AVA advierte de que la nueva radicalización de la norma de fitosanitarios hace peligrar la agricultura y el medio rural

La Comisión de Medio Ambiente del Par­la­­­men­to Europeo ha aprobado esta mañana el informe que el legislativo comunitario de­­batirá sobre la futura normativa de fi­to­­sa­ni­ta­rios. Los cambios introducidos hoy en el pro­ceso de se­gun­da lec­tura radicalizan aún más si cabe la inasumible postura que ya postuló esta misma ins­ti­tución en su pri­­me­ra lectura. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­­do, llama a la mo­­vilización de los europarlamentarios y de la Admi­nis­tra­ción.

De entrar en vigor el re­­glamento en los tér­mi­nos actuales “no sólo se perderá a me­dio plazo más del 70% de la producción agrí­cola valenciana sino que desapa­re­ce­rá el medio rural tal y como hoy lo en­ten­de­mos, con consecuencias demo­grá­fi­cas y eco­lógicas inima­gi­nables”.

 

 

Como ya denunció esta organización el pasado viernes, de aplicarse tal nor­ma en sus actuales términos, la economía valenciana tendría que afrontar a medio plazo la pérdida del 74% de la producción citrícola, de entre el 60 y el 70% de la hor­tí­cola o del 68% de la de frutales de pepita. Sólo los daños ocasionados en el cultivo de naranjas, mandarinas y limones se cifrarían en 740,5 millones de euros y en 13,2 millones de jornales cada año, lo que es como decir que desaparecerían más de 55.000 empleos. En la votación de hoy, lejos de flexibilizarse los criterios de corte para man­te­ner los fitosanitarios, se han endurecido aún más, con los que estas cifras se que­da­rían cortas.

 

De nada ha servido la oposición de 20 de los 65 eu­ro­diputados pre­sen­tes en la comisión, incluidos los negativos de los tres re­pre­sen­tantes españoles, por­que el informe ha salido adelante con 39 pronunciamientos a favor y seis abs­ten­cio­nes. De cualquier manera, lo reñido de la votación invita a pensar que el decisivo de­ba­te en sesión plenaria será –como señala Aguado- “muy tenso por lo que ahora más que nunca es necesario que los eurodiputados españoles ha­gan una intensa cam­paña para que los grupos mayoritarios eu­ro­­peos, popular y so­­cia­­lista, entren en razón y por responsabilidad impidan que esta norma salga ade­lan­­te”.

 

El presidente de AVA-ASAJA censura, por otra parte, la pasividad mostrada en todo este proceso por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural: “España será el principal per­ju­di­cado por lo que nuestro Gobierno nunca tendría que haber permitido que el debate lle­gara a estos extremos”. 

 

Los cambios ahora introducidos no sólo elevarán a más del 90% los fito­sa­ni­ta­rios que tendrán que ser retirados del mercado, sino que también obligarán a los Es­ta­dos miembros a reducir el uso de los que queden en hasta un 50% en me­nos de cin­­co años. Y la agricultura mediterránea, como la valenciana, será la más afec­­­tada por­­que la norma sólo permitirá recurrir a menos de 20 insecticidas pa­ra los miles de plagas existentes y, como se ha dicho, se restringirán también el número de trat­a­mientos. “La pérdida de las cosechas y de los empleos en el me­dio rural que con­llevará aplicar este despropósito de norma acelerará el proceso de despo­bla­miento que ya padecemos en estas zo­nas pero también provocará graves daños en el eco­sistema valenciano”, advierte el líder de AVA-ASAJA. 

 

Un caso paradigmático sería el de los arrozales de la Albufera, donde los pro­duc­tores ya están de por sí limitados por trabajar en el interior de un Parque Natural. Pues bien, la aplicación de la norma y los especiales controles que ahora se quiere dar para prohibir –no ya controlar su uso- los fitosanitarios que más dañen el medio acuático, abocarían a la desaparición temprana de este cultivo, que es pre­­ci­sa­men­te el agente clave que mantiene el ecosistema en este humedal.

 

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