir las necesidades de la sociedad, no sólo del sector agrario, sino también del sector industrial, de los ciudadanos, del uso doméstico, y del mantenimiento del paisaje verde".

 

A lo largo de la jornada diferentes expertos abordarán asuntos como la Propuesta de modificación del reglamento de dominio público hidráulico; Experiencias prácticas de participación activa de los usuarios en la cuenca del Júcar y en los órganos colegiados del agua; El proceso de participación en el nuevo ciclo de Planificación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar; Eficiencia y sostenibilidad, el papel de las aguas subterráneas en la Comunitat Valenciana; las Experiencias comparadas de gestión y participación de agua en la cuenca del Júcar; los Usuarios de aguas subterráneas en regadío y protección del recurso; y Experiencias comparadas de Comunidades de Usuarios del Agua Subterránea (CUAS) en el resto del territorio español.

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AVA-ASAJA ha iniciado conversaciones con la Con­­­­­se­­lleria de Agricultura para sacar adelante una pó­li­­­za que proteja a los citricultores fren­te a futuras crisis de precios. Así lo ha anunciado es­­ta mañana el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado, en el trans­cur­­­so de la jornada ’30 años de se­gu­ros agrarios: Nuevos retos, nuevos riesgos, nuevos se­­guros’.

El acto ha sido clausurado por la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y ade­más ha contado con la presencia del director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE­SA), Fernando Burgaz. Aguado, además, ha valorado el esfuerzo realizado por el departamento de Hernández a la hora de compensar el coyuntural recorte en las sub­venciones que aporta ENESA a la contratación de seguros. El servicio técnico de AVA-ASAJA aportará sus cono­ci­­­mientos sobre el cultivo y la problemática existente y la conselleria se ha brindado a co­­­laborar también en la confección o encargo a instituciones de investigación y uni­ver­si­ta­­­­rias valencianas de los estudios que sean necesarios a nivel técnico.

 

Apriori, las par­tes no descartan ninguna de las fórmulas teóricas que hasta el momento se han postulado a este respecto (un se­gu­ro de renta, de ingresos o de precios) e incluso se estudiarán las experiencias aná­logas que hoy existen. Como ha destacado Aguado en la clausura de la jornada organizada por Agromas Seguros Agrarios y por AVA-ASAJA “España tie­ne hoy uno de los mejores sistemas de seguros agrarios del mundo con una cobertura que en estas tres décadas transcurridas desde la aprobación de la Ley de Seguros Agrarios se ha me­jo­ra­do ampliamente pero es el momento de dar un paso más y ofrecer una co­bertura que vaya más allá de los riesgos climáticos. Necesitamos un seguro integral que con­temple todo tipo de contingencias”.  

 

En esta misma línea, la consellera ha advertido que la agricultura “sufre un pro­ble­ma de rentabilidad y precios, y todos debemos de esforzarnos, esta Administración también, para dar una respuesta real a esta situación” porque la “realidad del campo es­tá avanzando mucho más rápido de lo que lo hace el sistema asegurador”.

 

Por su parte, Laura Peñarrolla, directora general de Producción Agraria de la conselleria –que ha participado en una mesa redonda entre otros con el propio Burgaz- ha señalado que el sector necesita “herramientas eficaces que vayan más allá de lo que hasta ahora co­no­cemos” y que sirvan para que el agricultor pueda afrontar riesgos hasta ahora no cu­biertos como los derivados de las “fuertes fluctuaciones en los precios, los problemas fito­sanitarios o ´derivados del cambio climático”. Una vez conseguidas estas coberturas, ha señalado Pe­ña­rroya, “los agricultores valencianos podrían salir a los mercados con más fuerza y sobre todo defendiendo un precio digno con el que vender sus cosechas”. 

 

Por el contrario, el máximo responsable de ENESA ha señalado que los “seguros agrarios no pueden resolver problemas estructurales sino coyunturales”. Burgaz ha matizado que, en el contexto de lo que la OCM de Frutas y Hortalizas entiende como gestión de crisis, se podría plantear a “medio/largo plazo el conseguir una estabilización, una red de seguridad que permitiera a los productores que sus ingresos no se situasen por debajo de un determinado nivel”. En esta misma línea y en consonancia con lo reclamado por el jefe de los servicios técnicos de AVA-ASAJA, José Francisco Sales –que también ha participado en el debate- el director de ENESA ha reconocido también la “necesidad de avanzar” en la cobertura de riesgos por cuestiones fitosanitarias. 

 

Según los datos facilitados por el director Zona Levante de Agroseguro, Manuel González Corral y por su director del Area de Estudios, Leandro Franco, en 2008 se produjo una mejora genérica del nivel de contratación de seguros en la Comunitat Va­len­ciana. Nuestra región presenta en todos los cultivos –salvo en el de la uva de vinificación- uno de los mayores ratios de aseguramiento de España. En cítricos se ha pasado de las 169.474 hectáreas y 2,53 millones de toneladas contratadas en 2007 a 249.729 ha. y 3,17 millones de toneladas de 2008.

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Más de 600 agricultores así como representantes de las cooperativas agrarias de La Plana de Utiel-Requena se han manifestado esta ma­ña­na en la capital de esta co­mar­­­ca para reclamar soluciones ante la parálisis que sufre el mercado vinícola. El pre­si­den­te de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado –que ha partici­pa­do en la protesta- ha de­nun­ciado la “pasividad y complacencia” que mantiene a este res­pec­to el Gobierno cen­tral, al que ha reclamado que apruebe con urgencia una des­tila­ción de crisis.

 

La declaración con­junta suscrita por AVA-ASAJA, La Unió y por la UTECO plantea además que se apruebe el ‘módulo cero’ en el IRPF, se habilite una lí­nea de crédito sin intereses a las cooperativas para que puedan adelantar el dinero de las liquidaciones a sus socios, una moratoria de dos años en la devolución de los prés­ta­mos concedidos para proyectos de modernización de bodegas, planes de mejora o de pri­mera instalación y se avance hacia la aprobación de un seguro de rentas del vino. 

 

AVA-ASAJA estima que menos de un 20% de la cosecha de esta zona vinícola se ha comercializado ya, cuando a estas mismas fechas del año pa­sa­do el porcentaje se elevaba por encima del 80%. Las operaciones de compra-venta en el campo son casi inexistentes pero cuando se materializan se cierran a precios que des­de comienzos de temporada no han hecho sino caer y que ahora se calcula que se sitúan entre un 30 y un 40% por debajo de los costes de producción. ”Los viticulto­res es­tán asfixiados por las deu­das y si sacar a la familia adelante ya es complicado, más lo es man­te­ner los cam­pos por lo que se han visto obligados a recortar en gastos de po­da o abonado o incluso a abandonar las tierras”, ha explicado Aguado. 

 

La crítica situación que desde hace tiempo viven los mercados está motivada, ade­más de por la crisis económica general, por los más de cinco meses que el Gobierno central tardó en decidirse a apro­bar el decreto con el paquete de medidas  que permite la nueva OCM del Vino. “No sólo se negoció mal la OCM y se dejó al sector sin medidas con las que regular el mercado sino que, ade­­­más, la indecisión del ministerio a la hora de gestionarla ha alimentado la incer­tidumbre y ha hecho muy com­pli­­cado que bodegas y cooperativas pudieran planificar la campaña”, ha denunciado el pre­si­den­­te de AVA-ASAJA. Un hecho que ya se ha visto reflejado en las exportacio­nes valen­cia­nas de vino que, según las últimas cifras referidas al mes de enero, han caído un 35%.  

 

El Gobierno central agravó aún más la situación de los productores al excluirlos de la línea de crédito de mil millones que el ICO articuló para las em­presas agroali­men­­tarias y al negarse a facilitar una moratoria en los préstamos que se concedieron por las históricas heladas de 2005. AVA-ASAJA valora, por el contrario, el trabajo que la Con­selleria de Agricultura está desarrollando para aliviar el alto endeudamiento de los agri­cultores en general y de los viticultores en particular. Entre otras posibles medidas, tras mante­ner varios encuentros con miembros de esta organización, el de­partamento de Ma­­ritina Hernández ultima un acuerdo con el ICO, las cajas rurales y otras entidades bancarias para facilitar el aplazamiento de los pagos ya comprometidos y evitar así posi­bles em­bar­gos, tanto por los préstamos de las heladas como por otros.

 

Por este motivo, los representantes de AVA-ASAJA han entregado el documento con la tabla reivindi­ca­ti­va consensuada con La Unió y las cooperativas tanto en el Ayuntamiento de Requena, como en la sede de la delegación de Hacienda pero no en el PROP de la Generalitat, con la que mantiene ya negociaciones para mejorar la situación del sector.  

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El informe sobre la Cadena de Valor de los Cítri­cos pre­­sentado el viernes por el Ministerio de Medio Ambiente no cree necesarias re­formas ur­­gentes en beneficio del citricultor. La sorprendente conclusión del Gobierno central se ba­sa en el su­pues­­to he­cho de que el margen del productor fluctúa “fuer­te­men­te entre pér­didas y ga­­nan­­­cias de una cam­paña a otra” por lo que, en palabras del di­rector ge­ne­ral de Mer­ca­dos Ali­men­tarios, Francisco Mombiela, “el objetivo de la ren­ta­bi­lidad de la eta­pa de pro­ducción de­be plantearse a medio-largo plazo”.

 

 

Para el pre­sidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, negar la “evidencia de la ruina del citricultor es puro cinismo. Es como decirle a alguien que está en la UCI que tenga pa­­cien­cia, que puede seguir tran­­quilamente en la cama postrado durante meses o años, por­que no hay prisa”. El estudio encargado por el Observatorio de Precios del MARM toma como re­fe­ren­­­cia para analizar el proceso de conformación de los precios en los cítricos los datos de la campaña 2007/08. Una temporada que, por cierto, el propio informe matiza que fue “atípica” ya que “debido a la menor producción se produjo un sensible in­cre­mento de los pre­­­cios con respecto a campañas anteriores, especialmente en origen”.

 

Efectivamente, con­viene recordar que la tem­porada pasada estuvo marcada por una drástica e his­tórica reducción de la co­se­cha, con más de un millón de toneladas menos de lo que ve­nía sien­do habitual. “Si algo es ‘atípico’ es porque es diferente a lo normal. En sólo una de las últimas cinco campañas el citricultor tuvo algún beneficio, en el resto sólo acu­muló pérdidas, pero se ve que para el Gobierno la excepción es la norma”, denuncia Aguado.  

 

Mombiela, eso sí, fue certero en su diagnóstico sobre las obligaciones que a este res­­pecto debería tener la Administración. Para el alto cargo ministerial, el Gobierno debe “promover un marco legislativo que impida abusos, propiciar el encuentro de todos los eslabones de la cadena y crear los instrumentos necesarios a favor de la transpa­ren­cia”. Recientemente, el propio Parlamento Europeo emitió un informe en esta misma línea en el que se llamaba tanto al ejecutivo comunitario como a los Estados miembros a legislar para minimizar los “abusos” que la gran distribución está ejerciendo contra los pro­duc­tores y aprobar mecanismos con los que aumentar la “transparencia” en la cadena ali­men­taria. En lugar de hacer tal cosa, Mombiela sugirió que el sector debiera “reaccionar” creando estructuras organizativas “capaces de adecuar la oferta a la demanda del mercado a través de la producción”.  

 

Para Aguado resulta “inconcebible” que “en vez de encargar estudios para cum­plir con la obligación de la Administración y con el mandato europeo pro­po­niendo actuaciones en favor del eslabón más débil, se manipule la realidad y ade­más se ins­te al sector poco menos que a sacarse el sólo las castañas del fuego”.  

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La nueva Junta Directiva de AVA-ASAJA visitó el Palau de la Generalitat y se reunió con el presidente del Consell, Francisco Camps, para intercambar impresiones tras las recientes elecciones en las que revalidó su mandato Cristóbal Aguado. El presidente de la Generalitat  trasladó a los miembros de la Junta su "compromiso personal" de "hacer de la agricultura un elemento fundamental, eje básico de estos próximos meses y semanas", en la "precampaña de debate" con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 7 de junio, porque "en Europa, la agricultura es un tema esencial" y en Bruselas se toman "decisiones importantísimas".  

Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, valoró el compromiso del jefe del Consell de "defender la agricultura valenciana en las elecciones y en el día a día de la Administración, ya sea en Valencia, Madrid o Bruselas" y consideró que entre la Generalitat y la organización hay "una vía de comunicación perfecta". 

Camps señaló que "la Comunitat Valenciana, a través de su agricultura, tiene que estar en el debate nacional de las elecciones europeas" y aseguró que "lo más importante, entre otras cuestiones, es hacer una política estratégica de nuestro campo, nuestros agricultores y nuestra agricultura". 

Así, se mostró dispuesto a "continuar trabajando juntos para el futuro", porque "su compromiso es el mismo que el nuestro, en defensa de la agricultura, la ganadería y la pesca, y, en definitiva, en defensa de nuestro territorio, de lo que significa la producción y de lo que significa también entender que tenemos que hacer de ésta --la de la agricultura-- una apuesta estratégica para la Comunitat Valenciana". "Vamos a intentar luchar todos por esa agricultura que se merece entrar en el siglo XXI con un broche de oro y vamos a trabajar por que la agricultura valenciana tiene futuro, tiene unos magníficos agricultores y tiene los mejores productos agrarios del mundo", aseveró. 

Para Aguado, con un trabajo coordinado se puede superar las dificultades y mejorar la situación. Asimismo, insistió en mejorar la renta agraria y la reivindicación de lograr "precios justos" para los productos del campo, algo que, según dijo, AVA-Asaja "va a defender con un seguro agrario y con unas normas del comercio que garanticen la tasabilidad y la transparencia", para que, "en definitiva, los agricultores sean unos grandes profesionales con un futuro mucho más claro".

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 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama al Gobierno el ‘módulo cero’ en la Declaración de la Renta de 2008 para todos los agricultores que cultiven cítricos, frutas y hortalizas y viñedo y para todas las explotaciones ganaderas. “El Gobierno debe aclarar por qué los agricultores y ganaderos somos ciudadanos de primera para pagar nuestros tributos, pero de tercera a la hora de diseñar planes de rescate”, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

El líder agrario advirtió que “con pérdidas, los agricultores no podemos soportar los impuestos ya que miles de agricultores lo perdieron todo por las heladas de 2005 y encima, añade, hace unas semanas nos sentimos engañados al conocer que el Ministerio no iba a conceder la moratoria prometida para el pago de los préstamos que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) habilitó con el fin de hacer frente a la meteorología adversa de aquel año. El subsecretario de Estado, Josep Puxeu, dijo una cosa pero luego ha hecho oídos sordos a nuestra petición”, señala Aguado. 

 

Por otro lado, AVA-ASAJA recuerda que el Gobierno ha vuelto a meter en saco roto las reivindicaciones fiscales valencianas. En este sentido, ni la Orden publicada en noviembre de 2007 ni la de 2008 hacían referencia a la aplicación del ‘módulo cero’ para algunas actividades agrícolas y ganaderas.  

 

En los últimos años se ha acentuado la caída de rentabilidad de todos los cultivos y ganaderías a causa del agravamiento de la crisis de precios, las inclemencias meteorológicas y la subida de los costes de producción, en especial de los fertilizantes. “Cualquiera de estas tres causas sería suficiente para tomar medidas, pero las tres juntas las hacen todavía más incuestionables, por lo que el Gobierno debe aprobar por vía de urgencia el módulo cero en el IRPF, para que todos los agricultores y ganaderos tengan el tiempo suficiente de tramitar esta exención”, señaló Aguado.

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA constata que la superficie cultivada de patata en la provincia de Valencia se ha reducido cerca de un 60% durante la última década. En 1999, 15.000 hanegadas de tierra se destinaron a plantar este tubérculo mientras que en 2009, sólo han sido 6.000. “Desgraciadamente, hemos llegado a un punto en que su presencia es testimonial”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

 

El líder agrario añade que “tenemos que romper esa tendencia para recuperar una hortaliza propia de nuestra tierra, que está presente en el paisaje de la Huerta Valenciana”.  Uno de los problemas que se detectan al analizar este cultivo es la falta de rentabilidad que se viene arrastrando desde hace años. Según un estudio de los servicios técnicos de AVA-ASAJA, durante la campaña 2008-2009, y con un precio medio de 16 céntimos de euro el kilo, los gastos por cultivar una hectárea de patatas ascendían a 5.437,80 euros mientras que los ingresos sólo llegaban a 4.880 euros por lo que el agricultor tuvo que desembolsar, como media, casi 560 euros por hectárea.

 

El comportamiento del mercado casi siempre es cíclico. Así, el productor percibe cerca de 25 céntimos de euro por kilo al inicio de la campaña, que coincide con estas fechas. Transcurridas unas dos semanas, la cotización desciende a los 21 y se desploma al final de la temporada hasta los 12 céntimos de euro por kilo. En los próximos días, los agricultores recogerán las variedades extra tempranas, de gran calidad, y que hace cuatro o cinco años se pagaban durante las primeras semanas a 33 céntimos de euros el kilo. Este tubérculo, que se cultiva sobre todo en Valencia, Sevilla y Murcia, se planta en noviembre y diciembre y se oferta en el mercado hasta bien entrado el mes de abril.  

 

Con el objetivo de reducir los costes de producción, los agricultores llevan a cabo cerca del 70% de las labores de siembra de manera mecanizada por lo que con 125-135 kilos de patata plantada se pueden obtener unos 3.000 kilos por hanegada. Por otro lado, el episodio de precipitaciones de este fin de semana y que hoy continúa está siendo, de momento, muy beneficioso para la agricultura. Las lluvias registradas han regado los cultivos de manera correcta, han limpiado árboles y los agricultores se han ahorrado un riego.

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